Mario Rivadulla
Las feministas de Santiago están con el grito al cielo. También lo está la joven y diligente fiscal Jenny Berenice Reynoso. Encabezadas por la incansable activista Suzi Pola visitaron en nutrida comisión el despacho de esta última. La razón: solicitarle que rechace de plano el fallo del magistrado Gabriel Marchena Adames, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, quien otorgó libertad preventiva a cambio de una garantía económica a Pedro Luis Báez Sánchez, confeso de haber dado muerte de una puñalada a Gleiry María Muñoz Báez, a menos de setenta y dos horas del sangriento suceso.
De acuerdo al relato que in extenso publica El Caribe en su edición de este día, el trágico evento tuvo como escenario la habitación de un motel de la Ciudad Corazón. Como elemento agravante, el hecho de que la habitación contigua estaba ocupada por los 3 hijos de la víctima.
Lo insólito de esta decisión es el considerando en que el juez basó su dispositivo. Siempre en base a la información servida por El Caribe, en párrafo entrecomillado, o sea que es reproducción exacta de su original, expresa «que solo en caso grave amerita prisión preventiva». Más claro: para este juez, un feminicidio no constituye una razón lo suficientemente grave para dictar la prisión preventiva. Y uno se pregunta ¿acaso hay delito mayor y razón más válida para imponer la prisión como medida de coerción que quitar la vida a un ser humano?
Usted puede quedar cesante de un empleo y encontrar otro. Perder un vehículo y llegar a tener otro. Que un huracán le lleve su casa y comprar o construir otra. Ser poseedor de una fortuna, ver cómo se disipa por un mal negocio o un golpe de suerte adverso y sin embargo, recuperarla de nuevo. Pero si pierde la vida, lo pierde todo. No hay pérdida más absoluta e irreparable, ni crimen mayor que privar a otro ser humano de la existencia. Alegar que no es un caso grave que amerite prisión, representa una auténtica y repugnante vileza.
En este caso, las quejosas, quienes reclaman la cesación de este juez al igual que la fiscal Reynoso, expresan que éste ha sido recurrente en dictar fallos de esta naturaleza, complacientes y sospechosos en tanto no se demuestre lo contrario, lo mismo en casos de feminicidios como de narcotráfico. Pese a estos antecedentes negativos y las constantes quejas en su contra, que motivaron su traslado de Santiago a Mao y viceversa, su actual posición constituye un premio a juicio de la fiscal, quien de manera tajante ha expresado que no acatará el fallo del juez.
Para mayor agravio, cuando las damas se personaron en el Segundo Tribunal Colegiado donde ejerce Marchena y le cuestionaron su decisión, el presidente de la sala, en un gesto de insólita e insolente arrogancia, rompió un documento entregado por las mismas donde dejaban constancia de su repudio al fallo emitido.
La gran cantidad de feminicidios y los muchos casos de violencia intrafamiliar que se registran en el país, 900 denuncias de promedio mensual tan solo en Santiago y un número muchísimo mayor en Santo Domingo, son reflejo de una aberrante cultura de imposición y abuso y constituyen uno de los principales males sociales que debemos enfrentar.
Al Poder Judicial le corresponde ser garante de la ley de protección a la mujer y al menor. Fallos vergonzosos como el que comentamos, no contribuyen precisamente a ello y sí al descrédito creciente en que ha caído la judicatura dominicana, después de un alentador repunte en los inicios de la llamada Reforma Judicial que se ha ido degradando y esfumando. Toca a la Suprema Corte,, como cúpula del Tercer Poder del Estado, no permanecer indiferente frente a fallos y actitudes como las expuestas que dejan muy mal parada, cada vez más cuestionada y desacreditada a la Justicia Dominicana.
TELEDEBATE. Telefuturo.Canal 23 teledebate@hotmail.com
Martes 21,06,11
2011-06-23 13:28:10