Por Héctor Tineo Nolasco
Diariodominicano.com
SANTO DOMINGO, el 10 de agosto de 1994, fue firmado el Pacto por la Democracia en el cual el presidente Joaquín Balaguer, líder del Partido Reformista Social Cristiano, y el doctor José Francisco Peña Gómez, líder y ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados, acordaron reducir el período presidencial de Balaguer a dos años, celebrar nuevas elecciones presidenciales, lo que se establecería en la reforma constitucional de 1994.
Aun cuando la JCE declaró ganador de los comicios al doctor Balaguer, Peña Gómez exigía anular las votaciones del 16 de mayo de 1994 y celebrar nuevas elecciones. Sostenía que se produjo “un colosal fraude electoral” con múltiples irregularidades que incluyeron el cambio de mesas de votación, sin información previa, a miles de militantes y simpatizantes del PRD.
Tras ser declarado perdedor de las elecciones por la JCE, inició una campaña de denuncias en el exterior y en el país sometió recursos de impugnación ante la Junta Central Electoral, contra los resultados dados como oficiales. Peña Gómez en ese momento ostentaba el cargo de Vicepresidente de la Internacional Socialista, que apoyó su campaña de denuncias.
Balaguer en contraposición, defendía la idea de que ganó las elecciones de manera limpia. Sin embargo, Peña Gómez advertía no permitiría que le arrebataran el triunfo y aprovechó sus buenas relaciones internacionales, y su posición en la IS para llevar sus argumentos hasta las más altas instancias en el país y el exterior.
El día de las elecciones del 16 de Mayo de 1994, en el país se vivía un ambiente de atención al proceso, pero luego del cierre de los colegios electorales tomó su espacio el nerviosismo, pues los boletines de resultados fueron retrasados, lo que dio argumento al doctor Peña Gómez para denunciar que se había consumado un nuevo fraude electoral, del que responsabilizaba al presidente Balaguer.
El 18 de mayo de 1994, el embajador John Graham, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a la Junta Central Electoral, la adopción de las medidas necesarias, dentro del marco de las normas legales, para resolver la situación creada por el dislocamiento del listado de votantes en las mesas electorales. El criterio también fue compartido por el observador Stephen Solarz, del Instituto Nacional Democrático (IND).
Medios estadounidenses dicen hubo fraude
Las posiciones de denuncias y cuestionamientos al proceso, se difundieron en medios de comunicación del país y del exterior, incluidos de Estados Unidos. Por ejemplo, los diarios The New York Times y The Washington Post, resaltaron en sus ediciones que en las elecciones de República Dominicana se cometió un fraude.
También se difundió la información, dos días después de que la JCE declarara a Balaguer ganador, que dio cuenta de que Estados Unidos decidió reducir sus vínculos y cooperación con República Dominicana.
El 12 de julio de 1994 una Comisión de Verificación designada para ver el desarrollo del proceso y conocer las denuncias, al concluir sus labores informó que ciertamente se produjeron serias irregularidades que alteraron la voluntad de los votantes. Los comisionados fueron Julio Brea Franco, Adalberto Maldonado, Francisco Olivo, Radhamés Mejía y Rafael Toribio.
El 2 de agosto de 1994, la Junta Central Electoral dio los resultados finales de los comicios celebrados el 16 de mayo de 1994, tras un proceso de impugnación que mantuvo el PRD, liderado por Peña Gómez, quien acusaba al presidente Balaguer de consumar un colosal fraude electoral.
Según el último boletín de la JCE, Balaguer ganó con una ventaja de 22,281 votos con respecto a su rival Peña Gómez del PRD. Indica que el PRSC y aliados obtuvieron un millón 275,460 votos; el PRD y aliados un millón 253,179; el PLD y aliados 395 mil 653; el Partido Revolucionario Independiente (PRI) 68 mil 910 y el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) 22 mil 548.
En las elecciones votaron tres millones 15 mil 750 electores, de una matrícula del Registro Electoral de tres millones 598 mil 328, de acuerdo a la información dada en el boletín final de la JCE.
El bufete de la Junta Central Electoral en las elecciones generales de 1994 lo integraron Manuel García Lizardo, presidente, y Luis Nelson Pantaleón González, suplente del presidente. Y en calidad de miembros: Pompilio Bonilla Cuevas, Fulgencio Robles López, José Henríquez Almánzar y Leonardo Matos Berrido. Amable Díaz Castillo fue el secretario.
Tras crisis el Pacto por la Democracia
La difusión del último boletín de la JCE agudizó la crisis postelectoral, el PRD, y grupos de oposición, anunciaron paros y movilizaciones en protesta. Desde el Gobierno las autoridades advirtieron que mantendrían el orden público.
Sin embargo, luego el presidente Balaguer se reunió con el ex candidato presidencial Peña Gómez en procura a una salida a la crisis, para lo cual contaron con la mediación del embajador de la OEA, John Graham, y de la Iglesia Católica, representada por monseñor Agripino Núñez Collado.
