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Por Manuel Hernández Villeta
Santo Domingo, R. D., 27 de marzo, 2024.- La virtual guerra civil de Haití, crea un peligro permanente para los dominicanos. Las confrontaciones se han evitado, y el presidente Luis Abinader ha sabido actuar con tacto en el complejo mundillo internacional.
Es valiente la posición del Presidente de rechazar la instalación de campamentos de refugiados en la República Dominicana. Ese es un designio de los Estados Unidos, de Canadá y de las Naciones Unidas.
Es tenebroso solo pensar en el establecimiento de campamentos de refugiados. Llegarían miles de haitianos indocumentados a la República Dominicana, la mayoría de los cuales se quedarían en el país por siempre.
Esos campamentos de refugiados se pueden establecer en Haití. Los organismos internacionales y los Estados Unidos cuentan con el suficiente poder de seguridad para garantizar que ninguna pandilla se va a acercar por una instalación de las Naciones Unidas.
Si se quieren campamentos para tratar a los que se desplazan de las principales ciudades haitianas, la mejor solución es que se habiliten en su país, y no en la República Dominicana. Por la fuerza nadie puede instalar esos campamentos en suelo quisqueyano y todo el país se opondría a ello.
Tratar de meter a los dominicanos en las interioridades de la guerra civil haitiana no es una buena medicina. Fragmentaria y tornaría violenta las relaciones entre los dos pueblos, que tienen largas deudas históricas, y podría ser generador de choques muy peligrosos para la estabilidad de la isla.
El otro expediente que está en el tapete, es que se suspenda la deportación de ilegales. Cuentos y chistes a un lado. Cuando en el país se habla de ilegales la mención es a los haitianos. A la mayor parte de la población no le interesan los papeles de los venezolanos, los chinos y hasta los norteamericanos, que se encuentran aquí.
Hay que continuar con la deportación masiva de todos los ilegales que residen en la República Dominicana. Hay que hablar claro con sus principales padrinos y protectores que son las empresas constructoras y los agroindustriales.
El tener un trabajo ocasional, mezclando cemento o cultivando yuca, no es suficiente. Hay que registrar a todo el que se encuentra en el país. El que no pueda presentar su permiso de migración, debe ser deportado en el acto.
La República Dominicana es un país libre y soberano, y las grandes potencias y los organismos internacionales deben estar claros al particular. El territorio y la soberanía son innegociables. ¡Ay!, se me acabó la tinta.