Por Patricia Arache
Pocos han debido sorprenderse del desparpajo y hasta cierto punto el descaro con el que una parte de la oposición política y otra de la que se auto presenta como sociedad civil, aunque no esconde las formas y se exhibe en su esencia partidaria, ha reaccionado al discurso de rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento del mandato constitucional y en el marco del 167 aniversario de la Independencia Nacional.
Era previsible que anclados, como se encuentran, en el proceloso mar de sus fracasos, de sus debilidades y de sus resentimientos políticos y sociales, preelaboraran las respuestas a la intervención del mandatario. Y hemos vuelto a escuchar exactamente las mismas frases repetidas una y otra vez cada vez que el Gobernante se dirige a la nación, independientemente del motivo, las circunstancias y el propósito.
«No satisfizo las expectativas». «Dijo lo mismo». «Se quedó corto». «No dio respuesta a los principales males». «Habló bonito». «No lo escuché» (jajá, jajá, jajá). A estas expresiones requete-añejas, se suman las que ahora, sin lugar a dudas, verdaderamente centran la atención de esos mismos sectores. Son las que tienen que ver con la supuesta pretensión del presidente Fernández de presentarse nuevamente como candidato presidencial, en las elecciones del próximo año 2012.
Esa posibilidad le quita tanto el sueño a esos sectores que, sin pruritos y previo al 27 de Febrero, desarrollaron una intensa y sistemática campaña mediática, con miras a obligar al Jefe del Estado a incluir en sus memorias el tema de la reelección presidencial, lo que hubiera estado en total divorcio con los preceptos que establece la Constitución de la República vigente, proclamada el 26 de enero del año 2010, en materia de lo que debe hacer el Gobernante ante la Asamblea Nacional.
Los artículos 114 y 128 de la Carta Magna establecen en forma clara, puntual y específica los temas que debe abordar el mandatario, no importa quien sea, ante las cámaras legislativas, en función de Asamblea Nacional:
«Es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f, de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso».
Es exactamente lo que hizo el doctor Fernández el pasado domingo, 27 de febrero. Ni más ni menos. Puso de manifiesto el desempeño económico que ha tenido el país, en los últimos 50 años, tras la decapitación de la dictadura de Trujillo; hizo énfasis en las ejecutorias de sus administraciones; y particularmente en las realizaciones del 2010, en materia económica, social y de desarrollo estructural e institucional del país. ¿Es malo eso?
Nadie puede dudar del compromiso institucional y constitucional del presidente Fernández frente a su nación, a la que ha encaminado por senderos de confianza, bienestar, prosperidad y credibilidad.
Los números son fríos, es verdad, pero representan una realidad que se construye en el día a día y paso a paso, expuesta ante la vista y la vivencia de todos. ¿Por qué objetarlos para rechazar lo que no se considera bueno y utilizarlos para poner en evidencia lo que se presume malo?
Definitivamente, República Dominicana tiene grandes retos y desafíos, muchos de ellos reconocidos y expuestos por el presidente Fernández en sus memorias 2010, otros provocados por factores externos insondables, pero también está sembrada de realidades locales y extranjeras que, expresadas o no en números, constituyen la mejor demostración de que caminamos hacia el progreso y el desarrollo.
Para algunos políticos y ?representantes de la sociedad civil? que no ondean las banderas partidarias, pero desarrollan fallidas estrategias y siguen los lineamientos de organizaciones no siempre exitosas en sus intentos por controlar el Poder, resulta cuesta arriba admitir los cambios en el país.
Pero para los más de dos millones de personas que reciben el beneficio de la seguridad social, las casi cinco millones que perciben la mejoría en el servicio de agua potable; para los que sienten la confianza, la protección y la seguridad de una política sanitaria efectiva y funcional y para aquellos que ?desheredados de la fortuna- constituyen la gran plantilla de la Política Social del Gobierno, a través del Programa Solidaridad, los números sí cuentan. Y mucho.
Patricia Arache
Febrero 2011, 28.-
2011-03-01 04:47:02
