Leonel Fernández
Una semana después de la tragedia mortal de La Victoria, un pesado manto de nebulosas oculta toda la verdad de lo ocurrido.
De trece reclusos oficialmente dados por muertos durante un incendio que pocos creen que fue por un cortocircuito, solo se han identificado tres.
Resulta inexplicable que, bastando un pase de lista de los reos que se encontraban en las celdas siniestradas, no se haya podido informar, hasta hoy, quienes faltan a la hora de comprobar los que están presentes.
Además, es sospechoso que, luego de un traslado masivo de centenares de reclusos no autorizado por ningún juez, como indica el procedimiento, los familiares de estos no sepan adónde los llevaron.
En el ínterin, la jefa de la penitenciaria, coronela María Isabel Gil Morales, la primera mujer en ocupar ese cargo, fue destituida sin que se hayan ofrecido las reales razones de ese reemplazo.
Pocos días después, otro incendio se desató en el penal, aunque no de la magnitud del primero, causando desasosiego entre los reclusos.
Del traslado de centenares de presos a otras cárceles, con lo cual se exporta hacia ellas el mismo factor de crisis que fomentó el hacinamiento de La Victoria, no se han dado informaciones convincentes a sus familiares.
De este conjunto de episodios, queda claro que muchos derechos inherentes a los reclusos, tanto de los que han quedado como de los que fueron trasladados, han sido vulnerados en el marco de esta tragedia.
Al país hay que hablarle claro sobre el origen del fuego, sobre la identidad de los diez cadáveres que están en el Inacif y sobre el lugar exacto al que han sido llevados cientos de presos, permitiéndoles la visita de sus familiares o abogados.
Hay que despejar pronto estas nebulosas, antes de que los rumores y especulaciones que se han diseminado sobre la tragedia terminen sepultando la verdad acerca de lo que realmente ocurrió, antes, durante y después.
