El presidente Antonio Guzmán junto a su esposa Renée Klang, José Rodríguez Soldevila, general Mario Imbert Macgregor, Nelson Willian Méndez y Lorenzo Sánchez Baret.
Por Sebastián del Pilar Sánchez
“Somos ya los dueños de la mina de Pueblo Viejo, y por tanto, del oro que se extrae de las entrañas de nuestra tierra”, exclamó con profunda emoción el presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández la tarde del miércoles 17 de octubre de 1979, mientras leía su mensaje radiotelevisado para comunicar al país la compra de todas las acciones de la firma “Rosario Dominicana”, que encargó ejecutar al Banco Central a un costo de 70 millones de dólares.
El mandatario entregó al día siguiente un cheque con ese valor a los señores David E. Fagín, presidente de la multinacional Rosario Resources Corporation y Scott Simplot, vicepresidente ejecutivo de Simplot Industries, quienes instruyeron a sus técnicos a que prestaran su colaboración a la nueva gerencia en los trabajos de exploración minera que efectuarían sin costo adicional hasta el 31 de diciembre para establecer el potencial biotecnológico de los yacimientos de Montenegro y Los Cacaos.
La empresa extranjera se instaló en el país en 1967 mediante un contrato de concesión otorgado por el presidente Joaquín Balaguer a su representante David Moore, y cinco años después comenzó a operar en las canteras de Pueblo Viejo, Cotuí, extrayendo de su capa rocosa el doré -mezcla de oro y plata- que comercializaba en los Estados Unidos.
La expropiación de la Rosario formó parte de un plan trazado por el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para resolver la grave situación socioeconómica que afectaba al pueblo dominicano después del inclemente castigo propinado el 31 de agosto por el ciclón David y cuatro días más tarde por la tormenta Federico, cuyos vientos infernales, fuertes lluvias y graves inundaciones causaron más de tres mil muertos y daños estimados en 830 millones de dólares a la infraestructura básica de servicios públicos, a la economía agrícola y la industria nacional.
Debido a ese desastre, el presidente Guzmán tuvo que modificar las prioridades de su administración para evitar la escasez de alimentos y las amenazas de hambre y epidemias, poniendo en práctica el plan de recuperación nacional que incluyó la adquisición inmediata de la Rosario, en una negociación con sus accionistas efectuada de manera discreta pero efectiva por los ministros Manuel Enrique Tavares Espaillat, de Industria y Comercio y Bolívar Báez Ortiz, de Finanzas, en contacto con el gobernador del Banco Central, licenciado Eduardo Fernández.
En su discurso del 17 de octubre el estadista destacó que su acción nacionalista estaba enmarcada en la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamada el 14 de diciembre de 1962, referente a los derechos de cada nación a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales y sentaba “un precedente en la defensa del interés nacional, que enaltece al presidente de la República y que demuestra que el PRD es el partido que mejor representa los anhelos del pueblo dominicano”.
Añadió que: “Con este hecho demuestro el estilo y los logros de mi Gobierno, que, sin lesionar a ningún sector, en un clima de respeto, de armonía, de paz y de concordia, podemos obtener lo que todos aspiramos para beneficio de nuestros hijos y de nosotros mismos, y para beneficio de nuestra querida Patria”.
El mérito de dicha operación consistió en rescatar un recurso natural irremplazable y haber ratificado el respeto a las inversiones extranjeras para evitar repetir los errores en que incurrieron los gobernantes de Jamaica y Guyana de principios de la década anterior, con el establecimiento de desacertadas políticas de nacionalizaciones de la bauxita y otros minerales que originaron continuos reveses económicos.
Respaldo a Guzmán
Las primeras manifestaciones de apoyo al primer mandatario se sintieron en la Cámara de Diputados la misma tarde de su alocución desde el Palacio Nacional, cuando puestos de pie y a unanimidad, sus integrantes les tributaron una prolongada ovación, tras ser enterados por el presidente de ese organismo del Estado, licenciado Hatuey De Camps Jiménez, que había rescatado la mina de oro de Pueblo Viejo. Los eufóricos congresistas eran representantes del oficialismo y el balaguerismo, así como del naciente Movimiento de Acción Socialcristiana (MAS), dirigido por el doctor Guido Emilio D’Alessandro Tavárez (Yuyo) y el ingeniero Caonabo Javier Castillo (Caíto).
