Mario Rivadulla
Razón de sobra le asiste al Presidente de la Junta Central Electoral al afirmar con justificada satisfacción y no sin cierto deje de legítimo orgullo, que las decisiones que ha venido adoptando el organismo, principalmente en los días más recientes, están sentando el saludable precedente de someter los partidos al imperio de la legalidad.
De cierto, como hemos comentado en otras ocasiones, nunca como ahora, al menos en las últimas cuatro décadas, se habían registrado situaciones tan irregulares como en el presente proceso. La más llamativa ha sido el intenso trasiego de un partido político a otro, sin importar si a éste último se le estuvo combatiendo y satanizando hasta el día anterior al serle ofrecida la postulación a un cargo que no pudo obtener en el que abandona. Las razones de esta movilidad o transfuguismo no son precisamente de orden doctrinario, ni por discrepancias estratégicas, ni por razones éticas ni por estar inconformes con la conducción de la agrupación bajo cuya bandera se cobija. Salvo casos aislados, ha sido simplemente un ejercicio de puro oportunismo y desbordada ambición, atraído por la posibilidad de disfrutar de un cargo congresual o municipal de sueldo generoso y con todo su bagaje de beneficios y privilegios por 6 años en vez de 4.
Pero igualmente llama la atención, la gran cantidad de recursos e impugnaciones que ha debido resolver el pleno de la Junta Central Electoral en una maratónica sesión de doce horas ininterrumpidas. En esa abultada agenda de trabajo figuraron casos que nunca debieron registrarse por cuanto constituían flagrantes violaciones a la ley electoral, en que incurrieron sobre todo los dos grandes partidos del sistema y el tercero que lucha por recomponerse y recuperar parte de su antigua vitalidad.
¿Cómo es posible que esos partidos que tienen un claro conocimiento de la ley, disponen de buenos equipos de juristas y cuentan con muy experimentados delegados políticos ante la propia Junta hayan pretendido violar la cuota mínima del 33 porciento que corresponde a la mujer?
¿Cómo, que hayan postulado candidatos al Parlamento Centroamericano, que ahora deberán someterse al veredicto de las urnas, a personas con menos de 25 años que es la edad mínima requerida?
¿A qué argumento pudieran apelar para imponer candidatos de dedo por sobre los que de manera legítima merecieron su postulación en base a los votos obtenidos en las respectivas convenciones?
Bien ha hecho la Junta en expurgar todos estos expedientes y decidirlos conforme a lo que establece la ley electoral, sin ningún género de contemporización ni complacencia. Quizás con ello se hayan franqueado la mala voluntad de los afectados por sus fallos, pero en amplia compensación han seguido fortaleciendo el prestigio y la confianza de que gozan en el seno de la ciudadanía. Y lo que mejor aún: están realmente sentando ese precedente saludable de obligar a los partidos políticos a someterse a las normas legales y con ello, dar un paso más en el impostergable propósito de adecentar el ejercicio político, poniendo freno a componendas y a los clásicos acuerdos de aposento tan frecuentes en nuestro medio.
¡Bien por la Junta que se ha ganado el respeto y la confianza que ameritan sus actuaciones!
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?0
2010-03-25 14:35:27
