Yanessi Espinal
En la era del PRM en el poder ha sido repetitivo el hecho de interpretar las leyes o cambiarlas para adecuarlas a su agenda política partidaria.
El caso de la alcaldía de La Vega en que el Concejo de Regidores dejó sin efecto la renuncia de la vicealcaldesa, Amparo Custodio, a pesar de la ilegalidad de la acción, es el último en una cadena de acciones en las que el gobernante Partido Revolucionario moderno (PRM) ha optado por modificar le ley o la interpreta de manera acomodaticia para beneficiar a su agenda política.
Además de la acción del partido de gobierno en la alcaldía de La Vega, recientemente el presidente Luis Abinader designó a Carlos Pimentel en la Dirección de Alianza Público Privada para que desempeñara el cargo conjuntamente con la dirección de Compras y Contrataciones, a pesar de que la Ley 47/20, de Alianza Público Privada, prohíbe al titular de la institución ocupar otro cargo en el Estado.
Recientemente, la Asamblea Nacional Revisora aprobó un artículo transitorio que establece que las modificaciones que se hicieron a la Carta Magna en el marco de la última modificación, no requerían del referendo aprobatorio.
La inclusión de esa cláusula se hizo en el marco del debate sobre la necesidad o no de una consulta a la población sobre la inclusión de la cláusula pétrea para impedir modificaciones futuras al artículo 124 sobre la reelección presidencial. La mayoría de los abogados especialistas en derecho constitucional, coincidió en que sería necesario el referendo.
La misma modificación a la Constitución de este año incluyó una cláusula transitoria que impide al presidente Abinader optar de nuevo por la Presidencia de la República, a pesar de que el artículo 124 lo prohíbe.
En otro caso, en marzo de 2021, el Congreso bajo dominio del partido oficial, modificó la Ley de Inapa para eliminar el requisito de que el director de la Institución tendría que ser un profesional de la ingeniería civil. La finalidad de esa modificación fue facilitar la designación de Wellington Arnaud.
Para esos fines fue cambiada el artículo 7 de la legislación 5994, del 30 de julio de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), fue promulgada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2021, antes de un año del primer gobierno del PRM.
En noviembre de 2023, el Congreso aprobó una ley que le permitía al actual gobierno revisar los contratos de concesión otorgados por el Estado antes de 2006, cuando se aprobó la ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
Ese mismo año, el Gobierno anunció la extensión del contrato de arrendamiento de siete aeropuertos con Aerodom, a pesar de que al contrato vigente le faltaban siete años para cumplirse.
El proyecto de ley, propuesto por el Poder Ejecutivo, argumenta que el Estado aún tiene concesiones vigentes contratadas antes del 2006, cuando no existía un marco normativo que regulara de forma precisa la administración, gestión y modificación de los contratos de concesiones, por lo que se carece de elementos suficientes que regulen los objetivos de los convenios.
Bajo esa nueva normativa, solo se ha modificado el contrato de Aeropuertos Dominicano Siglo XXI. Originalmente, ese contrato concluiría en 2030, pero la renovación lo extendió hasta el 2060.
El presidente Abinader hizo el anuncio oficial de la extensión del contrato con a Aerodom que incluyó un adelanto de 775 millones de dólares para ejecutar una serie de obras.
La batalla por recursos partidos, otra violación
En el marco de la pasada campaña electoral, los partidos de oposición y la Junta Central Electoral (JCE) libraron una batalla contra el partido de gobierno porque redujo en un 50% los fondos que les corresponden a los partidos políticos en el año electoral. El artículo 224 de la ley 20-23 sobre el Régimen Electoral, en lo relativo al financiamiento público a los partidos políticos establece el 0.5% sobre los ingresos de los fondos generales en años electorales por parte del Gobierno central. Los partidos de oposición denunciaron que el recorte de los fondos obedeció a una supuesta estrategia del partido de gobierno para debilitar económicamente a los adversarios y competir en condiciones más favorables al PRM. En el caso de la alcaldía de La Vega, las organizaciones de oposición, específicamente la Fuerza del Pueblo (FP), depositó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo de ese municipio que busca dejar sin efecto de la decisión del Concejo de Regidores bajo el alegato de que viola la ley de Municipios y el Distrito Nacional y la propia Constitución de la República. La mayoría de los abogados ha advertido que la decisión del Concejo de Regidores es ilegal porque la renuncia de Custodio es un hecho consumado.
El Caribe
