Mario Rivadulla
Una reciente información de prensa da cuenta de que en los últimos años, las exoneraciones de vehículos concedidas a los miembros de ambas Cámaras Legislativas ascienden en números redondos a unos mil millones, pesos más que menos.
Años atrás a los congresistas se le concedía una exoneración de monto razonable durante los cuatro años de duración del período para el que fueron electos. El pretexto esgrimido era que dicho vehículo resultaba requerido sobre todo por los legisladores provenientes del interior del país, para asistir a sesiones y realizar demás gestiones oficiales en las distintas dependencias estatales a favor de sus respectivas provincias y electores. Entonces, dicho sea de paso, entre las diversas prebendas que acompañaban el cargo tales como pago de chofer, secretarias y personal de apoyo, no existía el llamado barrilito.
Pero violentando una vez más el principio constitucional de que nadie puede legislar en su favor, andando el tiempo la mayoria de los congresistas, ni tardos ni perezosos, acordaron otorgarse dos exoneraciones en vez de una. La práctica fue degenerando hasta terminar solicitándose exoneraciones para vehículos cada vez más costosos con la finalidad de negociarlas con particulares. No hace tanto se divulgó un listado de algunas de esas exoneraciones con acompañamiento gráfico de varias de las marcas más sofisticadas que se fabrican en el mundo, incluyendo alguna que otra que se hacen por encargo como si fuesen trajes hechos a la medida.
De ahí, lo oportuno de las declaraciones del siempre celoso Director General de Aduanas, Rafael Camilo, advirtiendo del perjuicio que por esa vía recibe el Estado en aranceles e impuestos dejados de recaudar y proponiendo poner límites al otorgamiento de tales exoneraciones.
El planteamiento es correcto, sobre todo ahora en que nos abocamos a un período extraordinario de seis años en el cual no sería de extrañar que dada su extensión, surja y se apruebe la propuesta de elevar de dos a tres la cantidad de exoneraciones a recibir por los legisladores.
Bien que a los congresistas se les otorguen determinadas facilidades y beneficios marginales para el cumplimiento de sus tareas legislativas, aún cuando no resulta escaso el número de aquellos que no van a sus curules a trabajar en bien del país sino en beneficio propio y de determinados intereses que los financian y aúpan. Pero es preciso poner los límites que sugiere el timonel de las aduanas del país.
Una exoneración por el período y hasta un límite razonable de precio del vehículo a ser adquirido reduciría de manera significativa el sacrificio fiscal del Estado y nos parece suficiente incentivo para facilitar a los legisladores trasladarse de un lugar a otro en sus gestiones oficiales. Pero carros de excesivo lujo que cuestan seis, siete, ocho, nueve y más millones de pesos constituyen una exageración, motiva a escándalo y envía una señal negativa de lucro personal del legislador en perjuicio del Estado. Esto así, con mayor razón, cuando tales exoneraciones se venden a particulares que disponiendo de recursos sobrados para adquirir vehículos tan ostentosos buscan evadir el pago de los derechos aduanales y fiscales, lo que a fin de cuentas es también una forma de robarle al Estado como cualquiera otra.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?.
2010-05-06 14:30:39
