Este año, bajo el lema: “la evidencia es clara: debemos invertir en prevención”, se celebra el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, que por disposición de la ONU, conmemoramos cada 26 de junio. Cada año, de forma reiterada, se ha recomendado a los Estados miembros implementar políticas sobre drogas basadas en la evidencia, centradas en la salud y en los derechos humanos, destacando la importancia de tratar a las personas que consumen drogas con respeto y empatía, y de proporcionar servicios de atención basados en la evidencia. Se insiste en generar políticas centradas en las personas, desde una perspectiva de derechos y género.
En la República Dominicana, mientras muchos países avanzan en esa dirección, es fácil comprobar que nuestras políticas sobre drogas son como un dogma inamovible al paso del tiempo. Vivimos de espalda a los avances y recomendaciones basadas en la ciencia y los derechos y dignidad de las personas. Por 36 años, que es el tiempo que ha transcurrido desde la promulgación de la ley 50 – 88, se ha optado por mantener una política sobre drogas, basada en estigmas hacia las personas en consumo, violación de derechos, estereotipos, mitos, y discriminación que sostienen la opresión, exclusión y malos tratos. Los resultados a la vista evidencian que ese enfoque ha sido un rotundo fracaso.
Mientras otras sociedades ya avanzan en políticas centradas en las personas, el enfoque de la política dominicana sobre drogas sigue siendo castigar con la mayor dureza posible a las personas usuarias más vulnerables. La reciente muerte en prisión del señor Juan Tomás Llibre, un hombre de casi 80 años, activista pro cannabis medicinal, es una triste consecuencia de estas políticas absurdas.
En nuestro país, todos los poderes públicos actúan como si ignoraran, ¿o será que poco les importa?, este estancamiento en la política sobre drogas. Ya no es solo la inexplicable dejadez de los legisladores y poder ejecutivo, para abordar la modificación de una legislación que hace más daño que bien a la sociedad, en especial a sus miembros más vulnerables. También fiscales y jueces, que son los encargados de impartir justicia, se muestran indolentes ante la cantidad de personas, en su mayoría jóvenes, que son enviados a prisión solo por ser consumidores, la mayoría de cannabis o marihuana.
Hoy está de moda hablar de alternativas al encarcelamiento y proporcionalidad de la pena para delitos menores vinculados a las drogas, cuando lo primero que hay que hacer es dejar de tratar el consumo como delito, en una legislación anclada en el pasado. Es un absurdo mantener la prohibición de medicamentos extraídos del Cannabis, cuando desde la OMS -ONU ya se ha reconocido oficialmente los beneficios que estos medicamentos reportan para problemas de salud, donde otros medicamentos son ineficaces.
Recientemente, el presidente de los Estados Unidos Biden, Joe Biden, indultó a miles de personas afirmando que “nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana. Demasiadas vidas han sido trastornadas debido a nuestro enfoque fallido hacia la marihuana. Es hora de que corrijamos estos errores”. El gobernador del Estado de Maryland hizo lo mismo con más de 175.000 personas injustamente condenadas por el uso de cannabis.
En este Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, desde Casa Abierta proponemos al ciudadano presidente Luis Abinader, corregir también nuestros errores en esta materia. Señor presidente, inicie indultando y entregando a sus familias a las personas condenadas por simple posesión, que en realidad son personas usuarias de sustancias, en su mayoría jóvenes de comunidades vulnerables. Dele la oportunidad de rehacer sus vidas frustradas injustamente por una política que debemos superar ya.
Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo.
Psicólogo.
Director ejecutivo Casa Abierta.
26 de junio de 2024.
