Mario Rivadulla
Miércoles 16,2010
Modestia al margen, pocos comunicadores como quien habla, le ha dado tanto seguimiento al tema y ha puesto tanta insistencia en el ordenamiento del tránsito vehicular en el país.
Ya desde los primeros años de la década de los setenta, siendo director de Radio Reporte, en La Voz del Trópico y de la edición vespertina del Noticiario Cristal conjuntamente con el periódico El Nacional de Ahora y su director Rafael Molina Morillo propusimos y promovimos la celebración del Primer Seminario Nacional sobre Problemas del Tránsito. Con la participación de las autoridades civiles y militares e instituciones preocupadas por el ya por entonces caótico desplazamiento vehicular y sobre todo, la frecuente ocurrencia de accidentes fatales que los convirtieron en la primera causa de muertes violentas en el país, se acogieron toda una serie de valiosas sugerencias destinadas a hacer realidad el propósito de contar con un sistema de tránsito vehicular mejor organizado, más fluido y seguro.
Lamentablemente, la mayor parte de las propuestas naufragaron y quedaron sin aplicación al enfrentar la realidad de poderosos intereses creados y falta de interés y actitudes populistas por parte de algunas autoridades a las que correspondía su aplicación.
El enorme poder y la influencia de esos intereses quedaron en evidencia más tarde, cuando lograron retrasar por espacio de nada menos que cinco años la discusión de un proyecto de ley de la autoría del diputado Pelegrín Castillo destinado a endurecer las penas para los infractores de la ley de Tránsito Terrestre, principalmente en los casos de exceso de velocidad, violación de la luz roja y responsabilidad por imprudencia en los accidentes vehiculares en que se registraran pérdida de vidas, lesiones graves y discapacidad. Al final, se logró apenas una aprobación mediatizada del proyecto que se diferenciaba bastante de la propuesta original.
En todos estos años hemos sido abanderados de normativas de tránsito que pongan freno al desorden existente, a la violencia vehicular y al irrespeto a la ley. Que penalice severamente con las más fuertes multas y suspensión de la licencia y aún retiro definitivo de la misma en casos de reiterada reincidencia, el exceso de velocidad, la violación de la luz roja, el conducir pasado de tragos o bajo los efectos de drogas alucinógenas, hablar por celular mientas se conduce, andar sin el cinturón de seguridad o sin matrícula y licencia entre otras faltas, y aún prisión en los más graves de imprudencia temeraria con resultados fatales.
Obvio que en el caso de los motoconchistas y motoristas en general, que aparecen involucrados en el mayor porcentaje de accidentes de tránsito y ocurrencias mortales, no debe haber excepciones ni en cuanto al uso del casco en su propio beneficio, la documentación en regla y el cumplimiento estricto de la ley. Acciones de las autoridades encaminadas en esa dirección tendrán siempre nuestro respaldo. Pero no la violencia policial. No los macanazos. No los atropellos. No la violación de sus derechos y el respeto a su integridad física.
Las fílmicas que se han estado pasando de lo ocurrido en el enfrentamiento entre la Policía y los motoristas que protestan por considerarse víctimas de persecución arbitraria, muestran el penoso espectáculo de un oficial policial repartiendo macanazos a más y mejor en forma indiscriminada e injustificada a personas que ya inclusive estaban sujetas por agentes uniformados. Si ése es el ejemplo que da un superior, hay que suponer entonces el mensaje orden que está enviando a sus subordinados. Esa no es la forma de llevar a los motoconchistas y motoristas ni a nadie a cumplir con la ley. Por el contrario, los efectos que se logran son contraproducentes. Generan resentimiento, rebeldía, ansia de revancha y tienen un costo político adverso.
El hecho que comentamos no puede pasar desapercibido y sin sanción. El autor del atropello, del cual hay sobrada evidencia, tiene que ser juzgado y advertido de que la autoridad de que está investido no es para abusar de los ciudadanos sino que por el contrario, como representante de la ley es el primero en estar obligado a respetarla.
Que motoconchistas y motoristas entiendan que para transitar por las vías públicas están obligados a cumplir con las normas que regulan el tráfico vehicular. Y en lograrlo que las autoridades procedan con firmeza pero sin incurrir en atropellos, abusos ni inconductas que siempre serán objeto de nuestro más enérgico rechazo y condenación.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. teledebate@hotmail.com
2010-06-17 17:06:16
