Participación Ciudadana en su balance de 2024 asegura que las elecciones fueron exitosas, bien organizadas y representaron un avance en la institucionalidad democrática de República Dominicana.
Refiere que el Partido Revolucionario Moderno ganó la gran mayoría de los municipios, el Congreso Nacional y la reelección del presidente Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña.
De igual modo, señala que el Partido Fuerza del Pueblo quedó en segundo lugar, mientras el PLD, que había gobernado el país en los últimos 16 años, bajó al tercer lugar.
Según la conclusión de Participación Ciudadana, » Los certámenes electorales de febrero y mayo transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente, donde las impugnaciones fueron mucho menores que en ocasiones anteriores.
Sin embargo, PC refiere que se produjo una elevación de la abstención, situación a la que considera debe prestarse mayor atención. Diariodominicano.com publica a continuación el texto íntegro del balance de Participación Ciudadana.
Participación Ciudadana presenta su balance del AÑO 2024
Como todos los años, desde el 1993, Participación Ciudadana presenta un balance que destaca los principales acontecimientos del año y una valoración critica de los avances o retrocesos en materia de lucha contra la corrupción, institucionalidad democrática y política, situación económica, de la justicia y otros aspectos que afectan la vida de la ciudadanía en general.
- AVANCES EN EL AMBITO ELECTORAL
En el 2024, el país celebró dos elecciones: las municipales en febrero y la presidencial y congresual en mayo. Ambas fueron exitosas, bien organizadas y representaron un avance en la institucionalidad democrática del país. El Partido Revolucionario Moderno ganó la gran mayoría de los municipios, el Congreso Nacional y la reelección del presidente Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña. El Partido Fuerza del Pueblo quedó en segundo lugar, mientras el PLD, que había gobernado el país en los últimos 16 años, bajo al tercer lugar.
Los certámenes electorales de febrero y mayo transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente, donde las impugnaciones fueron mucho menores que en ocasiones anteriores. Sin embargo, se produjo una elevación de la abstención, situación a la que debe prestarse mayor atención.
La cultura política del clientelismo se puso de relieve nuevamente, evidenciando la necesidad de hacer los ajustes necesarios para reducirla. En relación al costo de la política y del tiempo de campaña seguimos siendo líderes negativos. En las elecciones del 2024 se otorgó una cantidad récord de recursos públicos a los partidos. En la Ley 18-24 del presupuesto general se habían asignado RD$2,504 millones. Por presión de los paridos el gobierno accedió a duplicar esta asignación, por lo que autorizo a la Junta Central Electoral a entregar RD$5,204 millones a las organizaciones partidarias. Fue la manera de “evitar” todos los ruidos que se podían crear alrededor de las elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Esta situación sirvió para prestar atención al dinero público que gastan los partidos, en su mayoría con fines clientelares, lo que en el futuro deberá generar una modificación al sistema de financiación que impera.
Las elecciones municipales del 18 de febrero fueron ganadas por el Partido Revolucionario Moderno, con un 47% de las posiciones electivas, seguido por el PLD, con un 22% y la Fuerza del Pueblo con un 14%. En las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, el PRM y los aliados obtuvieron el 57.6% de los votos válidos emitidos. En el Congreso, el PRM y aliados obtuvieron 29 Senadores y 147 Diputados, para una mayoría absoluta de 77% en el primer poder del Estado.
En esta oportunidad, todo el proceso de la campaña se llevó a cabo de manera tranquila, sin sobresaltos y con reducida violencia. La Procuraduría Adjunta, Especializada en los Delitos Electorales, fue activada, se extendió a todas las provincias y por primera vez fueron sometidos a la justicia tres ciudadanos por delitos electorales en áreas diferentes del país. La vieja cultura de las compras de cédulas, nuevamente, se exhibió, aunque con menor intensidad, pero estuvo al alcance de la vista y de la veeduría social de Participación Ciudadana y de los observadores externos, evidenciando esa práctica en los partidos: PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD.
