Por: Ángel Fernández
La Procuraduría General de la República tiene la responsabilidad de velar por los intereses del país, incluyendo la protección de nuestros recursos naturales y que las hermosas costas de la República no se arrabalicen.
En esa dirección, debe asegurar y promover la máxima vigilancia de los litorales, que por la gran cantidad de personas que lo visitan, corren el riesgo de sufrir daños irreparables, afectando su supervivencia, pero también la actividad turística, que es tan primordial para la economía dominicana.
Esta reflexión la hacemos por lo siguiente:
La semana pasada ocurrió algo insólito que justifica mis dudas de que podamos afirmar, como hacemos siempre incluyéndome, que existe seguridad jurídica para las inversiones. Si es cierto, que se pueden lograr “arreglos” y “salvar” los obstáculos que crean en los tribunales buitres, funcionarios y políticos para obtener ganancias.
El año pasado dos empresas de inversionistas españoles, con terrenos turísticos en la zona de Punta Cana, solicitaron llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador general adjunto para el Medioambiente, Francisco Contreras, acusado de actuaciones, para desconocer una decisión de la Suprema Corte de Justicia que ordenó el desalojo de ocupantes ilegales en su propiedad.
El desalojo fue realizado por Yupa y Paraíso Tropical, autorizado por la Fiscalía de Higüey, se produjo el 12 de noviembre del 2022, y el 17 del mismo mes el doctor Contreras, hace pocos días confirmado en el cargo, se presentó en el lugar acompañado de otro ocupante ilegal en esa propiedad, que proclamó que pronto al desalojado se le devolvería ese terreno. De ese bochornoso hecho existen fotos, videos y testigos, por eso puedo referirlo.
Las empresas acosadas por Contreras iniciaron una acción que sigue pendiente, y confiaban que con ese expediente a cuestas no seguiría en el cargo porque su caso fue publicado en muchos periódicos del país.
En esa propiedad, en la zona de Punta Cana, está planificado un proyecto turístico con 10 hoteles, campo de golf, una pequeña área en la que se construirá una imitación del estilo arquitectónico de la Ciudad Colonial y otros atractivos turísticos.
Recién confirmado procurador ambiental, Contreras volvió a la carga la semana pasada, y tres fiscales de su equipo citaron al representante de estas dos empresas para que ofreciera explicaciones por la existencia de tres garitas de unos 3 metros cuadrados existentes en su propiedad que están ubicadas a 56 y 57 metros, casi en el límite de la franja de 60 metros de dominio público en que se prohíben edificaciones.
Los fiscales señalaron que hicieron una “investigación” en la propiedad. Los abogados de las empresas les indicaron que esas garitas eran usadas por la Armada para la vigilancia de los 4 kilómetros de litoral de la propiedad que se comprobó era usado como “puerto libre” para tráfico ilegal de personas, mercancías y drogas, porque es el único espacio del área que no tiene desarrollo turístico.
Alarma que su “investigación” encontró las garitas que usa la Armada, pero no ubicó dos construcciones ilegales de gran tamaño que ocupan parte importante de la franja prohibida, cuyos propietarios no tienen, confirmado por diferentes tribunales, títulos de propiedad ni permisos para sus edificaciones, lo que consta al Ministerio de Medioambiente que ordenó una medición a sus técnicos y a una empresa privada. Ambas mediciones coincidieron en los resultados, pero no se ordenó el desalojo.
Los fiscales ordenaron a las empresas propietarias destruir en 15 días las pequeñas casetas. Pregunto: cuándo “descubrirán” las grandes construcciones ilegales que Medioambiente confirmó están en los 60 metros, pero no desalojó, a pesar de que violan la ley e impiden un importante proyecto turístico. ¿Eso es “seguridad jurídica”?
Este tipo de situaciones no pueden seguir sucediendo en nuestro país y por ende los órganos de administración de justicia tienen una alta responsabilidad en torno a esto, por el bien del turismo, del medio ambiente y de todos.
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