Antonio Cruz Rojas (archivo)
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana, (CONACERD), solicitó a la directora general de Ética e Integridad y Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, Doctora Milagros Ortiz Bosch, ser más enérgica con los Funcionarios públicos en materia de la aplicación de la ley General de Libre Acceso a la Información Pública Número 200-04.
El Licenciado Antonio Cruz Rojas, presidente de (CONACERD), dijo que la Doctora Ortiz Bosch en su condición de Asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, está en el deber instruir a todos los Ministerios del Estado a respaldar las iniciativas de Transparencia y Anticorrupción exhibidas por el Presidente de la Republica, Licenciado Luis Rodolfo Abanader Corona.
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, establece que el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus Instituciones. Citó que también, en su artículo 3, la Constitución de la República establece, que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes las hayan adoptados; también en su artículo 8, la Constitución establece que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona.»
El Presidente de CONACERD, Cruz Rojas, señaló que la Doctora Ortiz Bosch, en su condición de asesora de Ética, Transparencia y Anticorrupción del Poder Ejecutivo, debe incluir en su agenda de trabajo, solicitar a todos los Ministerios Públicos la puesta en funcionamiento de sus oficinas de libre acceso a la información, según la ley 200-04; pues no hemos logrado obtener estadísticas que digan cuántas oficinas están listas y cuántas no.
Refirió que CONACERD, recientemente puso en marcha el Código de Ética de la Institución, el cual contempla nuestros valores en transparencia, equidad y justica. De igual modo dijo puso en marcha el seguimiento permanente para que se cumpla y se haga cumplir el contenido de la ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04, en beneficio de la población.
Según Cruz Rojas, desde la dirección de Ética de CONACERD, hemos realizado una investigación exhaustiva sobre la ley de referencia, la cual en su artículo 30 estipula las Sanciones Penales y Administrativas, Impedimento u Obstrucción del Acceso a la Información.
Recordó la Ley establece que el funcionario Público o agente responsable que en forma abierta denegase, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
El Licenciado Cruz Rojas exhortó a todos los dirigentes del Empresariado, de Federaciones, Asociaciones comerciales y aquellos que dirigen Asociaciones sin fines de Lucro, poner en marcha el seguimiento a la aplicación de la ley, 200-04, a fin de crear el respeto ante los funcionarios públicos, cuando una organización o Institución con capacidad y calidad les solicite una información de interés para las personas o entidades.
Lic. Antonio Cruz Rojas
Por el Comité Ejecutivo Nacional. .