En el 2024 veníamos con elecciones que dejaron un síndrome, una verdadera aprehensión, dado lo que ocurrió con la suspensión de las elecciones municipales en febrero de 2020, y con la prórroga de las elecciones de mayo a julio (Presidenciales), como efecto del Covid-19. La tranquilidad del proceso del 2024 restaura la confianza y hoy, la Junta Central Electoral goza de una percepción de confianza, de la más alta conocida desde que se hacen estudios de opinión, por lo que la meta ahora es consolidar este ambiente de confianza, lo que ha comenzado a ocurrir con la ratificación de 4 de los 5 miembros de la JCE.
- SE RELENTIZA LA PERSECUCION DE LA CORRUPCION
El 2024 estuvo marcado por la una ralentización en la función fiscalizadora de los diferentes organismos del Estado dominicano, pero mostrándose avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, que deroga la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06.
En cuando a los órganos de control externo, cómo la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), o el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización, no se han evidenciado avances significativos, más allá de acciones muy puntuales o circunstanciales. Los órganos de control interno, como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República (CGRD) y sus unidades de auditoría interna o antifraude, disminuyeron considerablemente su actividad y publicaciones de informes de auditoría con relacion al año 2023.
En cuanto a la DEGEIG, su titular, Milagros Ortiz Bosch indicó que ha depositado más de 46 casos de corrupción administrativa de la actual gestión gubernamental, transfiriendo la responsabilidad al Ministerio de Administración Pública y/o la Procuraduría General de la República, como receptora de casos con indicios de responsabilidad penal, en la mayoría de los cuales no tenemos constancia de que exista investigación en atención de estas denuncias.
La Cámara de Cuentas, el organismo de control externo del Estado, luego de los escándalos del 2023, se muestra prácticamente inoperante. A la fecha de este balance no ha publicado una sola auditoría durante el año 2024, profundizando la merma en su desempeño respecto a años anteriores; limitándose a la entrega al Congreso Nacional del Informe del Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado para el año fiscal 2023, en abril de 2024; la aprobación, mediante resolución núm. ADM-X-2024-001, del Reglamento de Aplicación General de la Ley 18-24, el cual entrará en vigencia el 1ro de enero de 2025; o la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma para presentar las Declaraciones Juradas de Patrimonio por parte de los funcionarios, electos o nombrados, en los diferentes poderes del Estado Dominicano. A pesar de esta nueva plataforma, gran cantidad de funcionarios nombrados y electos incumplieron con los plazos de presentar sus declaraciones juradas sin que se produzcan las sanciones correspondientes.
Sobre la promulgación de la Ley No. 18-24, que deroga la Ley No.10-04 de la Cámara de Cuentas, se destacan importantes avances, como la creación del Sistema Nacional de Control y Fiscalización y una Dirección de Gestión y Calidad. Se espera para este 2025 entrante, que esta nueva ley, junto a la elección de nuevos miembros del pleno que está en curso en este momento, se produzca un relanzamiento del rol tan necesario de este importante órgano fiscalizador.
Del mismo modo, las diferentes comisiones especiales del Congreso Nacional mantienen su deuda con el pueblo dominicano en su deber de fiscalización, que debe ejercer mediante invitaciones, interpelaciones a funcionarios públicos y particulares con responsabilidades en la ejecución del gasto público, como manda la Carta Magna.
En relación con los órganos de control interno debemos destacar a la DGCP, que ha mantenido su actividad como órgano rector de las compras y contrataciones del Estado dominicano. A esto se suma su compromiso con la transparencia y datos abiertos, poniendo a disposición de la ciudadanía en general plataformas interactivas para acceder y consultar las estadísticas generales de los procesos administrados, como los expedientes de cada proceso de contratación transado por el portal de compras y contrataciones públicas.
Estos avances en el órgano rector de las contrataciones públicas fueron apoyados con la entrada en vigor del Decreto 416-23, en febrero 2024, que introdujo importantes avances en las capacidades del órgano rector de las contrataciones públicas.
Algunos casos de corrupción salieron a la luz en el 2024, entre los cuales se destaca la denominada Operación Camaleón, una red de corrupción vinculada a la modernización del sistema de semáforos. Entre los acusados, se encuentran quien era el director del INTRANT, Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán. Se les acusa de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación y sabotaje de infraestructura de seguridad nacional.
