Mario Rivadulla
Como cabía esperar el Consejo Nacional de Educación que, conforme a la ley, es el organismo rector de la docencia, rechazó los aumentos dispuestos por distintos colegios privados, tanto en sus inscripciones como en las tarifas, que en algunos casos alcanzan el 30 por ciento y que con sobrada justificación originaron una expansiva ola de protestas.
También la resolución del Consejo deja sin efecto otras medidas represivas anunciadas días atrás por la asociación que agrupa varios cientos de planteles de la enseñanza particular. Entre estas figura la de retener las calificaciones de los alumnos cuyos padres no estén al día en el pago de las mensualidades, sin que esto implique por otra parte, que los mismos evadan cumplir con la responsabilidad contraída.
La decisión adoptada por el organismo, al cabo de una laboriosa y discutida sesión que se prolongó por espacio de seis horas y estuvo encabezada por la Ministro de Educación, no peca de inflexible. Por el contrario, deja abierta la puerta para que los colegios que hayan realizado inversiones encaminadas a mejorar las condiciones en que prestan docencia, documenten las mismas. Para ello se les concede un plazo de diez días.
Es con vista a dichos elementos probatorios, que la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio tendrá a su cargo evaluar la procedencia o no de los reajustes tarifarios. De esperar, como lógico, que cualquier alza autorizada esté en armonía con el monto de la inversión y el beneficio real que reporte al proceso de enseñanza de los alumnos.
Creemos que es un planteamiento razonable y que por su parte, la entidad que agrupa a los colegios privados que aumentaron sus tarifas abandone la posición de arrogante intransigencia que asumió en principio, cuando adoptó y avaló con excesiva agresividad verbal las medidas que ahora deja sin efecto la resolución del Consejo Nacional de Educación.
Nadie en su sano juicio puede objetar el hecho de que quienes han invertido sus capitales en instalar un plantel privado de enseñanza, obtenga un margen de beneficio. Pero este tiene que mantenerse dentro de un límite razonable. La educación es un bien de interés social. No puede por tanto, manejarse con el mismo espíritu de lucro que prima en el campo de los demás negocios. Por el contrario, tiene que armonizar la retribución a la inversión realizada con la naturaleza especial de la actividad que lleva a cabo.
Nada más indicado por lo tanto, que justificar y conciliar cualquier reajuste de sus tarifas con su estructura de costos y constancia de nuevas inversiones, en lugar de los aumentos automáticos que se aplican de año en año y constituyen un auténtico quebradero de cabeza para muchos padres de familia, quienes hacen un gran sacrificio al tratar de proveer a sus hijos de un nivel de educación que consideran superior a la del sistema público y así resulta, aunque quizás en muchos casos, no en la medida que se supone y cabe esperar.
De otra parte, durante la reunión del Consejo se creó una comisión encargada de revisar la ley que categoriza los planteles de enseñanza privada a los fines de ajustar sus respectivas tarifas a la calidad de enseñanza que dispensen. Aprobada y promulgada desde el año 2000, es ahora que gracias a la licenciada Josefina Pichardo es rescatada del olvido para intentar instrumentar su aplicación.
Un esfuerzo por poner orden donde hay tanto desorden a través de ese marco legal, a partir del cual, si existe verdadera voluntad política, es posible que su real vigencia constituya un paso efectivo para resolver con criterio de equidad el debatido y recurrente tema de las tarifas escolares en la enseñanza privada, conjugando en cada caso, sus verdaderos costos y razonables beneficios con la calidad de la misma.
TELEDEBATE. Telefuturo, canal 23. «teledebate@hotmail.com»
2011-07-09 05:34:07
