Quito, 30 abr (Prensa Latina) Cuatro abogados expertos en derecho internacional público intentarán justificar la invasión de Ecuador a la embajada de México en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde hoy comenzarán las audiencias tras demandas de ambas partes.
La Procuraduría General del Estado, de Ecuador, informó que los abogados Michael Woods, Sean Murphy, Aldredo Crossato y Omi Sender serán los encargados de defender al país sudamericano en las sesiones del órgano de justicia internacional, previstas para este martes y miércoles.
En un comunicado, la Procuraduría indicó que el embajador ecuatoriano en Países Bajos, Andrés Terán, actuará como agente de Quito ante la CIJ.
El pasado 11 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció a Ecuador por violar la Convención de Viena al irrumpir con violencia en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba allí como asilado político.
Este lunes, por su parte, Ecuador demandó a México porque, según la cancillería, esa nación contravino los convenios internacionales que prohíben dar asilo a procesados por delitos comunes o a condenados en tribunales ordinarios.
“En el gobierno no hay conciencia, ni reflexión alguna sobre la barbarie cometida al asaltar una Embajada y secuestrar a un asilado. Sólo se intenta justificar una brutal violación del derecho internacional, condenada por el mundo”, expresó el exvicecanciller Fernando Yépez en su cuenta de X.
El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuestionó por qué el gobierno de Daniel Noboa no acudió al tribunal internacional antes de incursionar en la embajada y secuestrar a un asilado.
El doctor en Jurisprudencia Alejandro Vanegas calificó la estrategia legal del gobierno ecuatoriano en la CIJ como “una burla para la comunidad mundial”.
Entretanto, el exvicperesidente Glas, a quien México considera un perseguido político, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad a pesar de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decretó que su detención fue «ilegal y arbitraria».
Sobre él pesa una condena de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos y también es acusado de supuesta malversación por las obras de reconstrucción tras el devastador sismo de 2016 en la costa ecuatoriana.
Juristas y expertos internacionales aseguran que no existen pruebas contra el político, militante de la RC, que escribió cartas de auxilio al propio López Obrador y a los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.
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