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Proponen los académicos la eliminación de los impuestos a los combustibles incluidos en la ley 495-06 ( Ad valorem), modificando la Ley 112-00 para incluir impuestos únicos a todos los combustibles, incluyendo el GLP, que no exceda el 35% del PPI.
Santo Domingo, R. D., 8 de octubre, 2024.- El Instituto de Energía (IE) y el Observatorio de Políticas Públicas (ODPP) de la Universidad Autónoma de Santo (UASD), realizaron una serie de recomendaciones para reducir el impacto del costo de los combustibles, la energía eléctrica, y el transporte, tanto de carga como de pasajeros.
La información fue dada a conocer durante una rueda de prensa encabezada por los directores del IE y el del ODPP, José Luis Moreno San Juan y Fernando Peña, respectivamente.
Explican que los precios de los combustibles, afectados por decisiones ministeriales, falta de supervisión de la importación, precios de compra de los combustibles y los impuestos, elevan el costo de la energía eléctrica y encarecen la tarifa del servicio de transporte de mercaderes y pasajeros.
Los académicos sugieren en el sector combustible eliminar la resolución MIC 07-13 y 365 bis -15 que se aplican al precio de paridad de importación (PPI) en la partida cargo por costo terminal al gas licuado de petróleo.
Indican que se debe eliminar el gasto por aplicación de la ley (GAL) que se aplica al precio de la paridad de importación PPI, mediante decreto y aplicar el correctivo de ajuste por temperatura al GLP modificando la resolución MIC 201-14.
Además, proponen la eliminación de los impuestos a los combustibles incluidos en la ley 495-06 ( Ad valorem), modificando la Ley 112-00 para incluir impuestos únicos a todos los combustibles, incluyendo el GLP, que no exceda el 35% del PPI.
En cuanto al subsector eléctrico algunas de las recomendaciones que hacen los expertos son: mantener la demanda abastecida en Edenorte y Edesur por encima del 98 % y la de Edeeste por encima del 95 %.
Implementar planes de gestión de pérdidas con el propósito de disminuir a un 18 % las pérdidas totales en Edenorte, a un 20 % en Edesur y a un 38% en Edeeste para diciembre del 2027, manteniendo un plan de inversiones de unos 300 millones de dólares al año, combinando recursos propios y aportes del gobierno y reducir los gastos operativos al 10% de los ingresos de las distribuidoras a diciembre del 2027.
Proponerse un plan para eliminar todos los suministros sin contratos y sin medición para diciembre del 2027 en las Edes y establecer el programa bono luz solo para aquellas familias con carencias económicas que tengan contratos con medición.
Licitar todos los años los requerimientos de energía y potencia a futuro, con una anticipación de al menos cinco años, y realizar licitaciones por paquetes horarios, con inclusión de las renovables.
Favorecer el almacenamiento de energía mediante hidrógeno verde para finales de la próxima década.
En el tema del sub sector transporte, algunas de las recomendaciones de los maestros son: favorecer el transporte colectivo, de carga y pasajeros, impulsado por el uso de energía eléctrica, tanto a nivel urbano como interurbano, creando terminales en la periferia de las ciudades para el transporte interurbano e interconexiones entre las mismas en las ciudades donde haya más de una y establecer horarios para el uso de vehículos de carga en los centros urbanos.
Iniciar la construcción de estacionamientos públicos en zonas de alta demanda de transporte, preferiblemente inteligentes que permitan reservaciones de espacios de manera remota mediante una aplicación para facilitar el traslado.
Favorecer el uso de vehículos eléctricos y a partir del 2035 prohibir la importación de vehículos con motores de combustión interna que usen combustibles fósiles.
Advierten los especialistas que las medidas sugeridas son de corto plazo por lo que las medidas de largo plazo que tienen que ver con la estructura de costos de mercado eléctrico y el carácter oligopólico de su composición se tratarán en otro documento del Instituto de Energía y el Observatorio de Políticas públicas
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Los académicos José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía; Fernando Peña y Apolinar Veloz del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, respectivamente, mientras ofrecían declaraciones con relación a las recomendaciones para reducir el impacto del costo de los combustibles, la energía eléctrica, y el transporte, tanto de carga como de pasajeros.
Relaciones Públicas UASD
