Se trataba de una guerra mediática a nivel mundial de la derecha contra la República Bolivariana de Venezuela para imponer una matriz de opinión según la cual hubo fraude en la elección presidencial.
Por Rafael Méndez
En el contexto de la reciente coyuntura política electoral y postelectoral en la República Bolivariana de Venezuela, los medios internacionales desempeñaron un papel destacado, en el que convergieron poderes nacionales y globales en una campaña de desinformación que presentaron al país sudamericano como sumido en una profunda inestabilidad política y social.
Y lograron posicionar ante ente el mundo, la imagen de que la campaña electoral se desarrollaba en medio de conflictos y combates, lo que por gravedad colocaba en el imaginario nacional e internacional de que también el proceso de votación estaría marcado por enfrentamientos que podrían dar al traste con los comicios del 28 de julio, mientras observadores y veedores internacionales se enfrentaron a una situación desconcertante, que, en lugar de tensiones y disturbios, en el terreno verificaban una realidad totalmente diferente.
Durante este periodo, observadores electorales de todo el mundo se enfrentaron a una situación desconcertante, que en lugar de tensiones y disturbios se pudo observar una realidad totalmente diferente, en medio de un ambiente tranquilo, las calles estaban transitadas, el comercio florecía, los establecimientos, incluidos aquellos que venden bebidas alcohólicas antes de la ley seca, funcionaban normalmente, los parques estaban llenos de visitantes y las tiendas atendían a numerosos clientes, desmintiendo las afirmaciones de caos que circulaban a nivel internacional.
Esta disparidad entre la realidad y la representación mediática contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela se convirtiera en el centro de la atención mundial por motivos equivocados, debido a que la narrativa creada por los medios internacionales, junto con la amplificación de la oposición y sus aliados globales, generó una percepción errónea de inestabilidad, mientras en principal candidato de la oposición, en colaboración con sus respaldos internacionales, promovió la idea de que el gobierno chavista estaba orquestando un fraude monumental.
Como resultado de esta percepción, el principal candidato opositor decidió no firmar el acuerdo de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, y en lugar de ello, anunció que solo aceptaría los resultados que él mismo validara, basándose en las actas que su equipo recolectara, postura reflejó una estrategia de cuestionamiento sistemático del proceso electoral, diseñada para sembrar dudas y deslegitimar los resultados.
En este contexto, surge la pregunta: si la oposición realmente desconfiaba en la legitimidad del proceso electoral, ¿cómo pensaba que su victoria sería validada si no aceptaba el mecanismo oficial establecido por el Consejo Nacional Electoral?
El principal candidato de la oposición Edmundo González Urrutia participó en el proceso electoral bajo las reglas establecidas por las leyes orgánicas que crean el Poder Electoral como uno de los cinco poderes del Estado, leyes y reglamentos están que están diseñados para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales, como sombrillas de todas las entidades políticas que acepten por voluntad propia participar en las justas comiciales.
La narrativa de manipulación y fraude promovida por la oposición, amplificada por los medios internacionales, estuvieron orientadas a abortar el proceso democrático que, a reflejar la realidad en Venezuela, situación esa que puso de relieve la necesidad de un análisis crítico de las informaciones y una comprensión más profunda de los hechos sobre el terreno, teniendo presente de que de lo que se trataba de una guerra mediática a nivel mundial de la derecha contra la República Bolivariana de Venezuela para imponer matriz de opinión según la cual hubo fraude en elección presidencial.
Ohelmis Sánchez
