Por LUIS ENCARNACION PIMENTEL
Las quejas y denuncias concretas sobre el despojo de propiedades con títulos falsos, notificaciones en el aire para sorprender, incumplimiento de sentencias de los tribunales y complicidad de autoridades con prácticas violatorias de leyes y derechos ciudadanos no son nuevas, pero se hacen recurrentes y siguen como el primer guandul. Todo apunta a la existencia de un tinglado mafioso o mercado organizado que se sobre pone a los gobiernos y burla cualquier acción o esfuerzo oficial con miras a fortalecer y garantizar la debida seguridad jurídica. En la
práctica, solo una aspiración, porque es materia pendiente.
De nada – o de poco- sirvieron los esfuerzos correctivos del magistrado Subero Isa desde la Suprema Corte de Justicia para sancionar a alguaciles cómplices del juego dañino e inmoral de abogados irresponsables dados a prácticas irregulares y engañosas. (¿Por cierto, que ha hecho y logrado el gremio profesional para ejemplarizar con estos “descarriados “y sus prácticas indebidas?). Asimismo, parece petrificado en el tiempo el accionar del histórico Registrador de Títulos Wilson Gómez, que mantuvo a rayas a autores y cómplices del desorden y mafia que, sustentado en casos concretos, siguen presentes en el mercado inmobiliario.
Difícil de ponerle el cascabel al gato, aun en los actuales aires de reformas y de “transparencia”, porque el problema – solo parte de los muchos vicios y males estructurales de la sociedad – ha desbordado y se ha escapado del control del Estado.
El este del pais, y más con el valor de la tierra a partir del desarrollo turístico – inmobiliario, se ha tornado vulnerable y en un hábitat de las mafias. Higüey, con casos viejos y otros más frescos, es buen referente para “entrarles a dos manos”,
cuando desde lo más alto haya voluntad política y se “baje una línea”.
Procuraduría debe “ponerse las pilas” …Ayer le llevarían unos datos, que ojalá lleguen hasta la magistrada Miriam German, de un caso que se da en Verón, de una propiedad de Victor De Camps por 25 o 30 años, con dos sentencias a favor, y que ahora, exhibiendo un título falso, vigilantes civiles con escopetas en mano y la presencia de alguien vestido de coronel para intimidar, rompen una pared empedrada y se las quieren coger (?). Eso escapa a lo privado y cae en el interés público y en la seguridad jurídica.
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