Por Fitzgerald Tejada Martínez
Luego de transcurridas casi dos semanas, desde la materialización de las elecciones municipales del 18 de febrero, hablaré de lo que, a mi juicio, fueron las causas elementales que trastocaron la libertad de expresión, el orden institucional y la democracia participativa del pasado proceso de votación.
Probablemente, mi opinión resulte un acto de ligereza, sin embargo, lo que sucedió en el país —antes y durante la votación—, obliga una mirada acusadora contra el irresponsable papel, a cargo de la Junta Central Electoral (JCE), cuyas autoridades hicieron caso omiso a los señalamientos y las advertencias, sobre diversas violaciones a la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
A simple vista, cualquier cuestionamiento acerca del triste desempeño de la JCE, parece algo descabellado. No obstante, la inacción de los mecanismos del arbitraje electoral, hizo a esta institución, coautora de un “golpe suave” en contra de la democracia, orquestado de forma meticulosa para inducir un resultado que distorsiona la voluntad popular a tal punto que un 30% de la población, aproximadamente, decidió de forma ilegítima el destino del 70% de los territorios del país.
A mi juicio, todo esto empezó con aquella famosa denuncia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sobre una “presunta reunión clandestina, entre el presidente de la JCE, Ramón Jáquez; el secretario de la presidencia, Ignacio Paliza; y, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta”: lugar en donde pudo haberse pactado una componenda que permitiría al gobierno, actuar a sus anchas, a contrapelo de las reglas del juego.
Empero, la denuncia fue desmentida de inmediato. Asimismo, fue catalogada como “un acto de tremendismo grotesco”, por parte de sectores mediáticos que defendieron, a capa y espada, el prolijo de los mencionados, mientras que, la oposición política, no tuvo más remedio que desestimar la probabilidad de la información, sin hacerse eco de la misma, para así evitar ruidos innecesarios que suponían obstáculos a la diafanidad del montaje de las elecciones.
Lo que sí resultó verdaderamente irrefutable, a favor de la denuncia, es que como dice un viejo refrán: “cuando el río suena, agua lleva”.
Más tarde, surgió otra denuncia de importantes figuras del PLD y la Fuerza del Pueblo, queriendo alertar sobre la aparición de sus datos personales, en el padrón de miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM): un hecho que indicaba claramente que había ocurrido un vaciado de los registros de la membresía de ambas organizaciones políticas.
Esta llamada de atención, tampoco recibió la debida respuesta de parte de la JCE. Igualmente, la prensa “independiente” también minimizó la noticia, tildando la denuncia como «una simple fábula disociadora para distraer al órgano electoral de sus responsabilidades”.
En efecto, no existe ninguna prueba que afirme la veracidad de un supuesto encuentro clandestino, para tratar temas sensibles referentes a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales; en cambio, si existen poderosas evidencias que delatan un importante grado de complacencia, por parte de autoridades de la JCE, con el PRM, para derrotar política y moralmente a los partidos de oposición.
Luego de los acontecimientos que antecedieron a las elecciones municipales, cualquier persona tiene derecho a pensar que aquello se trató de una coartada planificada, no solo por el PRM, sino también con ayuda externa, para identificar a simpatizantes opositores con características definidas de vulnerabilidad y pobreza, contra quienes se produjo una agresiva ofensiva clientelista que arrojó elevados niveles de abstención.
En este sentido, durante la votación del domingo 18 de febrero, surgió una denuncia, a través de las redes sociales, sobre un sujeto apodado “Pelao”, quien, presuntamente, había retenido las cédulas, a una pareja de ancianos. En el vídeo que corrobora lo antes dicho, se puede apreciar cómo el señor a quien le habían quitado su cédula, llevaba puesta una gorra del PLD.
Otro caso que extrañamente sucedió en medio del proceso de votación, tuvo que ver con un comunicado emitido por la Junta Central Electoral (JCE), desmintiendo de forma categórica una denuncia de delegados del PLD y la Fuerza del Pueblo, respecto a que, en el Distrito Nacional, habían movido o trasladado varios centros de votación: un hecho que se comprobó con imágenes colgadas en las redes sociales, donde varias personas se quejaron tras haber sido reubicados en otros recintos.
Por otra parte, la indisposición de los encargados electorales asignados a los centros de votación, frente a reclamos que hacían los delegados de los partidos de oposición, contrastó con la complacencia de los mismos, hacia los delegados del oficialismo, a tal punto que hubo momentos en donde dirigentes del PRM, estaban controlando las puertas de acceso a los recintos de votación, ante la mirada indiferente de los militares y las autoridades electorales que allí estaban presentes.
Evidentemente, hubo algún nivel de entendimiento, entre autoridades de la JCE, y funcionarios del gobierno, lo cual —a mi modo de ver—, convirtió el proceso electoral, en un festín, donde solo se sirvió de manera abierta la militancia del PRM.
Lamentablemente, la ofensiva del oficialismo, apabulló a la oposición política, impidiéndole tomar acciones —para frenar el “golpe suave” que se había producido en contra de la democracia—, elevando varios recursos de impugnación, en aquellos lugares donde se veía claramente que hubo fraude, para crear un precedente que pusiera candado a posteriores intentos de vulnerar la voluntad del pueblo dominicano.
El uso abusivo del poder económico (clientelista y asistencialista), para favorecer a los candidatos del PRM, en franca violación al régimen electoral, fueron razones más que suficientes para poner en marcha acciones sancionadoras de parte de la Junta Central Electoral (JCE), lo cual nunca ocurrió.
Frente a este adverso escenario, la oposición no tuvo más remedio que apostar al sano juicio de la población; sin embargo, el gobierno tenía todo bajo control, desde los centros de votación, hasta las personas que acudieron a votar que, previamente, fueron guiados o escoltados por individuos que se paseaban a sus anchas en el perímetro de los recintos electorales.
El proceso del 18 de febrero, iba describiendo lo que sucedería al final del día, pero nadie se atrevió a crear una crisis para detenerlo, porque el gobierno se encargó de crear un “efecto espejo” para que cualquier eventualidad, recayera sobre los hombros de la oposición, por lo que había que dejar que todo transcurra, a pesar de los resultados a la vista de todos.
La oposición, tiene el desafío de tomar esta experiencia como una señal, haciendo justo lo que tengan que hacer en el terreno político, para evitar otro revés en las circunstancias descritas anteriormente, dando una clara señal de que lo ocurrido el pasado 18 de febrero, no volverá a permitirse cueste lo que cueste.
El gobierno violó la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, para beneficiarse a contrapelo de la dignidad de la clase desposeída.
Su éxito, es una negación de la voluntad popular ya que impuso a sus candidatos, utilizando cuantiosos recursos del Estado, por sobre un deseo legítimo de la población que no tuvo más remedio que observar pacientemente, como sucedieron las cosas, sin poder ejercer su derecho de elegir libremente a sus autoridades municipales.
El oficialismo proclamó que en mayo, habrá otra “victoria aplastante, con amplio respaldo popular”, empujando al extremo su acostumbrado ejercicio metafórico sin más ánimo que acondicionar a la población, para entonces reeditar nuevamente un accionar como ocurrió el pasado 18 de febrero.
¡Guerra avisada no mata soldado!
Fitzgerald Tejada M.
