Un hombre camina frente a un mural del Poder Electoral en Caracas, el 31 de julio de 2024.
agosto 08, 2024
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México sostienen que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es el organismo al que, “por mandato legal”, le corresponde divulgar los resultados electorales. Pidieron publicación desglosada de los mismos y verificación independiente.
CARACAS —
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México dijeron el jueves que consideran “fundamental” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela presente los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio “desglosados por mesa de votación”.
Los cancilleres de los tres países reafirmaron además en un comunicado conjunto, «la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular».
El organismo electoral venezolano, que no ha publicado actas, dio como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición insiste en que las actas que recogieron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue de Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Los cancilleres, que anunciaron haber sostenido una reunión virtual el miércoles, dijeron haber tomado nota del proceso iniciado ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) para certificar los resultados, pero aseguraron que parten de la premisa de que el CNE “es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”.
El TSJ admitió un recurso interpuesto la semana pasada por Maduro, para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales. Pero juristas y la oposición sostienen que se trata de un procedimiento que no existe en el marco legal venezolano.
González Urrutia descartó acudir el miércoles a una citación del TSJ que convocó a todos los candidatos que participaron en las elecciones, argumentando que esa instancia usurpa las atribuciones constitucionales y legales del Poder Electoral, y lo deja en una condición de “absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación al debido proceso”.
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El Centro Carter, que desplegó una misión técnica para las elecciones, aseguró que el TSJ, señalado de no ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo, no puede considerarse una “verificación independiente”.
Brasil, Colombia y México ratificaron que continuarán llevando a cabo conversaciones de alto nivel y reiteraron su “convicción y confianza” en que las soluciones a la situación política deben surgir desde Venezuela.
“En ese sentido, reiteran su disposición a apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de entendimientos que contribuyan a la estabilidad política y a la democracia en el país”, expone el comunicado conjunto.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ofreció este jueves “a todos los expertos de cualquier país del mundo, pero muy especialmente Colombia, Brasil y México” todas las actas y bases de datos en su poder sobre las elecciones, para que confirmen que González Urrutia obtuvo la victoria.
Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, manifestó disposición a que se den negociaciones serias con el gobierno de Maduro, pero sobre la base del “respeto” a la soberanía popular del 28 de julio y a la “verdad”.
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Además, los cancilleres reiteraron el llamado a los actores políticos y sociales del país para que “ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley. El respeto a los Derechos Humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”.
Los resultados desataron, la semana pasada, protestas que dejaron al menos 23 fallecidos y más de 2.000 detenidos, de acuerdo a Maduro, que ha denunciado un intento de golpe de Estado fraguado por EEUU y la oposición.
El Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a detenidos de forma arbitraria, ha verificado e identificado, desde el 29 de julio hasta la fecha, 1229 arrestos.
