Peru Venezuela Election Protest
agosto 21, 2024
La coalición de partidos opositores venezolanos que apoya a la líder María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia reafirmó este martes que cualquier sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sobre los resultados electorales será «ineficaz y nula».
La coalición de partidos opositores venezolanos que respalda a la líder María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia reiteró este martes que cualquier sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sobre los resultados electorales sería «ineficaz y nula».
Según un comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), «conforme a nuestra Constitución, toda eventual sentencia de la Sala Electoral que valide el fraude que se pretende imponer sería ineficaz y nula. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa».
La Sala Electoral del TSJ, considerada un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para «investigar, verificar y certificar» los resultados electorales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, tres semanas después, los resultados desglosados aún no han sido divulgados. La oposición, que publicó copias de las actas recolectadas por sus testigos, sostiene que el verdadero ganador es el candidato Edmundo González Urrutia.
El Centro Carter, que envió una misión técnica para observar las elecciones presidenciales, ha expresado dudas sobre la capacidad del TSJ para llevar a cabo una verificación independiente.
La PUD enfatiza que la Sala Electoral del TSJ no tiene facultades para asumir funciones del CNE, el órgano constitucionalmente responsable de totalizar los votos y publicar las actas de escrutinio.
“La institución no cumplió con los plazos establecidos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral,” reiteró la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La oposición aseguró que los venezolanos pueden tener la certeza de que Edmundo González Urrutia será reconocido como presidente electo de Venezuela y que asumirá el cargo el 10 de enero de 2025.
El ex candidato presidencial opositor, Enrique Márquez, quien no forma parte de la PUD, solicitó la recusación de la presidenta de la Sala Electoral del TSJ, Beatriz Rodríguez, debido a sus vínculos con el gobierno y falta de imparcialidad.
“Esta solicitud de recusación se fundamenta principalmente, aunque no exclusivamente, en la evidente vinculación política que ha mantenido y sigue manteniendo con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el presidente de la República, Nicolás Maduro, principal accionante en esta causa. La presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente sus vínculos políticos, lo cual pone en duda su capacidad para impartir justicia de manera imparcial,” declaró Márquez este lunes.
Los resultados electorales han provocado masivas protestas, algunas de las cuales han derivado en actos violentos. Según el balance oficial, 25 personas han muerto y al menos 2,000 han sido detenidas, muchas de ellas acusadas de terrorismo.
¿Por qué la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no resuelve el conflicto electoral en Venezuela?
El gobierno ha responsabilizado a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia de supuestamente promover la violencia en el país mediante los «comanditos,» una red ciudadana organizada por la oposición para proteger los votos. La oposición ha rechazado esta narrativa gubernamental y ha denunciado una escalada en la represión y en las detenciones arbitrarias.
Varios países han solicitado la publicación de “todas las actas originales” y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Además, han expresado su preocupación por la creciente represión.
El informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que inicialmente sería confidencial pero finalmente fue publicado, reveló que la gestión de resultados por parte de la autoridad electoral no cumplió con los «requisitos básicos de transparencia e integridad» necesarios para elecciones creíbles. El gobierno ha descalificado el documento, afirmando que está «plagado de mentiras».
