Excombatientes de las FARC en Colombia son desplazados de su territorio tras amenazas

diariodominicano.com

   BOGOTÁ, 28 jun (Xinhua) -- Excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que firmaron el acuerdo de paz en 2016 con el Gobierno colombiano denunciaron que tuvieron que abandonar el territorio asignado para su reincorporación en Miraflores, departamento de Caquetá (sur), tras amenazas por parte de las disidencias.
   A través de un comunicado fechado la víspera y difundido hoy viernes en redes sociales por el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, los excombatientes, quienes se dedicaban al ecoturismo y a fomentar el deporte en la región desde 2017, explicaron que ya es insostenible permanecer en la zona de Miravalle debido al recrudecimiento de la violencia.
   "La razón de esta decisión es la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, la confrontación armada, que después de siete años está de regreso a nuestros territorios. Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda", señalaron.
   En el documento, los afectados destacaron que durante su periodo de reincorporación contribuyeron al desarrollo de la región a través de proyectos turísticos que atrajeron a más de 3.000 turistas a una de las zonas históricamente más conflictivas de Colombia.
   Los excombatientes pidieron a las entidades territoriales, a los organismos internacionales y a toda la sociedad civil su apoyo y solidaridad en este momento en el que aseguraron continuarán buscando caminos para su reincorporación.
   Esta semana, el Bloque Jorge Briceño del Estado Mayor Central, que delinque en Caquetá, envió un panfleto a los habitantes de Miraflores declarando su territorio como zona de conflicto y dando 40 días a los excombatientes para abandonarlo.
   Al respecto, el ministro Velásquez señaló que "este es un hecho de suma gravedad. Todas las disidencias tienen que comprometerse a respetar a los firmantes de paz y sus proyectos de vida en la legalidad. También el Gobierno Nacional está obligado a cumplir y a hacer cumplir esos acuerdos".
   Los acuerdos de Paz de 2016 incluían la dejación total de armas por parte de 13.609 combatientes, de los cuales el 94.9 por ciento está activo y cumpliendo con su proceso de reincorporación, según el último informe de la Comisión de la Verdad.
   Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco del proceso de paz con las FARC, hizo un urgente llamado a la Fiscalía General y a las autoridades judiciales para que investiguen las amenazas y garanticen la seguridad de los firmantes de paz.
   "Proteger la vida e integridad de quienes en 2016 firmaron el Acuerdo de Paz, entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano, es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla en el marco del conflicto armado", señaló la JEP en un comunicado.
   La JEP hizo un llamado especial al Gobierno Nacional para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios.
   En tanto, el expresidente Juan Manuel Santos, quien era mandatario cuando se firmó el acuerdo de paz de 2016, señaló que "lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable".
   "El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz", expresó en su cuenta de la red social X.
   Desde hace dos días, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ya había manifestado su preocupación por las amenazas a los firmantes de paz.
   "Expreso gran preocupación por la situación en el ETCR Miravalle. Hago un llamado a todos los grupos armados a respetar la vida y la reincorporación de los firmantes. Una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación. Asimismo, insto al Gobierno a proveer medidas de protección y acciones para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación de las y los firmantes de paz", comentó.
   El actual Gobierno que encabeza Gustavo Petro lleva a cabo diálogos de paz con diferentes grupos armados ilegales, entre ellos las dos facciones de las disidencias de las FARC denominadas Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, que entre ellas se disputan los territorios que solían ocupar antes del acuerdo de paz.