Casos menores, aunque no menos importantes, como el encuentro de un almacén de bebidas alcohólicas en la cárcel de La Victoria y el descubrimiento de un robo de municiones en la Policía Nacional. Ambos casos se encuentran en manos del ministerio publico
En materia de lucha contra el narcotráfico, justo es reconocer el papel significativo que vienen jugando varios organismos del Estado, de manera conjunta, en particular la Direccion de Control de Drogas. Durante todo el año se habían incautado 40 toneladas de cocaína y recientemente, ya en diciembre, se incauto el mayor alijo en toda la historia, mas de 9 toneladas de cocaína.
- REFORMAS POLITICAS E INSTITUCIONALES
En el orden político – institucional, cabe destacar el proceso de reforma constitucional. En su oportunidad, Participación Ciudadana dejó por escrito lo que considerábamos al respecto. Finalmente, el Congreso conoció la Reforma número 40 desde 1844. Once artículos fueron modificados. Un análisis científico, más allá de la subjetividad, se plantea: ¿esa Reforma fue regresiva, conservadora o reformista? La Reforma no fue regresiva, pues no pretendía restaurar el pasado, no fue conservadora, que pretende mantener el statu quo. Fue reformista, pues consolidó la intangibilidad de la fórmula pétrea para el cambio constitucional que se refiere a la reelección presidencial. Y para evitar interpretaciones, se puso un transitorio: el presidente de 2024 al 2028 no podrá postularse jamás. Un nuevo Artículo 278: Ningún presidente podrá modificar la Constitución para beneficiarse de la misma.
Otra de las modificaciones fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que constituyó una enmienda a un error del 2010, que no debió ocurrir. Ahora, la figura del Procurador será elegida en el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente de la República, lo que reduce el nivel de discrecionalidad del sistema anterior pues en el CNM confluyen los tres poderes del Estado, con representantes de partidos de la oposición y ahora también el presidente del Tribunal Constitucional.
Lamentablemente la Asamblea Nacional Revisora aprobó que el período del procurador general de la República será de solo dos años, y podrá ser confirmado por otro periodo similar previa evaluación, lo que resta independencia a la persona designada, pues las decisiones que tome pueden perjudicar a miembros del CNM y provocar su separación del cargo a los dos años.
Tampoco fue afortunada la decisión de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para una misma fecha cada cuatro años, pues en un país presidencialista como el nuestro, favorecerá el arrastre en los niveles congresuales y municipales.
La reforma fiscal, contemplada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, llama a un pacto de esa naturaleza tres años después de su promulgación, esto es, en el 2015. Fue en octubre del presente año cuando el presidente sometió al Congreso una reforma tributaria que no se había discutido ni siquiera en el Consejo Económico Social, como contempla la Constitución en su Artículo 251. Ante el amplio rechazo que suscitó esta reforma, el presidente la retiró y decidió que no la volverá a presentar, a pesar de que el marco normativo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, consignada en la Constitución, en su Artículo 241, llama a esa reforma por encima del poder personal. PC y muchos otros sectores llamó al presidente a que introduzca al CES o al Congreso, la necesaria reforma fiscal integral, pues sabemos que solo con medidas administrativas en los próximos dos o tres años, no se resuelven los problemas que hoy tenemos en materia de deuda, inversión en infraestructuras, salud y seguridad. PC lamenta que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población
La reforma del Código Laboral fue depositada en el Congreso en octubre pasado, después de un largo tiempo de discusión tripartita en el que se aceptaron algunas modificaciones que constituyen avances en esta materia. Sin embargo, el tema de la cesantía laboral se mantiene como una diferencia insalvable entre el sector empresarial y laboral. En este momento, la pieza esta siendo estudiada y consultada en comisión del Senado.
Quedan varias reformas, como la de la seguridad social y la Ley General de Salud, que fueron compromisos de la actual gestión gubernamental y que deben ser asumidas el próximo año. También los reglamentos para la puesta en ejecución de la Ley de Extinción de Dominio.
