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Puerto Príncipe, 23 oct (Prensa Latina) La Oficina Internacional de Abogados pide hoy a la justicia haitiana castigar a los responsables del aumento de la violencia en Haití, y expresó su disposición a ayudar a las víctimas.
Tras el informe del Grupo de Experto de Naciones Unidas que señaló a miembros de la élite política y económica como financiadores y promotores de las pandillas, el coordinador de la instancia, Mario Joseph, aseguró que la investigación solo confirmó las denuncias de disímiles organizaciones sociales y de derechos humanos.
Joseph afirmó, igualmente, que la Dirección de la Policía Judicial dispone de medios suficientes para llevar a cabo su tarea, en relación con las investigaciones necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.
“Las sanciones son justas y claras, pero esperamos que la justicia haitiana castigue a los culpables para reducir el índice de violencia, que aumenta día a día”, aseveró el también defensor de los derechos humanos.
Asimismo, abogó por la creación de un foro de denuncias para poner fin a los diversos problemas que desestabilizan al país.
La semana pasada, el Grupo de Expertos de la ONU emitió un documento según el cual los políticos y élites económicas suelen pagar a las bandas en especie o en metálico para obtener votos o proteger sus bienes.
La práctica ha enriquecido progresivamente a las pandillas y les ha dado más poder, de acuerdo con el texto.
Entre las figuras señaladas destaca el expresidente Michel Martelly (2011-2016) quien presuntamente utilizó a los grupos armados para extender su influencia en los barrios y hacer avanzar su agenda política.
La investigación concluyó que Martelly entabló relaciones con los grupos armados de Grand Ravine, Ti Bois y Village de Dieu, y creó la pandilla Base 257 con el fin de impedir las manifestaciones contra el gobierno en Pétion-Ville, principal centro comercial del país.
Asimismo, acusó al exlegislador Prophane Victor, de armar a jóvenes de Petite Rivière de l’Artibonite que posteriormente crearon la banda Gran Grif, mientras que el exsenador Youri Latortue, sancionado por Canadá y Estados Unidos, presuntamente armó y financió a la banda de Raboteau en el departamento de Artibonite, así como a la pandilla Kokorat San Ras.
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