Mario Rivadulla
No son de estreno los reproches a alegados fallos complacientes o cuestionables por parte de algunos jueces que otorgan libertad, cuando no exoneran, a elementos acusados de graves actos de corrupción, tráfico de drogas tanto en grande como en escala barrial y todo tipo de delitos y hechos de sangre asociados al crimen organizado.
Precisamente el pasado viernes, el Presidente Leonel Fernández se refirió al tema al pronunciar la conferencia inaugural de un seminario internacional sobre seguridad efectuado en el país, señalando que el noventa por ciento de los casos de narcotráfico y el crimen organizado quedaban impunes.
Basado en esas manifestaciones del mandatario, el doctor Hotoniel Bonilla, director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, reiteró la denuncia que ya había aireado semanas atrás, al afirmar que la Justicia en el país solo sanciona a los pobres, en tanto corruptos del presente y pasadas administraciones y elementos poderosos utilizan recursos e influencias para escapar sin sanción a sus delitos.
Pero ninguna acusación tan conduntente como la que acaba de hacer el general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la extensa entrevista que publica en su edición de hoy el matutino El Caribe. El alto oficial bajo cuya gestión se han desmantelado importantes bandas ligadas al narcotráfico internacional y se han decomisado grandes cantidades de drogas, ha mencionado varios recientes casos específicos con pelos y señales en que, inexplicables fallos judiciales, han concedido la libertad a peligrosos elementos vinculados al comercio de estupefacientes.
Uno de ellos corresponde a un sujeto conocido como La Melaza a quien conjuntamente con su madre, la Policía ocupó una gran cantidad de drogas en su domicilio, en el municipio de Salcedo. El juez que conoció el caso, sin embargo, dispuso su libertad porque el apresamiento no se había producido con la presencia de un magistrado fiscal. Rosado Mateo considera que el magistrado ignoró el artículo 224 del propio Código Procesal Penal que faculta a las autoridades a realizar la detención inmediata cuando se está en presencia de un flagrante delito.
Otro, éste en Samaná, donde la juez actuante si bien admite de manera expresa el riesgo de fuga del país de Nadim Bezi, implicado en una poderosa red desmantelada en abril pasado, dispuso de manera contradictoria la libertad del mismo.
Pero más escandaloso, entre los ejemplos ofrecidos por el presidente de Control de Drogas, es lo ocurrido con el narcotraficante colombiano Juan Reinaldo Ramírez Rondón, detenido en el 2008 con 450 kilos de cocaína, quien pese a haber sido condenado a veinte años de prisión, fue liberado posteriormente por un juez. Ramírez Rondón siguió dedicado a la misma actividad criminal y aún cuando en el 2010 fue apresado por nueva vez, en esta ocasión, con 100 kilos de la droga fue beneficiado con otro fallo judicial que le varió la medida de coerción eximiéndolo de ir a prisión, por lo sigue gozando de libertad y más que posiblemente traficando amparado en tan inexplicables márgenes de impunidad.
Son muchos otros los casos de fallos difíciles de digerir que se conocen, divulgan y comentamos a diario, que causa frustración a las autoridades empeñadas en hacer su trabajo tanto como proyectan en la ciudadanía una atmósfera de inseguridad e indefensión y la idea de que la Justicia no está haciendo su trabajo.
El clima de inseguridad ciudadana no puede medirse al presente con simples datos aritméticos que no reflejan la gravedad de los crímenes que tienen lugar. La naturaleza de éstos es muy distinta a la de veinte años atrás cuando un delito horrendo era un hecho aislado, como hoy cuando su frecuencia diaria forma parte trágica de nuestra cotidianidad. Ni habían carteles de la droga. Ni el narco y el consumo estaban enquistados en el tejido social. Ni estaba presente el crimen organizado y la palabra sicariato era extraña a los medios de comunicación.
Enfrentar esa situación, tratar de ponerle freno, colocarla en retirada, elevar los estándares de seguridad y llevar nuevamente el sosiego al ánimo ciudadano es una tarea compleja, que requiere de una estrategia integral y una maquinaria donde todas las piezas tienen que ajustar y funcionar en sintonía. Y la Justicia es la pieza fundamental que constituye la culminación de ese proceso de rescate de la paz ciudadana, un papel que a juicio de la gran mayoría dista mucho de estar desempeñando.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. «teledebate@hotmail.com»
EL TIRO RAPIDO DEL MIERCOLES
Mario Rivadulla
20,07,11
2011-07-21 13:05:41
