Mario Rivadulla
A Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito, sobrino del ex capo de la droga, Quirino Paulino Castillo, lo acaban de sancionar a 30 años de prisión por el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes, alias Waikiki, en la ciudad de San Cristóbal. El divulgado motivo del crimen fue que éste había recibido en depósito decenas de millones de pesos fruto de las operaciones de drogas que manejaba el último, suma que se negó a devolver en su momento. Se trató por consiguiente de uno de los consabidos ?tumbes?, tan frecuentes en ese submundo criminal, que se tradujo en su sentencia de muerte mediante el expeditivo método de la ejecución sicarial.
Anteriormente, la prisión bajo coerción de Quirinito había sido objeto de una controversia legal cuando un juez de la capital dispuso su libertad, lo que fue objetado y resistido por las autoridades fiscales y los jueces sancristobalenses, quienes fueron acusados de encarcelamiento ilegal al mantener tras rejas al imputado. Las pruebas tienen que haber sido muy convincentes y abrumadoras como para que el tribunal que lo juzgó le haya impuesto la máxima pena que establece el actual Código Procesal Penal.
Contrasta lo drástico de esta sanción y hace más notoria la diferencia, con las decisiones judiciales en otros casos.
Ahora mismo, las autoridades sanitarias se quejan, no sin razón, de que las penas extremadamente leves que imponen los jueces, por lo general, en los casos de venta de medicamentos ilegales, incentiva más que desestimula esa práctica que está criminalizada en el Código Sanitario actual y que constituye un serio atentado contra la salud de los pacientes.
De igual modo, se levantan quejas por la forma complaciente y tibia respuesta que dan los tribunales a las querellas que se les someten en casos probados de calumnia y difamación, un método cada vez más usado y abusado en algunos medios de comunicación, donde se apela a las denuncias sin elementos de sustentación apelando al uso del lenguaje más soez e insultante contra cualquier ciudadano.
Otra área de la Administración de Justicia en que se cuestiona la tibieza tanto de sentencias definitivas como de medidas de coerción, es la relativa a los accidentes de tránsito pese a que representan la mayor causa de muertes violentas en el pais, que cada año se roba miles de vídas. Sin ir más lejos, hoy mismo se divulga el caso de un conductor que atropelló a dos jóvenes estudiantes de Unicaribe, a las que estando aún con vida no les prestó auxilio lo que posiblemente contribuyó a que fallecieran más tarde a causa de las lesiones recibidas, pero que además de darse a la fuga trató de ocultar su vehículo. Pese al hecho y a las circunstancias agravantes, al responsable solo se le impuso como coerción una garantía económica y un impedimento de salida del país. O sea, facilidades que han sido también otorgadas a los autores de otros hechos igualmente graves con el resultado de que tan solo entre las provincias de Santo Domingo y Santiago, suman más de dos mil los que se han declarado prófugos.
Son estas contradicciones entre jueces que aplican la ley con el debido rigor disuasivo y otros que por el contrario se muestran en extremo permisivos, las que hacen prevalecer en el ánimo público la percepción de que la Justicia, aún sin quererlo, arropa más a los transgresores de las leyes que la protección que se espera brinde a la sociedad. Justa o no, es una imagen que de alguna forma hay cambiar para lo cual, si es preciso, vale introducir al Código Procesal Penal los cambios que sin violentar los derechos de defensa, taponen las posibles fisuras por donde hoy quedan sin sanción crímenes horrendos y delitos graves, gozan de impunidad malhechores empedernidos y se va perdiendo la sagrada fe en la Justicia.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-04-15 13:14:40
