Mario Rivadulla
Lunes 20,09,10
Sería causa de conmoción si no fuese porque ya aquí hace rato que hemos perdido la capacidad de asombro, la revelación que hace el Presidente del Colegio Dominicano de Abogados de que hay unas tres mil personas ejerciendo la profesión de manera ilegal. De hecho, a nadie parece haberle quitado el sueño la información dada la ausencia de eco registrado por la misma, salvo por el acerado comentario sobre el tema que hace en su columna de hoy en Diario Libre, su talentosa e incisiva subdirectora Inés Aizpún. Ni siquiera en los ámbitos judiciales ha cobrado la menor resonancia pese a su gravedad y las consecuencias que parece involucrar, tanto en expedientes ya juzgados en los tribunales como en otros que pudieran encontrarse en proceso.
Es de suponer que la cifra que menciona el timonel del gremio que agrupa a los letrados ha sido calculada al ojo por ciento, como es costumbre en el país. O en todo caso, que prefirió escoger una cifra redonda. Pero también se supone que cuando hace una denuncia de la naturaleza que comentamos es porque dispone de suficiente información, aunque sea con cifras en bruto, pero con pelos y señales. Lo contrario, sería incurrir en una imperdonable falta de responsabilidad.
¿En qué puede consistir el ejercicio ilegal de la profesión? Las causas pudieran ser varias. Que no son graduados de ninguna Escuela de Derecho y por tanto, que son un auténtico fraude e incurren en delito de intrusismo profesional. Que no disponen del exequátur, requisito indispensable para intervenir en los tribunales. O que no se encuentran colegiados y por tanto no poseen el carnet de tales, que también resulta obligatorio para ejercer la abogacía. O que se han provisto de un carnet falso y ejercen al amparo del mismo. En cualquiera de los casos, o bajo otra circunstancia cualquiera a las mencionadas, se estaría haciendo burla de la ley, de los tribunales, del Colegio de Abogados y de la profesión y tomándole el pelo y estafando a sus representados que seguramente ignoran esa situación. Se estaría, en fin, incurriendo en una ilegalidad pasible de ser puesta en conocimiento de la Justicia, juzgada y sancionada con las penas que sean procedentes.
La gran interrogante es ¿por qué si el Presidente del Colegio Dominicano de Abogados dispone de información que le permite suscribir un señalamiento tan grave como la que acaba de hacer, no procede haciendo de inmediato los sometimientos de rigor en vez de limitarse y contentarse con una simple denuncia mediática? ¿Es acaso en los medios de comunicación que se juzga lo que a todas luces es un delito o es en los tribunales donde debe ser debatido y sancionado? En todo caso, si hay tanto afán de hacerlo público ¿por qué no dar a conocer los nombres de quienes estarían ejerciendo ilegalmente como abogados para conocimiento general?
Si de algo se ha abusado en el país, entre otras tantas cosas, es de las denuncias lanzadas al vuelo. De ese amagar y no dar. De dar la seña pero jamás el santo. De levantar sospechas y generar suspicacias sin jamás despejar las incógnitas y clarificar y definir situaciones.
Si el señalamiento del Presidente del Colegio de Abogados tiene real sustentación, lo único que procede es someter a los infractores a los tribunales y dar a conocer la lista de quienes sin estar autorizados para ello, estarían ejerciendo como letrados.
No hacerlo así, más que sembrar nuevas inquietudes donde ya no hay espacio para más, simple afán protagónico y una penosa pérdida de tiempo.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. teledebate@hotmail.com
2010-09-21 13:15:06
