Hace falta una decisión política que sancione, de manera ejemplar, la violación de la libertad consagrada en la Constitución. Corresponde al Estado establecer un procedimiento justo y equilibrado de compensación
Arismendi Díaz Santana
Cada vez más, llueven las quejas de familiares contra los centros médicos privados, y hasta públicos, que retienen a pacientes fallecidos hasta cobrar la factura, a pesar de contar con un seguro médico y en algunos casos con un complementario.
Y eso ocurre frecuentemente ya que, ante las denuncias las autoridades “condenan esa conducta”, pero no aplican la ley. Y esas violaciones fragantes se repiten y se repiten a plena luz del día y de todos, debido a la impunidad imperante.
Esta vez el atropello fue contra un familiar cercano a uno de los integrantes de nuestro chat SS PARA TODOS. El paciente fue llevado al hospital público de Higüey muy adolorido, sin fuerzas para sostenerse parado y le diagnosticaron deshidratación moderada.
Le pusieron un suero sentado en una silla y luego intentaron despacharlo, pero el familiar se opuso. A la mañana siguiente, le dieron de alta sin haber mejorado y sin un diagnóstico claro y le indicaron algunos medicamentos para calmar los dolores articulares. Además de un claro deseo de salir del paciente, ese hospital evidenció muy poca capacidad resolutiva.
Al agravarse el problema, los familiares lo internaron en una clínica privada. Allí le hicieron un examen más riguroso, siendo trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Le indicaron un “perfil respiratorio” urgente y luego una tomografía toráxico abdominal con doble contraste, debiendo comprar los medicamentos de contraste.
Debido a que esa clínica no realiza estos procedimientos los familiares trasladaron al paciente a una segunda clínica privada con un equipo moderno de TAC. Se pagaron 15,000 pesos de diferencia a la primera clínica. Luego, toda una tragedia para comprar una pinta de sangre común.
Lamentablemente, el paciente falleció. La clínica entregó una “factura informal”, por 63,500 pesos. Concluida las gestiones del acta de defunción, el centro médico retuvo el cadáver, condicionando su entrega contra el saldo total de la factura. Ante el señalamiento de que esa retención era ilegal, la respuesta fue “eso es lo que hay”.
En otros casos, los centros privados exigen la firma de un pagaré hasta por 550,000 para autorizar el alta de un paciente. Otra modalidad, más desconsiderada aún, es rechazar la admisión de un paciente grave hasta tanto no se realice un depósito generalmente cuantioso.
De estas dolorosas experiencias, prácticamente cotidianas, aún en los casos en que la ARS ha autorizado los procedimientos, se derivan varias conclusiones:
1. El hospital público carece de la capacidad resolutiva necesaria para atender a la población, obligando a las familias necesitadas a comprar servicios privados elevando el gasto de bolsillo;
2. Al menos, algunos directivos y parte del personal muestran signos evidentes de deshumanización y trato desconsiderado a los pacientes y familiares;
3. Todas las clínicas privadas ofrecen atención médica especializada en horas más extendidos y con frecuencia con mejor tecnología;
4. Muchos centros de salud persisten en la práctica ilegal e inhumana de retener pacientes y cadáveres, para cobrar elevadas diferencias a pesar de contar con un seguro de salud; y
5. Las autoridades locales y nacionales se hacen de la vista gorda, ante esos atropellos y humillaciones a la dignidad humana sin cumplir y hacer respetar los derechos de los pacientes.
Desde luego, existe el riesgo de que las clínicas privadas no recuperen esas deudas o que las mismas sean saldadas tardíamente, luego de costosos recursos judiciales. Pero ello no justifica la privación de la libertad individual, ni del derecho a enterrar a sus parientes.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reclama de las autoridades una solución a este problema conciliando adecuadamente ambos derechos y deberes. No es justo que el más fuerte imponga sus propias reglas de juego. No hacer nada, violenta el estado de derecho y fomenta la impunidad.
Arismendi Diaz Santana
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