Quito, 1 ene (Prensa Latina) “Queremos justicia” fue el clamor de los familiares y ciudadanía en general que asistió hoy al entierro de los cuatro menores asesinados en Ecuador, un caso que involucra a militares e indigna al país.
Cientos de personas acompañaron este miércoles a los padres de los chicos desde el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, hasta el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de la urbe.
En el trayecto, de ocho kilómetros a pie, iban con pancartas con las fotos de los niños y carteles para exigir que el crimen no quede en la impunidad y se castigue a todos los responsables.
El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro niños salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron.
Ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil.
Los cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre pasado y, la víspera, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Por este caso de desaparición forzada y asesinato 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva.
Siete horas después de confirmarse que los cuerpos hallados correspondían a los chicos, el Ministerio de Defensa difundió un comunicado a través de su red social X, donde se comprometió «para esclarecer el hecho y dar con los responsables del asesinato”.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
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