El líder de la Unión Demócrata Cristiana –UDC- saludó y consideró positiva y realista la medida del presidente Luis Abinader de mantener cerrado el espacio aéreo con Haití.
El presidente de la UDC resaltó que esa misma medida se debe de tomar en la frontera, porque no hay condiciones para tener libre paso de los haitianos hacia la República Dominicana.
Destacó que el 80 por ciento de los barrios de Puerto Príncipe y gran parte de ese país, de acuerdo con las Naciones Unidas, están en poder de pandillas, donde la Policía no penetra.
Con ese ambiente de inseguridad es de obligación mantener el cese de las operaciones aéreas a Puerto Principe, mientras que la frontera debe seguir cerrada.
Resaltó que la ONU reconoce que en Haití hay una gran crisis donde una parte considerable de la población está insegura y los pandilleros imponen su ley de la selva.
Añadió que ante esta situación a la República Dominicana le toca blindarse, proteger su frontera terrestre y espacio aéreo para llevar la tranquilidad en los pueblos fronterizos.
También hay que seguir con la política de apresar a los indocumentados que cruzan hacia el país, violando los puestos de control establecidos por las autoridades.
Las condiciones que llevaron a establecer controles máximos en la zona fronteriza siguen por lo que el gobierno está en la obligación de mantenerla cerrada.
Apuntó que el mismo intercambio económico bilateral debe ser vigilado con mucha atención, por si las condiciones dentro de Haití ponen en peligro la tranquilidad de los dominicanos.
Resaltó el papel ejemplar que han tenido en la frontera los guardias dominicanos, desde que se anunciaran medidas extremas de control, ante las provocaciones haitianas.
Destacó que a pesar de las injerencias las autoridades dominicanas han actuado apegadas a principios de las leyes nacionales e internacionales, en la crisis originada por el desvío del río Masacre.
Esa provocación de los haitianos fue que dio paso a la militarización de la frontera dominicana, que se debe mantener mientras sea incierta la situación política y social en Haití.
Mientras, debe continuarse con la deportación de haitianos ilegales, porque es una potestad del gobierno nacional no aceptar personas que carecen de documentos legales para su estadía en el país.