La decisión del presidente Abinader con respecto a las fusiones y reducciones de las instituciones del Estado es loable. Necesitamos un Estado más ágil, más eficiente, menos costoso y más efectivo, que responda a las necesidades de la población con mayor grado de satisfacción, para dar un servicio público de calidad. Esperamos que las fusiones y reducciones de las instituciones públicas se realice con inteligencia, con una alta validez, pertinencia y profesionalidad, a la luz del desarrollo organizacional y, sobre todo, que las fusiones realmente se traduzcan en una mejoría sustancial del servicio público para beneficio de toda la población, alejado de intereses partidarios y clientelares.
- RENOVACION DE ALTAS CORTES Y DE LA JCE
El Senado acaba de ratificar la permanencia de cuatro de los miembros de la Junta Central Electoral y la sustitución de una posición, con lo cual se logra mantener un organismo que hizo un excelente trabajo en las pasadas elecciones y que se ha ganado la confianza de la población.
También este año fue completado, renovado y fortalecido el Tribunal Constitucional. En los primeros meses del año que viene (2025) el Consejo Nacional de Magistratura y el Congreso, se abocarán a elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral, seis miembros de la Suprema Corte de Justicia y los integrantes de la Cámara de Cuentas. Reclamamos que los mecanismos institucionales actúen con el mayor grado de objetividad, de profesionalidad, evitando el sesgo partidario y la subjetividad. Resaltando el nivel de la hoja de vida de los postulantes, el grado de experiencia y la capacidad de crear espacios de confiar e inspirar y no de mandar y controlar per se, mácula del viejo paradigma de gerenciar y liderar. El concurso para la renovación de la Cámara de Cuentas está abierto en la Cámara de Diputados y se espera que no se repita el fracaso que constituyó la designación de los actuales miembros de ese organismo.
- EL TEMA HAITIANO FUE UNA PREOCUPACION EN TODO EL 2024
En los organismos internacionales, el presidente Abinader ha puesto en la agenda la problemática de Haití y cómo afecta a la sociedad dominicana y a la región. Las deportaciones actuales están consignadas en la ley de Migración 285-04 y su Reglamento, dictado en el 2011. Como país debemos respetar los derechos humanos y entender que las deportaciones son una sola figura de la problemática de la migración haitiana en República Dominicana. Hay que seguir visibilizando lo que representa Haití como estado fallido, colapsado, donde las bandas están asumiendo actos terroristas, que ponen en peligro a otros países, incluyendo sobre todo el nuestro.
Sin embargo, tenemos que ser audaces, prudentes, equilibrados y firmes en torno a la difícil situación en que nos encontramos, con un país con el que compartimos una isla, que tiene una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un equilibrado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.
Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción existente en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para para aquellos trabajadores y personas de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía nacional.
- UN BUEN AÑO EN POLITICA ECONOMICA, AUNQUE CON LIMITADA INVERSION PUBLICA.
La economía dominicana retomó en el 2024 su habitual ritmo de crecimiento, alcanzando un 5.1% anualizado hasta octubre, tras haber sufrido un bache en el año anterior, en que creció solo 2.4% en respuesta a las políticas aplicadas para controlar la inflación. De modo que, seguramente, termina el año 2024 alrededor del cinco por ciento de crecimiento, el mayor de América Latina, una región que desde hace mucho tiempo se caracteriza por su escaso dinamismo.
El logro es más significativo al considerar que la inflación anualizada se ha controlado bastante, hasta octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Las políticas antiinflacionarias aplicadas fueron ayudadas por factores externos y por el régimen de lluvia interno, lo que ha propiciado la baja de precios de algunos víveres y otros alimentos.
Entre los factores externos que ayudaron a contener la inflación dominicana en el 2024, se cuenta el hecho de que tanto en los Estados Unidos como en la zona Euro el índice de precios ha sido bastante contenido, mientras en China la inflación es prácticamente inexistente. Pero más importante, que pese a las convulsiones políticas que se viven, los precios de los combustibles y de otros productos básicos han bajado algo por la menor demanda mundial.