A seguidas, el arquitecto Carlos Bartolomé Lalane Martínez, diputado del partido blanco por la provincia de El Seibo, presentó una resolución de felicitación a don Antonio Guzmán por su proceder nacionalista, siendo secundado por su compañero perredeísta Demóstenes -Cucho- Féliz, de la provincia de Azua, quien pidió declarar ese día histórico de regocijo nacional porque era “de gran significación para la patria, pues el oro dominicano ya es propiedad del Estado y del pueblo dominicanos”. Esa moción fue motivada por el doctor Luis Arturo Puig Messón, representante reformista de la provincia Sánchez Ramírez, jurisdicción donde se encontraba la mina de Pueblo Viejo.
Un día después, los periódicos Listín Diario y El Nacional subrayaron en sus editoriales la importancia de “la restitución al Estado del usufructo pleno de un preciado bien extinguible” que se cotizaba “a fluctuantes precios caros” y redundaba en grandes beneficios comerciales que venían “a enriquecer en oportunísima coyuntura el casi exhausto patrimonio del muy maltratado pueblo dominicano”.
El Listín Diario se refirió a los precios fantásticos del oro en un mundo donde “Se ha planteado, como postulado de economía moderna, que el Estado debe poseer absolutamente, y explotar para el beneficio común, determinadas riquezas naturales, procesos industriales y servicios de determinada categoría”. Destacando la abundancia de esa riqueza material que asumía entre nosotros “caracteres de alternativa vital” como “gran productora de necesarias divisas para fomentar el desarrollo general de la nación”.
El diario matutino saludó al presidente Guzmán por haber “adoptado una medida de gran importancia económica, social y política” y por haber satisfecho “a una mayoría abrumadora de la opinión pública nacional sin condicionar, en este caso, a ningún tipo de credo ni banderías”. Según su parecer: “El acuerdo alcanzado representa, finalmente, una demostración palmaria de cuánto puede un gobierno democrático alcanzar en beneficio de su pueblo haciendo ejercicio de las opciones que el mismo sistema le ofrece sin perjuicio de parte alguna”.
El Nacional, por su parte, señaló que: “El régimen que preside don Antonio Guzmán colmó con este histórico contrato, que rescata de manos foráneas las fuentes de nuestros áureos bienes extractivos, una alta y largamente acariciada aspiración del pueblo dominicano”, dado que la Rosario había ganado mucho dinero con una inversión original que no sobrepasaba los ocho millones y “en menos de un lustro exportó oro por valor de 258.9 millones de dólares y que, en cuatro años, rindieron las acciones de la compañía beneficios netos que ascendieron a 56.7 millones de monedas duras”.
Reacciones del Senado y las entidades políticas
Constituyó para muchos una verdadera sorpresa el respaldo entusiasta que recibió el presidente Guzmán del Senado de la República, dominado por los seguidores del doctor Joaquín Balaguer, expresado el 18 de octubre en una resolución que fue publicada en espacio pagado en los diarios de circulación nacional, que contenía inusuales elogios y lo invitaba a «que continúe realizando gestiones encaminadas a que el Estado Dominicano adquiera otras empresas que explotan recursos naturales no renovables del país».
Era su modo de recordar la línea política trazada por su líder cuando se comprometió públicamente a realizar una oposición constructiva o de colaboración estrecha con el gobierno del PRD, a raíz del “fallo histórico” que dictó el 7 de julio de 1978 la Junta Central Electoral, otorgándole a su partido cuatro senadores y un diputado ganados por sus adversarios.
El viejo caudillo aseguró entonces que “el Partido Reformista daría su voto a cualquier iniciativa del Partido Revolucionario Dominicano que tienda a producir los cambios fundamentales que el país necesita”. Y en este momento, el reformismo manifestaba su regocijo con la compra de las acciones de la Rosario Dominicana, diciendo que el gobierno de Guzmán ‘‘se hace acreedor al aplauso irrestricto de toda la ciudadanía«, ya que se trataba de “una medida de carácter patriótico”.
Una reacción totalmente diferente a la de Balaguer y los reformistas fue la del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), profesor Juan Bosch, quien criticó el precio pagado por rescatar dicha mina al considerarlo “muy alto”. Sin embargo, el líder político reconoció que Guzmán había sentado “un precedente mediante el cual queda reconocida la tesis de que las minas o los yacimientos minerales que se encuentran en el país no pueden seguir siendo explotadas por empresas privadas, especialmente extranjeras, sino que deben ser explotadas por el Estado”.
