Nelson Encarnación
Una de las tareas más complicadas para un gobernante dominicano ha sido siempre formar consensos fuertes que le permitan emprender reformas de alguna envergadura, mucho menos transformaciones sustanciales que consigan que nuestro país produzca un salto trascendente más allá del inmediatismo.
Recordemos que las únicas transformaciones estructurales que se han podido lograr mediante un amplio consenso se remontan a 1992 con los famosos diálogos tripartitos, los cuales viabilizaron las reformas laboral y tributaria que aún sobreviven.
Es decir, desde entonces solo se han llevado a cabo tibios intentos que, en el marco tributario, no han pasado de meros parches para corregir necesidades de recursos sin mayores alcances.
El problema que ha impedido, por ejemplo, una reforma fiscal de largo aliento, hay que buscarlo en la politiquería que mediatiza todo esfuerzo por sembrar las bases para un real desarrollo estructural que solo se logra con recursos económicos.
Durante la pasada campaña electoral, los candidatos presidenciales que figuraban en los primeros lugares de preferencia, estuvieron de acuerdo en que los recursos que capta el Estado a través de sus agencias recaudadoras no son suficientes para hacerle frente a la creciente demanda que cada día presenta la dinámica nacional.
El candidato oficialista, Luis Abinader, que aparecía puntero en las encuestas—y que finalmente resultó triunfante—fue enfático en que si ganaba la reelección se reuniría de inmediato con la oposición para buscar consenso para una serie de reformas que él entiende inaplazables.
Cumpliendo con esa promesa, apenas días después de las elecciones, Abinader se reunió con Abel Martínez, abanderado del Partido de la Liberación Dominicana, que alcanzó el tercer puesto en los comicios, y no lo hizo con el ahora líder de la oposición, el expresidente Leonel Fernández, debido a una afección gripal, según comunicó su partido Fuerza del Pueblo.
Pero el encuentro pendiente con el doctor Fernández ha sido aplazado, sine die, como dicen los abogados, por recomendación de la dirección de su organización.
Esto significa que la FP no ve oportuno el encuentro, pese a ser la segunda fuerza congresual, la que sería muy importante integrarse a los proyectos de reformas que plantea Abinader, cuya bancada en el Congreso Nacional se basta—146 diputados y 29 senadores—suficiente para la mayoría calificada que requieren determinadas reformas.
Con esa mayoría tan holgada, si Abinader y su Partido Revolucionario Moderno buscan consenso con las demás fuerzas políticas para la aprobación de las reformas que pueda consensuar con sectores diversos de la sociedad, sería porque quien se considere democrático no debería nunca imponer decisiones que afectan el devenir de toda la colectividad.
Sin embargo, como el país es de todos, se supone que quienes ostentan representación colectiva deben asumir el compromiso de no dejar que una sola parcela ejecute las reformas, ya que eso sería desertar de la delegación que el electorado les confiere en un proceso.
Por esta razón, entiendo que el presidente Abinader llevará su esfuerzo de consenso hasta donde las circunstancias le permitan, de modo que, si el concurso de los demás fallan, no se le atribuya a él ni a una falta de desprendimiento y humildad.