El crecimiento del PIB fue impulsado por el ya persistente incremento de las actividades financieras y el turismo, al tiempo que se recuperó el de las zonas francas, sectores que aumentaron todos a tasas por encima del seis por ciento. Las remesas siguen creciendo a un ritmo cercano al 6%. Otros servicios cuyo comportamiento ayudó a crecer la economía fueron el transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias, comunicaciones y otros servicios. Las ramas de producción de bienes, como la industria, la agropecuaria y la construcción crecieron algo menos, aunque también positivos, mientras la minería decreció.
Intentando darle un poco más de dinamismo a los sectores productivos, particularmente al sector construcción, ahora que la capacidad de inversión pública se ha visto mermada, el Banco Central ha ido reduciendo la tasa de interés de referencia, la cual acumula una disminución de 250 puntos básicos desde mayo de 2023. Entre agosto y noviembre dispuso cuatro reducciones mensuales consecutivas de 25 puntos básicos cada una. Sin embargo, esto no ha servido de mucho, porque en el mercado financiero las tasas se han mostrado muy inflexibles a la baja, habiendo permanecido para préstamos en torno al 15% a lo largo de dos años. El BCRD ha estado implementando medidas complementarias para incrementar la liquidez en el sistema financiero, incluyendo ampliación de las facilidades de crédito, reducción de encaje legal y la redención a su vencimiento de títulos del Banco Central. De esa manera, los valores en circulación del ente emisor se redujeron en RD$ 157 mil millones hasta noviembre del 2024 desde su nivel más alto de un billón, 43 mil millones que habían alcanzado en septiembre del año anterior.
Las condiciones del sector externo mejoraron significativamente en el 2024 tras el mal año que habían tenido en 2023, en el que tanto las exportaciones como las importaciones se habían reducido. Se estima que las exportaciones nacionales aumentaron un 8% y las de zonas francas un seis por ciento.
Pero las verdaderas fuentes de divisas para la economía dominicana son el turismo y las remesas. El turismo terminará el año aportando más de US$10 mil millones y las remesas familiares cerca de otros US$11 mil millones. El buen desempeño de la economía de los Estados Unidos, país que ha crecido a un 2.8%, al tiempo que ha bajado la inflación a 2.6%, ha sido vital para ambos fenómenos.
Hasta octubre la República Dominicana había recibido casi siete millones de turistas y otros dos millones de visitantes de crucero, estimándose que la cifra de turistas llegue a 10.5 millones al concluir el año y un total de 11 millones de visitantes, incluidos cruceristas.
La tasa de cambio mantuvo su tradicional estabilidad en 2024, habiendo terminado el año en torno a los 60 pesos por dólar, reflejando una depreciación de 3.7%. Las reservas internacionales bajaron unos US$2,384 millones hasta noviembre, aunque se mantienen por encima de los trece mil millones, nivel razonable.
Al tercer trimestre del 2024 la población ocupada llegó a superar los 5 millones de personas, aunque el 55% sigue en empleos informales. La tasa de desempleo abierto se mantuvo en 5.3%, ligeramente por debajo de su nivel el año anterior.
La política fiscal aplicada fue ligeramente restrictiva. Los ingresos fiscales aumentaron en aproximadamente 13.8 por ciento, y el gasto creció un poco menos, un 13.3%, con miras a cumplir el objetivo de déficit de 3.1% del PIB. Las partidas fundamentales de gasto siguen siendo los gastos operativos del aparato gubernamental, los subsidios y los intereses de la deuda, lo que limita un mayor esfuerzo de inversión pública, y no parece que eso vaya a cambiar dado la renuncia del Gobierno a introducir reformas fiscales.
La deuda del sector público no financiero ascendió a US$57,300 millones a octubre del 2024, lo que constituye el 46% del producto; la deuda cuasi fiscal no aumentó en 2024, debido a que el Banco Central monetizó el déficit, como una forma de inyectar liquidez a la economía y presionar a la baja las tasas de interés. Se estima que la deuda pública total terminara este año igual que en 2023, en torno al 61% del PIB.
