Mario Rivadulla
Siempre produce un impacto negativo a nivel de opinión pública al tiempo que compromete la imagen y la buena marcha del gobierno, cuando dos organismos oficiales entran en conflicto y éste trasciende a través de los medios de comunicación. Esto así, sobre todo, si involucra un tema sensible como el que afecta la economía popular. Tal está ocurriendo ahora en el diferendo que tienen entablado la Dirección General de Normas y la Oficina de Protección al Consumidor, más conocidos como DIGENOR y PROCONSUMIDOR respectivamente.
El peso de esta última se ha dejado notar de manera muy significativa en los últimos tiempos, gracias a la diligente y efectiva gestión llevada a cabo por su personal, bajo la dirección de doña Altagracia Paulino, con un largo expediente de lucha en este campo. Gracias a ella y su limitado pero trabajador equipo de colaboradores, se ha comenzado a poner freno a los abusos a que tradicionalmente han sido sometidos los consumidores en el país por parte de algunos fabricantes y comerciantes inescrupulosos.
Los inspectores de PROCONSUMIDOR actuando en todo el país, han frenado la especulación y confiscado toneladas de alimentos en malas condiciones, productos vencidos y reetiquetados y sometidos a la justicia a los responsables. Pero sin dudas, la acción más notoria ha sido la de poner al descubierto toda una serie de irregularidades en distintas distribuidoras de gas, con sus dispensadores de servicio alterados sirviendo en algunos casos hasta un 30 porciento menos del combustible pagado por los usuarios. Una situación por demás que, según el organismo, no constituye una excepción sino por el contrario una práctica de fraude muy extendida que de acuerdo a reiteradas afirmaciones de la señora Paulino, se presenta en por lo menos la mitad de los negocios de ese tipo que produce ilegales ganancias multimillonarias.
Es precisamente en esta área donde ha surgido el enfrentamiento entre DIGENOR y PROCONSUMIDOR. Esto así, en razón de que el primero de dichos organismos estaría elaborando un proyecto de normas para reglamentar la operación de las distribuidoras del gas propano, para lo cual no se habría tomado en cuenta la opinión ni las sugerencias del segundo.
De acuerdo a la señora Paulino, el proyecto de DIGENOR es débil y complaciente a favor de las distribuidoras, al punto no criminalizar con sanciones de prisión a sus violadores, pese a tratarse de un producto tan sensible para la economía popular, donde también estaría involucrado el fraude al Estado en el programa social del bono gas al servir menos cantidad de combustible que la requerida y pagada. Más aún: para sancionar a un negocio que pongamos por caso tenga diez dispensadoras tendrían que detectarse irregularidades al menos en seis de ellas.
Sería lamentable que la situación de enfrentamiento entre DIGENOR y PROCONSUMIDOR no se resuelva de manera armoniosa, sobre todo porque como señalamos antes se encuentra fuertemente involucrada la economía popular, ya que son cientos de miles de hogares que utilizan el gas propano así como taxis, ómnibus y vehículos privados. Y porque hasta ahora y por largo tiempo, desde que desapareció el Control de Precios, los consumidores se han sentido y estado desprotegidos en sus derechos. Y estando en juego el interés de éstos, serán pocos cuantos esfuerzos se hagan por armonizar criterios siempre en su favor y no de ningún sector interesado.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23 ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-04-16 15:01:22
