Mario Rivadulla
Jueves 6,05,10
Hasta donde conocemos por vía de testimonios muy confiables, la jueza Katia Miguelina Jiménez está muy bien considerada dentro de los predios del Poder Judicial por su seriedad y competencia.
No obstante su juventud, ella ha intervenido en juicios de gran resonancia demostrando en cada oportunidad, un adecuado manejo del Código Procesal Penal, sentido de prudencia y buen juicio, todas cualidades indispensables para un buen ejercicio de la magistratura.
Por todo lo anterior, resulta más contrastantes algunos planteamientos que aparecen en su reciente y polémica obra ?Justicia y Medios de Comunicación?, de cuyo contenido en verdad solo conocemos algunos fragmentos divulgados por la prensa sobre el papel de ésta en relación con la justicia.
Tales planteamientos han levantado una gran polvareda de críticas desde los más diversos sectores, incluyendo las externadas por el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Esto así, entendiendo que proponer limitaciones legales al libre ejercicio mediático en los casos que competen a la jurisdicción judicial equivale a colocarle una mordaza.
La magistrada Katia Miguelina Jiménes se queja de que en ocasiones los enfoques e informaciones que aparecen en la prensa relacionados con algunos expedientes de naturaleza muy conflictiva, crean presiones indebidas a los jueces, obstaculizan su trabajo y desinforman a la ciudadanía afectando la buena imagen del Poder Judicial.
Convengamos que en cierta medida le asiste razón y que hay ocasiones en que algunos olvidan que los medios son tribunas para informar y no tribunales para juzgar en los que por anticipado condenan o absuelven a los inculpados en determinados expedientes, según sus personales preferencias o percepciones. Pero ese tipo de situaciones no se solucionan vedando el acceso noticioso a los medios informativos, sino todo lo contrario: es haciendo uso correcto de éstos para mantener debidamente edificada a la opinión pública.
Cierto que los jueces hablan por sentencia. Pero esto en modo alguno debe excluir el que tales sentencias y sus motivaciones se hagan de dominio público cuando arrojen algún tipo de duda sobre su validez jurídica o la ética de quienes las emitan. Si tanto se insiste en la transparencia por parte de los poderes públicos, ¿no es también un requerimiento válido en el caso del Poder Judicial que es uno de los tres que conforman el Estado?
El Poder Judicial tiene que defender su honorabilidad y la validez de sus actuaciones. Le asiste el derecho tanto como la obligación. Pero esto no lo va a lograr limitando y acallando el ejercicio libre de la prensa e impidiéndole realizar su trabajo informativo, sino por el contrario haciendo uso de ella en su propia defensa.
Porque a fin de cuentas, las dudas y suspicacias que puedan divulgar los medios de comunicación sobre la posible falta de ética o fundamentos legales en que se sustentan determinados fallos y actuaciones, no son más que reflejo del sentir ciudadano. Y tratar de despejar unas y acallar otras, cuando le asista razón, es tarea que compete en primer término al propio Poder Judicial que debe ser el más interesado en proyectar su buena imagen y disfrutar de la necesaria confianza pública.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-05-07 14:04:33