El Gobierno ha logrado mantener la confianza de los mercados internacionales, básicamente al proyectar una mejoría en la lucha contra la corrupción y mayor institucionalidad, permitiéndole realizar una serie de operaciones de manejo de deuda, con lo cual, además de bajar los costos, ha posibilitado alargar los plazos, concentrándose en pagar básicamente los intereses y posponiendo la amortización. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento publico y compensar con una modificación y eficientización fiscal.
- PREOCUPACION POR LENTITUD DE LOS TRIBUNALES E INTENTO DE OCULTAR INFORMACION.
Uno de los temas más preocupantes durante el año 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias claramente dilatorias, donde se aplazan las audiencias por enfermedades de imputados y abogados, por compromisos sociales, por viajes al extranjero, entre otras razones no justificables.
El 8 de diciembre de 2024 el caso Antipulpo cumplió cuatro años a partir de las medidas de coerción, y todavía no se tiene certeza de cuándo concluirá la audiencia de fondo que, aunque ya está en la fase de presentación de pruebas, es aplazada constantemente. Este caso se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e involucra fondos públicos por más de RD$4,796 millones de pesos.
El caso Coral también está en la fase de fondo, en la presentación de las pruebas, e igualmente marcha con mucha lentitud. En diciembre de 2025 cumplirá cuatro años desde las medidas de coerción. Este caso se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e involucra fondos públicos por más de RD$4 mil 500 millones de pesos.
El caso Medusa pasó la audiencia preliminar luego de más de dos años y se encuentra en el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, que no ha podido comenzar el conocimiento del fondo por los múltiples aplazamientos producidos. Este caso cumple cuatro años en julio del 2025. Involucra fondos públicos por RD$6 mil millones de pesos.
El caso Calamar se encuentra aún mucho más retrasado pues no se vislumbra cuándo terminará la audiencia preliminar, a pesar de que involucra la distracción de fondos públicos que sobrepasan los 41 mil millones de pesos.
En total, estos casos involucran fondos públicos por más de RD$56 mil millones de pesos, cifra que se acerca a los mil millones de dólares.
Debemos recordar que el Código Procesal Penal establece que los casos deben alcanzar sentencia al fondo en un plazo de cuatro años, bajo riesgo de extinción de la acción pública. Algunos tribunales han aplicado este plazo de manera matemática, sin tener en cuenta que el mandato es que la sentencia se produzca en un plazo razonable. Cuando los casos son complejos, con múltiples imputados, cuando los tribunales están sobre cargados de trabajo lo que impide que puedan concentrase en los casos que manejan, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han claramente expresado que el plazo de duración máxima del proceso no es matemático y puede extenderse y lo han dicho se la siguiente manera:
“…la solución al caso concreto no puede ser dada solo haciendo un cálculo del tiempo transcurrido desde el inicio del proceso hasta la fecha de culminación…es importante tomar en cuenta la naturaleza del proceso de que se trata, la cantidad de imputados y de abogados y el ejercicio necesario del derecho de defensa, lo cual, por dimanante fuerza natural de las cosas, incidió en el agotamiento del plazo para el conocimiento efectivo del fondo… Todo lo anterior deja claramente establecido que este proceso no es uno cualquiera, en el que es aceptable lisa y llanamente la aplicación de la regla del artículo 148 del Código Procesal Penal. Se precisa en este caso, además, incluir la influencia que han tenido los demás elementos que concurrieron a que se consumiera un tiempo mayor en la tramitación del presente asunto…. La cláusula en que está concebida la regla del artículo 148 del Código Procesal Penal, a nuestro modo de ver, es un parámetro para fijar límites razonables a la duración del proceso, pero no constituye una regla inderrotable, pues el plazo allí establecido sería limitarlo a un cálculo meramente matemático, sin aplicar la razonabilidad que debe caracterizar su accionar… Por estos motivos la solicitud de extinción debe ser desestimada.” (SCJ-ss-24—0969, de fecha 31 de julio de 2024).
“…plazo razonable. Garantía. Con ello se procura adecuar ese concepto a la realidad procesal de cada proceso: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis, la conducta de las autoridades judiciales, la organización judicial, la duración media de los procesos, el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores” (Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, Tribunal Constitucional de España)” (TC/0303/20).
