Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta antigubernamental contra el aumento de los precios del combustible, en Quito, Ecuador, el 12 de junio de 2024.
junio 19, 2024
Ecuador anunció un incremento en el precio de la gasolina extra de más del 10 %, en un intento de reducir el peso de los subsidios estatales. Intentos de subida en los combustibles por parte de gobiernos anteriores generaron controversia y violentas protestas en el pasado.
QUITO —
El gobierno ecuatoriano anunció un aumento superior al 10 % en el precio de la gasolina más utilizada en este país, la extra, como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional para reducir el peso de los subsidios estatales que, en intentos anteriores, ha desencadenado violentas y extensas protestas de colectivos indígenas.
La gasolina extra, que es la que utilizan principalmente taxistas y vehículos de transporte livianos como las camionetas de los comerciantes, pasará de 2,46 dólares por galón a 2,72 dólares por galón.
Dos gobiernos anteriores, el de Lenín Moreno (2017-20121) y, después, el de Guillermo Lasso (2021-2023), enfrentaron fuertes movilizaciones que paralizaron el país durante días por intentar eliminar o reducir los subsidios estatales a los combustibles. En ambos casos, tuvieron que retroceder en la medida o suavizarla.
La viceministra ecuatoriana de Economía, Ana Cristina Avilés, indicó en rueda de prensa el martes que el precio del galón de extra estaba hasta ahora “muy por debajo del promedio regional que es de 4,69 dólares” y que el año pasado el Estado destinó 644 millones de dólares a ese subsidio. En los últimos 13 años, fueron 13.480 millones de dólares.
“Por responsabilidad con el futuro del país es necesario abordar la problemática de los subsidios a los combustibles”, justificó la ministra, mencionando especialmente el de la gasolina que “es el más inequitativo de todos los combustibles”.
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Con el nuevo precio, se establecerá además un sistema de compensación con bonos para el sector de transportistas, que le costará al Estado entre 80 y 100 millones de dólares al año. Y también una banda de estabilización que impida que el precio suba más de un 5 % mensual o baje más allá del 10 %, independientemente de la cotización internacional del petróleo.
Esta medida también es uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que aprobó hace poco un crédito de 4.500 millones de dólares para Ecuador, del que ya fueron desembolsados 1.000 millones a las arcas del país. El resto dependerá de que el gobierno cumpla con otras medidas de ajuste, entre las que estaba subir del 12 % al 15 % el impuesto al valor agregado, en vigencia desde el 1 de abril.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, en su cuenta de X, antes Twitter, dijo que rechaza “el nuevo paquetazo de Daniel Noboa», indicando que ”la eliminación de subsidios a los combustibles, las medidas neoliberales y ratifican el derecho a la resistencia».
En octubre del 2019 ese agrupación indígena convocó a movilización, debido a una elevación del precio de los combustibles, que desencadenó por casi dos semanas en una ola de violentas protestas, la toma de muchas ciudades y que terminó por arrinconar al gobierno de Lenín Moreno hasta que retrocedió parcialmente en sus intenciones.
Los mismo ocurrió cerca de tres años más tarde, en junio del 2022, cuando era mandatario Guillermo Lasso, que también tuvo que dar marcha atrás en su decisión.
El ministro interino de Energía, Roberto Luque, afirmó por su parte que el gobierno ha diseñado un mecanismo de protección a los usuarios mediante la entrega de bonos de compensación que ingresarán por adelantado directamente a las cuentas de los transportistas, según el consumo del vehículo y los kilómetros recorridos, los que se han determinado en reuniones previas con ellos.
Destacó que se han identificado a unos 84.000 beneficiarios de esta compensación. A los taxistas se les entregarán una compensación por 156 galones, a las mototaxis 90 galones y 145 galones para otras modalidades, dijo el secretario de Estado.
Entre las consecuencias de esta decisión estará el costo político para el presidente Daniel Noboa, que ha anunciado su intención de presentarse a la reelección presidencial en las elecciones del próximo año.
La semana pasada organizaciones sindicales y sociales se movilizaron en una convocatoria con poca acogida para rechazar lo que tildaron de política económica “neoliberal” del presidente Noboa, la obediencia al FMI y en perjuicio de un 80 % de la población dijo uno de sus dirigentes.