En las discusiones el presidente Balaguer había propuesto la firma de un Pacto por la Democracia en el que reduciría su mandato a dos años para luego entregar el Gobierno al candidato presidencial y líder del PRD, Peña Gómez, quien rechazó la propuesta.
Como consecuencia de la posición de Peña Gómez, en principios el presidente Balaguer acordó reducir su período de Gobierno a 18 meses y celebrar elecciones presidenciales el 16 de noviembre de 1995, pero al consumar el compromiso fue suscrito un Pacto por la Democracia diferente al que habrían tratado antes Balaguer y Peña Gómez.
El acuerdo firmado el 10 de Agosto de 1994
En efecto, el acuerdo fue firmado en la Biblioteca República Dominicana, el 10 de agosto de 1994, dispone convocar a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución para establecer el 16 de mayo de 1996 como la fecha para celebrar las nuevas elecciones presidenciales, en lugar del 16 de noviembre de 1995, como se había tratado, con lo cual se separaban los días de los comicios municipales y congresuales. Pues a pesar del “fraude colosal” denunciado por el PRD y aliados, los senadores, diputados y autoridades municipales terminarían el período de cuatro años para el que fueron electos en los comicios de 1994.
En el Pacto por la Democracia se estableció que las próximas elecciones para escoger las autoridades municipales, diputados y senadores serían el 16 de mayo de 1998; prohibir la reelección presidencial en dos períodos consecutivos, y establecer la doble vuelta si ni uno de los candidatos no obtenía más del 50 por ciento de los sufragios.
También se aprobó reformar el Poder Judicial. De esa manera en la reforma se aprobó que los jueces del máximo tribunal de justicia sean escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que se ha aplicado desde 1996.
De igual modo se aprobó aplicar el sistema de votación de asambleas electorales en colegios cerrados. Las mujeres votarían en el horario de 6 a 1 de la tarde y los hombres de 1 a 6 de la tarde.
Según el mediador embajador de la OEA, John Graham, Estados Unidos quería sacar del poder a Joaquín Balaguer
En su libro “La crisis electoral de 1994”, dice que la crisis política haitiana que culminó en la salida del general Raoul Cedrás en octubre de 1994 incidió como elemento clave para que el Gobierno de Estados Unidos permitiera que el presidente Joaquín Balaguer permaneciera en el poder después de propiciar, con el control de la Junta Central Electoral (JCE), unas elecciones “que habían sido robadas por medio de fraude”.
Graham, fue el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), y uno de los principales mediadores del conflicto surgido cuando el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), denunció un fraude en su contra en las votaciones del 16 de mayo de 1994.
Graham anota en su obra testimonios reveladores de Michael F. Skol, secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina y encargado de la crisis haitiana que se produjo a partir de 1991, cuando Cedrás derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide.
Skol contó a Graham que al subsecretario del Departamento de Estado, Strobe Talbot, “le atrajo la táctica de Balaguer de intercambiar apoyo dominicano para tapar la porosa frontera con Haití, logrando así aislar aún más el régimen militar de Cedrás en Puerto Príncipe”. “A cambio de la cooperación dominicana en la frontera, la idea de Talbot era proveer la tácita disposición estadounidense de permitir que Balaguer consolidara su victoria en las manchadas elecciones”, según le dijo Skol.
La política exterior de Estados Unidos hacia República Dominicana en ese momento queda reflejada en los editoriales de The New York Times. El rotativo planteó, el 24 de mayo de 1994, que las sanciones de las Naciones Unidas para restablecer la democracia en Haití sólo podían funcionar si eran fuertes y se aplicaban. “(…) Pero mientras el contrabando de gasolina fluya libremente a través de la frontera con la República Dominicana, el embargo de las Naciones Unidas contra Haití sólo existe de nombre”, escribió. Resaltó que: “El Sr. Balaguer parece estar listo para arrebatar tal como hizo después de las cuestionadas últimas elecciones de 1990, y esperar que la controversia desaparezca. No hay duda de que él espera que los Estados Unidos, en su deseo de preservar alguna semblanza de estabilidad en la isla no hará mucho ruido sobre fraude electoral”.
The New York Times había publicado el 20 de mayo un primer editorial para cuestionar la “dudosa” victoria de Balaguer. Señalaba que las elecciones eran vigiladas “muy de cerca” debido a la crisis haitiana. “Los dos países comparten la isla de La Hispaniola y un contrabando que no ha sido impedido al través de la frontera común entre ambos países, ha hecho que el embargo petrolero impuesto por las Naciones Unidas contra el régimen militar ilegítimo de Haití no haya sido efectivo”.
“Cayó en trampa de Balaguer”
Skol, que había sido agregado comercial de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y que llegó a tener contacto directo con Balaguer, relata que el Secretario de Estado de la administración de Bill Clinton estaba “más que apurado” en sus intentos de lograr una salida a la crisis política haitiana. Insiste en que, en ese contexto, para Talbot, la prioridad era Haití y “cayó en la trampa tendida por Balaguer”.