Participación Ciudadana hizo un llamado de atención sobre la suerte de esos casos, señalando que finalizada la fase de investigación y la presentación de acusación por parte del ministerio público, corresponde a los jueces, y solo a los jueces, administrar los tiempos con la finalidad de que ninguno de esos casos pueda ser declarado extinguido por la llegada del tiempo máximo de duración del proceso. La sociedad espera sentencias sobre el fondo, declarando la culpabilidad o inocencia de los imputados de acuerdo a las pruebas presentadas, y sería una gran decepción, que hablaría muy mal del Poder Judicial, si cualquiera de esos casos es declarado extinguido.
En otro de los casos de corrupción, pero de este gobierno, el denominado Camaleón, se ha notado que no existe un criterio uniforme en los jueces a la hora de imponer medidas de coerción. Nos sorprendió sobre manera que a un imputado se le variara la prisión preventiva impuesta por otra diferente, a pesar de que en el vehículo de ese imputado se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.
Finalmente, el panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto. Esto, en contraste a los importantes avances para garantizar la accesibilidad a la justicia de todos, mediante la creación de plataforma de Acceso Digital donde recientemente se integraron más de 50 salas en materia civil y comercial a dicha plataforma.
- AUMENTA LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes. Es en esa perspectiva que se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, ocasión en que PC se pronunció en contra. Fruto de ello, el Poder Ejecutivo, luego de crear una comisión para su revisión, envió al Congreso su modificación, la cual ya ha sido conocida por el Congreso. Hace unos días se dio a conocer una sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula esta ley, debido a violaciones procedimentales en el proceso de aprobación en el Congreso.
Otro caso que suscito gran rechazo de la opinión pública fue el decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, en la presidencia de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez. Esto provocó protestas de la sociedad por violar la ley 247-12, Orgánica de Administración Pública, que imposibilita ocupar un puesto de regulación y al mismo tiempo, un cargo operativo y además violaba la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada y la Ley 41-08 de Administración Pública. Ante estas reacciones, el propio Carlos Pimentel presento su renuncia al último cargo, quedándose en compras y contrataciones, donde ha venido realizando un excelente trabajo.
A pesar de los reclamos de la opinión pública, todavía se mantiene el barrilito y el cofrecito, actividades que no corresponden a los congresistas, por lo tanto, siguen siendo ilegítimos y fortalecen el clientelismo político, pues hacen política con el dinero público. Recientemente un diario de circulación nacional publicó cómo las exoneraciones de vehículos a los congresistas, habían sangrado al erario público, del 2016 al 2020 con RD$2,600 millones y del 2020 al 2024 con RD$2,140 millones. Esto a pesar de que se le otorgan dos exoneraciones por cuatro años y está prohibido venderlas antes de los 2 años según la ley, por lo cual numerosas personas que han adquirido de manos de los legisladores esas exoneraciones transitan por las calles de manera ilegal.
Debemos seguir trabajando el ejercicio del poder institucional. Hemos avanzado, pero tenemos que seguir reclamando más y mejor democracia, más y mejor respeto a los valores de la democracia. No es posible volver a repetir lo que sucedió en La Vega, donde un alcalde renunció para tomar el puesto de ministro de deportes. La vicealcaldesa también renunció. Un gran debate se suscitó alrededor de esta problemática. Lo primero un error del poder ejecutivo al nombrar a Kelvin Cruz como ministro de deportes. Una falta de respeto y consideración a la población de La Vega. Finalmente, la salida asumida fue la más apropiada. No había espacio para llamar a elecciones de acuerdo a la Ley 20-23 del Régimen electoral, que contempla en su Artículo 95 cuando se llama a elecciones y la clasificación y niveles de elección. En ningún caso, contempla elecciones por lo que ocurrió en La Vega. La lección aprendida es que en una posible reforma de la Ley 176-07, Municipal, se contemple ese vacío. La revocación de la renuncia de parte de Amparo Custodio, vicealcaldesa, resuelve el problema creado.
Alaiska Cuevas
Alaiska Cuevas ()
