Por: L Ramfis Domínguez-Trujillo
La reciente participación del Presidente en las Naciones Unidas, ha colocado el tema migratorio en la palestra internacional nueva vez. No obstante, sus reiteradas afirmaciones, la solución a esta crisis tan funesta sí está en manos de la República Dominicana, pero hace falta una legítima voluntad política.
Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha asumido un discurso valiente, pero quimérico, simulando pasos determinantes en favor de la erradicación de este conflicto, que viene azotando al país desde la invasión de Toussaint Louverture en 1801.
El gobierno del PRM emprendió la construcción de una verja perimetral con mucho entusiasmo, además jactándose de una incuestionable eficiencia en la Dirección General de Migración, que, según sus proyecciones, ha realizado una labor excepcional, cumpliendo las leyes migratorias y manteniendo un control hermético sobre el territorio nacional.
A propósito, la violación de Haití al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje suscrito en 1929, que prohíbe el desvío de las fuentes acuíferas fronterizas, resultó en la vergonzosa capitulación de la República Dominicana, ante un manejo improvisado, mediático y onírico, causando irreparables pérdidas económicas ante un despliegue militar innecesario e infructuoso, y la devastación a comerciantes dominicanos.
Pese a esta flagrante transgresión y la provocación del estado Haitiano, la respuesta de la comunidad internacional fue completamente inocua, con una exhortación al principio de la buena vecindad, la amistad, y el diálogo.
El fracaso del gobierno en la implementación de nuestras políticas y el despliegue de su malograda empalizada es innegable, y contrario a sus aserciones, percibimos un pavoroso ensanchamiento de la alarmante crisis peregrina.
Ante este asalto a nuestra soberanía, las desconsideraciones a los dominicanos, y el derroche exagerado de recursos, la comunidad internacional ocupa el rol de cómplice y fustigador, justificando este desplazamiento, por la vulnerabilidad de los haitianos, pretendiendo imputar todo el peso a la República Dominicana, indispuesta incluso, a sufragar al menos una porción significativa de esta carga.
Hasta han desatado una campaña demoledora, tildándonos de xenófobos, anti-haitianos, y racistas, con el fin de provocar ira y disuadirnos en la aplicación de nuestras leyes migratorias, alegando violación a la universalidad de los derechos humanos.
Estos organismos ignoran el comportamiento solidario con Haití, y obvian que más del doce porciento (12%) del presupuesto cubre la salud, educación, energía, comida, y además el costo de enfrentar las embestidas delictivas de un sector importante de estos transeúntes.
La República Dominicana padece de grandes precariedades, con un salario mínimo muy por debajo del promedio regional, adeudos financieros que consumen más de veinte y cinco porciento (25%) del presupuesto fiscal, un alto porcentaje de analfabetismo y de personas en condición de pobreza, y una exigüidad económica que imposibilita satisfacer las necesidades básicas de los dominicanos.
Sin embargo, en los últimos treinta años, los gobiernos han sido copartícipes de esta vulgar iniciativa, operando en contubernio con diversos países y organizaciones internacionales, consintiendo sus injerencias, a cambio de la complicidad económica de miles de millones de dólares en préstamos y subvenciones, una permisividad a la corrupción, y hasta la desestimación o displicencia ante el señalamiento a algunos por diversos delitos.
Ningún gobierno ha sido capaz, y muchos menos le ha interesado, asumir una retórica substantiva a favor de la República Dominicana, y a pesar de su incontrovertible insolvencia y la incompatibilidad con las exigencias de este éxodo, que hoy encarna una tercera parte de la población haitiana.
No es coincidencia que, a cambio del mayor nivel de endeudamiento contraído en toda nuestra historia republicana, el gobierno del PRM haya auspiciado un desproporcionado incremento de nacionales haitianos en el país, que hoy se estima ser entre un quince y un veinte porciento (15%-20%) más que en el 2020.
La comunidad internacional no va a zanjar esta crisis tan descomunal que fomenta la pobreza y nos somete a la subordinación obligatoria. La solución a este conflicto sí está en manos de nuestro gobierno, que tiene la responsabilidad de obedecer las leyes migratorias para salvaguardar nuestras delimitaciones y la soberanía que forjamos a sangre y fuego.
Es urgente sistematizar un auténtico plan de repatriación, sin abusos ni maltratos, pero de control categórico, y aplicando una política de cero tolerancia a la migración ilegal. En la medida que impere la firmeza de nuestra resolución, podremos contar con un legítimo propósito de estabilización, organización y desarrollo en Haití, no las simulaciones y los abusos que hasta ahora han orientado la política de la comunidad internacional.
Los problemas de Haití son graves y deben remediarse decisivamente, pero en su territorio, mientras que a nuestro gobierno le constriñe priorizar las necesidades de los dominicanos, pues el principio de la inviolabilidad de la soberanía es fundamento inexorable de la concordia global: es el momento de que la República Dominicana se dé a respetar, respetándose a sí mismo.
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