Emilio Fernandez-Corugedo, Pamela Madrid y Frank Fuentes
Cambios en la tributación y otras políticas pueden ayudar a la economía, que ya de por sí crece rápidamente, a alcanzar su pleno potencial
La República Dominicana está a la cabeza del crecimiento del PIB en América Latina, con una tasa media anual de crecimiento de aproximadamente el 5% desde la década de los setenta. Este país Caribeño ha avanzado notablemente en la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida. Si se alcanzara el grado de inversión de los bonos soberanos, el progreso se aceleraría aún más, al generarse un descenso de las tasas de interés, un aumento de los flujos de capital y una expansión de la base de inversionistas. Además, esto también reduciría los costos de financiamiento del sector privado e impulsaría el crecimiento potencial de la economía.
Las tasas de interés sobre la deuda pública son altas en comparación con las de otros países equiparables, en particular los que tienen grado de inversión. Estas elevadas tasas de interés conllevan a una menor cantidad de recursos destinados a la infraestructura, a los servicios sociales y a aumentar la resiliencia de la economía ante el cambio climático, un importante riesgo para el país. El alto nivel de deuda pública (o pagos de intereses) en relación con unos bajos ingresos tributarios—lo que se conoce como asequibilidad de la deuda—supone un riesgo clave que limita la calificación crediticia y contribuye a que las tasas de interés sean altas. Este es el motivo por el que varias reformas, sobre todo del sistema tributario, serán clave. Una reforma tributaria integral podría ayudar al país a aumentar los ingresos y obtener la calificación de grado de inversión.
Mayores ingresos tributarios
Los ingresos tributarios están limitados por el alto nivel de exenciones y un elevado umbral sobre el cual se aplica el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Racionalizar los incentivos y las exenciones fiscales —que conjuntamente suponen alrededor del 5% del PIB o un tercio de todos los ingresos tributarios— también es fundamental a la hora de simplificar el sistema impositivo y reducir la evasión fiscal.
Un aumento permanente de los ingresos tributarios de por lo menos del 2 por ciento del PIB permitiría un incremento sostenible del gasto público productivo relacionado a la inversión pública y a gastos sociales, lo que a su vez contribuiría a mejorar la productividad y el consumo privado, al tiempo que se reducirían la desigualdad y la pobreza. En general, una reforma tributaria integral podría aumentar el nivel del PIB en aproximadamente el 1 por ciento al cabo de 10 años y el 2 por ciento al cabo de 30 años (véase el gráfico). Los recursos públicos adicionales obtenidos gracias a la reforma también crearían espacio presupuestario para aumentar la inversión pública en infraestructura resiliente a choques climáticos y que pueda mitigar las pérdidas debidas a sucesos relacionados con el cambio climático, que son notables para el país.
La República Dominicana es vulnerable a los fenómenos climáticos, incluidos los huracanes, las tormentas y las inundaciones, que actualmente ya causan unas pérdidas medias anuales de aproximadamente el 0,5 por ciento del PIB, tan solo en lo que a infraestructura respecta. El país también es cada vez más vulnerable al aumento de las temperaturas y la subida del nivel del mar y, en definitiva, se espera que el cambio climático no haga sino acrecentar todas estas vulnerabilidades. Lograr que la infraestructura pública sea más resiliente ante sucesos relacionados con el cambio climático, de modo que su impacto sea un 40 por ciento menos grave, podría aumentar el nivel del PIB en alrededor del 0,5 por ciento al cabo de 10 años y en torno al 1,75 por ciento al cabo de 30 años.
Regla fiscal
Más allá del muy necesario aumento de los ingresos tributarios, la reforma fiscal integral debería incluir la adopción de una regla fiscal que establezca límites sobre la deuda pública a largo plazo, los cuales aumentarían la certidumbre y ayudarían a salvaguardar la sostenibilidad fiscal. La recapitalización del banco central sigue siendo un paso fundamental para garantizar su autonomía financiera. En este sentido, el FMI ha proporcionado asistencia técnica para el diseño de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que está pendiente de aprobación por la cámara de los Diputados, y ha apoyado los esfuerzos de las autoridades nacionales en la redacción de una nueva Ley de Recapitalización del Banco Central.
Sector Electrico
Otra reforma de importancia crítica es abordar las ineficiencias del sector eléctrico, que ya vienen de lejos y han provocado cuantiosas pérdidas: en promedio, entre el 1 por ciento y el 2 por ciento del PIB anual en la última década. Estimamos que reducir las pérdidas a la mitad —hasta un nivel comparable al de las economías avanzadas— podría incrementar el nivel del PIB en un 0,3 por ciento en 10 años, gracias a las mejoras en la eficiencia, la reducción de costos y la eliminación de los apagones. Estas mejoras, junto con a unas menores pérdidas de índice no técnico y ajustes en las tarifas eléctricas para situar los precios de la electricidad en línea con los costos de producción, eliminarían las pérdidas del sector eléctrico y proporcionarían espacio fiscal adicional para responder a las necesidades del desarrollo, impulsando el nivel del PIB un 0,2 por ciento adicional al cabo de 10 años y un 0,75 por ciento al cabo de 30 años.
Habida cuenta del potencial de la República Dominicana, de los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad y de la incertidumbre del panorama mundial, retrasar una reforma fiscal integral no solo resultaría costoso sino que también supondría una oportunidad perdida en la senda hacia alcanzar el grado de inversión. Además, la consecución de estas reformas clave podría suponer un aumento adicional del PIB de alrededor del 2 por ciento y 5 por ciento, al cabo de 10 y 30 años respectivamente.
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Emilio Fernandez-Corugedo es subjefe de división y Pamela Madrid es economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Frank Fuenteses asesor del director ejecutivo del FMI que representa a la República Dominicana.
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