Mario Rivadulla
19, 03, 10
Como orquestados en tiempo y contenido, con apenas pocos días de diferencia, se dan a la luz pública sendos informes sobre la situación de los derechos humanos en el país por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas.
Las imputaciones versan sobre temas recurrentes: los intercambios de disparos, atropellos de la autoridad policial contra los detenidos, la situación de las cárceles y el trato a los inmigrantes haitianos, donde inclusive se llega al punto de pretender imponer normas migratorias y de nacionalidad que son derechos privativos de todo Estado y que constituyen un flagrante desconocimiento y vulneración las leyes dominicanas y fallos de la Justicia a su más alto nivel, la Suprema Corte, los cuales crean jurisprudencia.
En el primer caso se sabe que el famoso informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos a nivel internacional, incluyendo la República Dominicana, obedece a un requerimiento congresional. Sin embargo, el no ir acompañada esta demanda de los fondos requeridos para realizarlo a conciencia impide llevar a cabo el necesario trabajo de campo. El expediente se cubre entonces, con simple labor de escritorio, acudiendo al archivo, leyendo las informaciones de algunos medios y consultando alguna que otra opinión casi siempre interesada y carente de la indispensable objetividad. Al final, lo que sale es una copia con muy ligeras variantes de forma más que de fondo, que es repetitiva de año en año de informes de mucha antigüedad.
En cuanto a la ONU, el organismo internacional acusa una serie de fallas muy lamentables y de agudas contradicciones internas que se manifiestan sobre todo precisamente en el campo de los derechos humanos, pese a que en su seno toman asiento y con gran capacidad de decisión y de veto gobiernos que practican la discriminación en todas sus formas y son violadores constantes e impunes de los mismos. En tanto, exigen al país erradicar un alegado racismo, eliminar un presunto maltrato a los inmigrantes haitianos, establecer pautas para la concesión de la nacionalidad dominicana como si fuesen inexistentes y no estuviesen establecidas en la Constitución y demandar que nuestro gobierno colabore con el de Haití para dotar de documentación a sus nacionales aquí cuando es a la inversa, el de allá, que carece de registro, es el que debe colaborar con el nuestro donde sí contamos con él.
Lo paradójico es que toda esta campaña orquestada al mismo ritmo se produce en los precisos momentos en que República Dominicana ha dado las más claras notaciones de todo lo contrario, tanto en haber sido la primera nación que hizo acto de presencia y llevó ayuda de socorro a Haití como el gobierno en llevar la voz cantante en movilizar la ayuda internacional para la reconstrucción del país vecino.
Desfasados del sentido de oportunidad, ya que no pudieron haber escogido un momento peor para señalamientos que chocan con la realidad, tanto en un caso como en el otro los tales informes no merecen más que ser calificados como puras payasadas de escritorio producidas en despachos bien refrigerados, muy distantes de los escenarios donde se desenvuelve la tragedia haitiana y de las muestras palpables de la firme solidaridad mostrada por nuestro país a favor del infortunado vecino, que a quienes los elaboraron de seguro no les ha quitado de un minuto de sueño.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?.
2010-03-22 14:27:10
