Por Manuel Hernández Villeta
Santo Domingo, R. D., 6 de noviembre, 2024.- La disposición que pide a los empleados públicos presentar el recibo de consumo de agua y energía eléctrica, debe ser eliminada en el acto.
No es potestad del ministerio del sector público investigar si los empleados gubernamentales pagan luz o agua. Se debería tornar eficiente el servicio del empleado gubernamental.
Por demás, desde que circula una disposición en este sentido, se está obligando a los asalariados a cumplir con el encargo. Poco importa si es voluntario y no conlleva penas a los que rehúsen el cometido.
Para un empleado, y en este caso el público, cualquier disposición que le señale, poco importa si es voluntario el cumplimiento, lo ve como una imposición, que en caso de fallar le puede costar el trabajo.
No es potestad de un ministerio aplicar sanciones, ni averiguar quién paga el agua y la luz. Es un tema muy privado que no puede ser aireado por un ministerio que debería estar encargado de vigilar el buen funcionamiento de las oficinas a su alcance.
Al empleado público se le debe educar en lo que se refiere a prestar mayor atención y respetar al que va una oficina solicitando un servicio o la atención a un problema.
Visitar una oficina pública equivale a perder un día en cualquier trámite minúsculo. Se trabaja a desgano y no se toma en cuenta la importancia del tiempo.
Si hay que reconocer que se han eliminado los vendedores de turnos, los picoteadores de filas, que trabajaban en acuerdo con los empleados. Hoy las filas son más cortas, pero todavía hay irregularidades. Al empleado público hay que enseñarle a trabajar con eficiencia y una sonrisa.
Allí debe estar centrada la actividad del empleado público, y no en determinar si paga el agua y la luz. Parece esa ordenanza una burla, una tomadura del pelo, por lo que debe ser eliminada en el acto.
Por demás, se pone en entredicho la operabilidad de las empresas o sector oficial que tiene que ver con la parte comercial del suministro del agua y la luz.
No se justifica bajo ninguna consideración que una persona se robe la energía o el preciado líquido. Tampoco que haya otros que superen los dos meses de evasión.
Son instituciones inoperantes si permiten a la libre al usuario mala paga sin sanciones. Además, desde hace tiempo se dice que los recibos de luz y agua llegan sobre abultados, con tarifas irregulares, que sirven de estafas a los clientes. Suspendan esta ordenanza odiosa.
