Por momento, tuvo que haberse pensado que el recién envío de un contingente de policías de Kenia a Haití, tendría que ser devuelto con carácter de urgencia a su país de origen. Esto así, debido a la violencia y anarquía que se había suscitado en el país africano en reacción a un proyecto de reforma fiscal introducido por el gobierno ante el parlamento.
El envío de mil policías kenianos a Haití, para restablecer orden y estabilidad en ese país caribeño, se había aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el compromiso de Estados Unidos de financiar la operación con 200 millones de dólares.
Para el presidente keniano, William Ruto, la operación era parte de su activa agenda internacional. Su rol de mediador para poner fin a conflictos armados en países vecinos como Sudán, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, así como su papel destacado en la lucha contra el cambio climático, lo han colocado como un líder de alcance internacional. En mayo de este año, realizó una visita oficial de Estado de tres días a Washington, donde fue recibido por el presidente Joe Biden, como un aliado especial, en momentos en que China y Rusia incrementan su influencia en el continente africano.
A pesar del perfil de líder global que el presidente Ruto ha ido alcanzando durante su gestión de gobierno, en el plano interno ha experimentado un desplome en términos de apoyo popular.
Esa situación se ha debido, esencialmente, a promesas incumplidas con relación a disminuir el alto costo de la vida, la generación de empleos y la reactivación de la economía.
Desde mediados del 2023, diversas protestas se escenificaron por distintas partes de Kenia, exigiéndole al presidente de la nación adoptar medidas de urgencia con el propósito de mitigar las exasperantes condiciones de vida de la mayoría de la población.
No a la reforma fiscal
Los grandes disturbios, sin embargo, empezaron a llevarse a cabo desde mayo de este año cuando el gobierno del presidente Ruto, dentro del proyecto de presupuesto del 2025, hizo una propuesta de reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado de un 13.5% a 20% del PIB en tres años.
Conforme a lo anunciado, el objetivo fundamental de esa reforma consistiría en enfrentar la deuda pública que, en estos momentos, alcanza el 68% del PIB.
La reacción popular no se hizo esperar. Los primeros en asumir la lucha fueron los jóvenes. En principio, apelaron al uso de las redes sociales como Tik Tok, X, Facebook e Instagram, y crearon el hashtag #RejectFinanceBill2024, para hacer un llamado directo al rechazo del proyecto de reforma fiscal.
Cuando formalmente el plan de reforma fiscal fue introducido al parlamento, esos mismos jóvenes, ubicados entre la generación Z y los millennials, algo sin precedente en la historia de Kenia, organizaron una protesta pacífica frente al centro legislativo.
La respuesta del gobierno, empero, fue de violencia. Tanto la policía como el ejército fueron utilizados para reprimir el rechazo a una reforma fiscal que agravaría aún más las precarias condiciones materiales de existencia de la mayoría de la población del país africano.
Más de 20 personas fueron muertas en ese primer encuentro entre multitudes y fuerzas del orden. Cerca de 300 fueron heridas de gravedad, al tiempo que centenares fueron arrestadas.
En su discurso ante la nación, el jefe del Estado tronó. Calificó de bandas criminales a las organizaciones juveniles que habían patrocinado el paro contra la reforma. Amenazó con incrementar el uso de la fuerza y hasta llamó traidores a la patria a quienes habían participado en la manifestación. Eso incendió aún más los ánimos. Hasta la hermana de padre del expresidente norteamericano Barack Obama, Rita Auma, lanzó fuertes críticas contra el gobierno de su país por lo que consideró el uso excesivo de los medios de represión.
La protesta se extendió por toda Kenia. El pueblo desafiaba a las fuerzas del orden público. El miedo se había evaporado. El gobierno había sido colocado a la defensiva.
En tales circunstancias, se propuso modificar algunas cláusulas del plan de reforma para eliminar los impuestos al pan, la cebolla, el aceite de cocina, así como a varios productos comestibles.
Pero, la juventud y el pueblo en general no aceptaron. No cedieron un solo centímetro. No dieron marcha atrás. Exigieron la eliminación completa del plan de reforma.
Un gobierno a la deriva
La represión continuó. Al final, de acuerdo con varios organismos internacionales, ha habido al menos 39 muertos y cerca de un millar de heridos. Hasta el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha elevado su voz de preocupación respecto de lo que ha estado ocurriendo en el más importante país del África Oriental.
La tenacidad de los jóvenes y del pueblo keniano en general ha obligado al gobierno a dejar sin efecto la controversial ley de reforma fiscal, lo que los ha conducido a una fulgurante victoria.
Sin embargo, como consecuencia de los muertos y heridos generados por ese estallido social, la gobernabilidad democrática en Kenia ha sido severamente afectada.
Ahora, lo que se reclama ya no es tan solo evitar que se produzca un incremento de los impuestos a los artículos de la canasta básica familiar, sino, algo más drástico: la renuncia de William Ruto a su condición de presidente de la República.
Las tensiones y conflictos por la reforma fiscal se reproducen por distintas partes del mundo. Ya habíamos conocido, años atrás, los motines suscitados en Colombia, durante el gobierno del presidente Iván Duque, por una situación semejante; y ahora, más recientemente, en Argentina, en el actual gobierno del presidente Javier Milei, con la aprobación de la Ley Bases.
Parece inevitable que para lograr su materialización, esos procesos de reforma requieren de una condición invariable: ser políticamente viables. De lo contrario, el caos y la ingobernabilidad.
Kenia es el último gran ejemplo, aunque esperamos que no sea tan determinante como para obligar que el grupo de policías enviados a Haití tenga ahora que regresar a su lugar de origen para, de manera paradójica, establecer orden y estabilidad.
