Mario Rivadulla
Lunes 14,06,10
De extremadamente grave hay que calificar la información que el periódico Hoy desplegó como titular principal de portada en la edición de este día, dando cuenta de la insólita acción de intimidación emprendida por el director del Instituto Agrario, Héctor Rodríguez Pimentel, contra los anunciantes del impactante espacio El Informe Semanal que produce con gran profesionalismo y notable éxito Alicia Ortega.
El funcionario, quien aduce ser víctima de una sostenida campaña en su contra por parte de la acuciosa investigadora periodística, en un hecho sin precedentes ha enviado un acto de alguacil a cada uno de los patrocinadores del popular espacio, donde figuran desde el Banco Central hasta una gran cantidad de reconocidas empresas privadas, con la advertencia de que podrán ser sometidos a la justicia si continúan en el mismo los que considera ataques difamatorios contra su persona.
En el país existe la libertad de expresión como un derecho constitucional, regulado por la ley que rige la materia. Esta garantiza el acceso de todo imputado que se sienta difamado a través de un medio de comunicación a los tribunales en reclamo de reparación. Son varios los casos que se han ventilado al amparo de dicha legislación, habiéndose dictado fallos condenatorios cuando se ha probado el daño gratuito o no justificado a la honra del demandante. Que se sepa, no hay en dicha ley ni en ninguna otra responsabilidad alguna que sea imputable a los anunciantes del medio a través del cual se hayan producido las pretendidas expresiones calumniosas. Es obvio que el derecho a reparación establecido en dicha ley que le asiste al ingeniero Rodríguez Pimentel como a cualquier otro ciudadano es el único recurso legal a que puede apelar, con más razón en el caso de un funcionario público que debe dar ejemplo de ajustar todos sus actos al ordenamiento jurídico.
Amenazar con acciones legales a los anunciantes de El Informe Semanal o de cualquier otro espacio tiene que ser considerado como un grosero e inadmisible intento de chantaje mediático, una vergonzosa, ilegal y peligrosa modalidad de pretender imponer mordazas al libre ejercicio de expresión y de la comunicación social que es consustancial y pilar fundamental de todo sistema democrático.
Penoso en extremo tan burdo intento de un funcionario que pertenece al tren gubernamental de un Presidente que como Leonel Fernández, siempre se ha ufanado de que bajo su gestión la prensa nacional, salvo incidentes contados y aislados, ha podido desenvolverse sin trabas ni coacción y sin dudas, el más flaco servicio que le hace a su imagen por el generalizado, vigoroso y más que merecido rechazo que su infortunada acción recibirá a todos los niveles de los organismos de prensa, nacionales y extranjeros y del pleno social.
Ayer mismo hubo emotivos actos de recordación al heroísmo y martirologio de los expedicionarios de Constanza, Maimón Estero Hondo y el propio mandatario dijo en ese acto que a ellos corresponde también el mérito de la libertad que hoy disfruta el pueblo dominicano. Sin dudas dentro de ese marco, no hay espacio para acciones como la emprendida por el ingeniero Rodríguez Pimentel que son más propias de un tipo de régimen dictatorial como el que se pretendió derrocar el 14 de junio de 1959 que de un sistema democrático.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23.?teledebate(a)hotmail.com?
2010-06-15 15:05:13