Deja claro que tanto él, como sus colegas estaban desilusionados con la posición de Talbot que buscaba construir la democracia haitiana en detrimento de la dominicana: “Podría decir que la mayoría estábamos mucho más familiarizados que él con la sorprendente capacidad del viejo ciego de salir de una crisis a través de sus encantos y mentiras”.
En ese contexto, Estados Unidos permitió que Balaguer siguiera en el poder. “Nos dieron paso libre (y a Balaguer se le dieron más helicópteros, dinero, etc. Para ´uso de en la frontera´)”, anota Graham que le dijo Skol.
De hecho, el editorial de El Nuevo Diario del 12 de agosto de 1994, recogido por Graham, puede ser una referencia a la determinación de la voluntad de Estados Unidos en la crisis: “Primero, la coyuntura nos obligó a mover a más de la mitad de nuestro Ejército hacia la frontera con Haití. Y el Presidente terminó firmando un acuerdo que permite la presencia militar norteamericana en la vigilancia de la línea fronteriza”, dice.
La administración Clinton estaba consciente del fraude
Skol encabezó la misión de Estados Unidos que se reunió con Balaguer, a quien dejó claro que la administración Clinton estaba consciente del fraude que se había cometido en los comicios de 1994, y que fue detallado en un informe interno de Jorge Tirado, un experto en cómputos puertorriqueño de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES). “De manera confidencial, Jorge Tirado le había informado al Departamento de Estado que sí hubo fraude”, apunta Graham, a quien Skol planteó que “también creo que habíamos sabido que estas manipulaciones habían sido de alguna forma logradas utilizando una computadora propiedad de la empresa automovilística de Jacinto Peynado”.
Peynado era senador y compañero de boleta de Balaguer en las elecciones que generaron la crisis y llevaron a la firma, el 10 de agosto de 1994, del “Pacto por la Democracia” que obligaba a celebrar votaciones en 18 meses y al final acortó en dos años el período presidencial y desencadenó en una reforma a la Constitución.
Graham pone en evidencia una etapa en que los observadores se sintieron espiados y bajo amenaza. Su misión coincidió con un equipo de la IFES, dirigido por Charles Manatt, posterior embajador de Estados Unidos, en el país. También, con otra del Instituto Demócrata Nacional (NDI) y una del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), de Costa Rica.
Los problemas que detectaron los observadores
Entre los problemas que detectaron los observadores tres meses antes de las votaciones figura la resistencia de los miembros de la JCE, en su mayoría del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) frente al papel desempeñado por los observadores. Graham afirma que descubrieron que “(…) a pesar de que las leyes requerían que el número de votantes no excediera cuatrocientas personas por centro de votación (se podían permitir hasta seiscientas personas en casos especiales), algunos de estos tenían registrados más de mil votantes. Otros, sin embargo, sólo tenían un votante en su lista”.
Resalta que Armando García, Director del Centro de Cómputos de la JCE, “no podía explicar cómo habían ocurrido esas anomalías”. Explica que 11 días antes del 16 de mayo “ni los consultores ni la oposición tenían acceso al Centro de Cómputos”.
El español Vicente Martín, consultor del IFES, que asesoraba al Centro de Cómputos de la JCE, descubrió que sus consejos no eran bien recibidos, apunta Graham. “Martín era un experto en el área de informática, sus recomendaciones eran claves y, sin embargo, Matos Berrido dio instrucciones para que se le excluyera de la mayoría de reuniones celebradas con los consultores”.
Un memorándum de Manuel García Lizardo, fechado el 4 de mayo, prohibió la entrada de los consultores externos al Centro de Cómputos. En los días precedentes, “Martín reportó que había recibido amenazas de muerte anónimas. Para garantizar su seguridad el IFES lo sacó del país”, afirma Graham. “La uruguaya Carina Perelló, consultora del IFES, también reportó que había recibido amenazas” y que, incluso, el embajador de Estados Unidos, Roberto Pastorino, le advirtió en un restaurant en el que almorzaba que dos conocidos “maleantes” la esperaban fuera para atacarla.
Relata que el 16 de mayo parte del fraude se empezó a concretar con votantes cuyos nombres no aparecían en las mesas electorales. “Preocupados por la seguridad del equipo, la sede principal del NDI en Washington ordenó salir a todos sus observadores cuarenta y ocho horas después de las elecciones”, afirma Graham, citando testimonios de Pat Merlow y Santiago Canton, del NDI.
Balaguer con Peña Gómez
Graham cuenta que el 9 de agosto a las siete de la noche, Balaguer convocó a una reunión con Peña Gómez en la Biblioteca Nacional. El líder del PRD pidió al Presidente que permitiera la entrada de Hatuey de Camps Jiménez, quien leyó un documento en el que planteaba la posición de su partido por un “todo o nada”.
Durante la reunión, los ánimos de Peña Gómez se caldearon y el Presidente tomó la palabra: “Hablando muy lentamente, en su tono normal y ligeramente tembloroso, le preguntó: ¿Por qué no compartimos el pastel?” Peña respondió ¿Qué significa eso? ” El Presidente hizo una pausa y dijo: “Yo dos años, y usted dos años”.