Esa postura fue ponderada y explicada poco después por la dirección de esa organización política en un documento público que analizaba el costo de producción de una onza de oro, significando que 985 onzas diarias al precio que se cotizaba en Nueva York (384.55 dólares la onza), equivalía a 138 millones 255 mil dólares por año; mientras que por concepto de la producción de plata y mercurio la Rosario tenía entrada equivalente a 74 mil 500 dólares al día, es decir, 4 millones 844 mil dólares al año.
El alto mando peledeísta señaló que “El gobierno compró la mina de Pueblo Viejo, que era suya, sin hacer la menor evaluación, de manera que desde el punto de vista económico lo que se hizo no fue un negocio sino una aventura que pudo ser catastrófica para el país, y ahora hay que hacer todo lo necesario a fin de que se convierta en un buen negocio para el Estado, y de no ser así, con la Rosario Dominicana fracasaría nada menos que la política de los recursos naturales no renovables del país”.
En esa misma onda se expresó la Unión Patriótica Antiimperialista (UPA), una organización de avanzada surgida en octubre de 1977 bajo el liderato de los intelectuales marxistas Franklin José Franco Pichardo, Roberto José Santana Sánchez, Fidelio Despradel Roque y Gabriel Miguel Imbert Román (Gary), al considerar que la adquisición de la Rosario era “una medida positiva, pero lamentablemente pagada a un costo sumamente elevado«. Añadiendo que Guzmán, “al discutir el precio a pagar por dicha estatización, debió tener en cuenta que esta empresa monopolista ha extraído en más de diez veces la suma invertida originalmente”.
También sobresalió la opinión del Partido Comunista Dominicano (PCD), dirigido por su destacado secretario general Narciso Isa Conde, con una crítica severa al costo de la Rosario, aunque saludó la compra de sus acciones diciendo que “es un paso de gran significación para el país, una acción de rescate de un valioso recurso no renovable, un triunfo popular y una victoria de nuestro partido que se ocupó desde el primer momento en la crítica de esa onerosa entrega v en la defensa del interés nacional”.
Según el PCD, “la Rosario y la Simplot invirtieron originalmente 6.4 millones en conjunto y al final entregan sus acciones y cobran beneficios retenidos por 70 millones, sin contar los beneficios declarados y no declarados que ha podido y sacado del país en sus cuatro años de operaciones”.
Finalmente, vale apuntar que el secretario general y líder del PRD, doctor José Francisco Peña Gómez, calificó la compra de la Rosario como la “reentrada del Presidente Guzmán en la órbita de los principios programáticos de su partido”, por ser “una medida altamente positiva y además, que establece un principio general, el de que nunca jamás nuestros recursos no renovables serán entregados a empresas extranjeras y de que en lo adelante éstas sólo podrán ser favorecidas con contratos de servicio, de tal forma que serán empleadas del Estado y no sus socios ni amos de nuestra riqueza”.
Esa valoración fue compartida por el presidente de esa organización política y senador por el Distrito Nacional, doctor Salvador Jorge Blanco, quien dejó a un lado su antigua rivalidad política con el presidente Guzmán para saludar con satisfacción y orgullo su hazaña patriótica. No obstante, el aspirante presidencial seguiría sin reposo su accionar proselitista de cara a las elecciones de 1982, tratando de ser el siguiente inquilino del Palacio Nacional, asesorado por el licenciado De Camps y con el respaldo del Movimiento de las Bases edificado por su hábil director de campaña, José Ovalle Polanco.
Sin duda la nacionalización de la Rosario fue una gran conquista económica y contribuyó a mejorar la relación entre la dirección del PRD y el Gobierno, pese a la inútil actividad reeleccionista iniciada a finales de 1978 en la provincia de Santiago por el gobernador civil Octavio Portela y el síndico municipal Víctor Méndez, y en la capital, por el ingeniero Federico Ginebra, que fundó el denominado “Movimiento Amigos del Presidente Antonio Guzmán (MAPAG)” el 16 de agosto de 1981, en una asamblea efectuada un hotel del Distrito Nacional.
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