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Independencia, R.D., 11 de octubre de 2024. El Ministerio Público logró que fueran condenados a penas de 15 y 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado los principales miembros de la red criminal desmantelada con la Operación Iguana.
El Tribunal Colegiado de Jimaní condenó a Roberto Méndez Pérez y a Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión, mientras que a 15 años fueron sentenciados Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Además, todos deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos.
El tribunal dictó una sentencia absolutoria respecto de los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.
Los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aportaron diferentes elementos probatorios que fueron acogidos como buenos y válidos por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes dictaron la sentencia condenatoria.
La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca la importancia de la sanción contra esos graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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