La denuncia es mucho más grave de lo que pudiera parecer en principio y de la escasa divulgación que ha tenido.
Este fin de semana, el matutino Hoy recogió unas declaraciones del Abogado del Estado, doctor Fermín Casilla, revelando que bandas poderosas, apoyadas por militares y policías, ocupan terrenos, los urbanizan y luego exigen servicios públicos.
El doctor Casillas es una figura de bajo perfil mediático, pese a la importante misión que tiene confiada. En estos días, sin embargo, le ha tocado desempeñar un papel mucho más protagónico que habitualmente, debido a los sucesos que tuvieron lugar con motivo del desalojo de terrenos de Brisas del Este, ocupados por el gremio choferil FENATRANO donde levantó varias edificaciones, incluyendo un almacén de combustible asi como por sesenta o setenta pobladores viviendas.
El alegato bajo el cual se ocuparon los citados terrenos y se resistió el desalojo por vía pacífica en ocasión previa, es que fueron adquiridos en negociación con su alegada propietaria, pese a los mismos haber sido declarados de utilidad pública por 3 presidentes sucesivos: Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Posteriormente, uno de los abogados de la alegada propietaria aclaró que la operación, hecha el primero de septiembre pasado con la finalidad de tratar de legalizar una situación irregular que data de cinco años atrás, no era de venta definitiva sino de simple intención de compra. Pero además, que los terrenos ocupados por FENATRANO y los invasores no eran los mismos que cubría la mencionada operación por ser lor primeros de propiedad estatal.
Increíblemente al máximo dirigente del mencionado agresivo y altamente conflictivo gremio, el más belicoso de los varios en que se divide el sector de transporte público, inventor de los llamados «paros sorpresa», que sin previo aviso paralizan el servicio y dejan a miles de pasajeros varados, al menos un diario le atribuyó haber dicho que tiene la singular y novedosa teoría de que si alguien construye en un terreno ajeno de propiedad justificada con título, pública o privada, el invasor debe ser indemnizado.
Lo peor de todo es que según el doctor Casillas, el citado gremio y su dirigente son reincidentes en este tipo de acciones y al respecto, menciona otros cuatro casos anteriores en que hicieron ocupación ilegal de terrenos públicos. Aunque el Abogado del Estado revela que ese tipo de acciones pudiera conllevar penas de hasta veinte años, ocioso decir que en ninguno de tales casos hubo sanción. Tampoco de seguro la habrá en este último en que se produjo un enfrentamiento que pudo haber tenido peores e irreparables consecuencias: la fuerza pública a base de perdigones y de la acera de enfrente con balas, algunas disparadas dizque por un capitán policial contra sus propios compañeros, dizque ocupante también ilegal, el cual estaría siendo investigado.
Ni ha habido sanción en ninguno de los casos anteriores. Ni la habrá en este caso. Ni posiblemente, en el futuro. Es sólo un ejemplo, un caso de tantos. Tampoco la ha habido en la de muchos otros ocupantes ilegales de terrenos, ya privados, ya de propiedad estatal, con la complicidad de policías y militares como denuncia el Abogado del Estado y también de políticos y civiles poderosos e influyentes. Ni en áreas reservadas y protegidas. Ni en fincas en producción por alegados campesinos sin tierras, cuando la Reforma Agraria posee millones de tareas de tierras ociosas. Ni en los casos de falsificación de títulos inmobiliarios. Ni en el corte ilegal de árboles, ni en la depredación de las márgenes de los ríos. Ni siquiera en los contrabandos, por más voluminosos que sean ni más pruebas que se aporten, como denunció en días recientes el Director General de Aduanas, Ni en los medicamentos ilegales pese a los riesgos que representen para la salud. Ni en los casos de corrupción, tal como admite el propio Director del Departamento de Prevención, Hotoniel Bonilla.
En toda sociedad organizada, se aplican penas a los transgresores de las leyes. La sanción es la que establece la diferencia entre una sociedad y otra. Aquí, lamentablemente, validos de privilegios e influencias o por populismo y costo político son contados los casos en que tal ocurre. Y donde debiera haber sanción, prevalece la impunidad y con ella la reincidencia y la falta de seguridad jurídica tanto para los bienes privados, como para en muchos casos el mismo patrimonio del Estado. Y así no se puede.
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EL TIRO RAPIDO DEL LUNES
Mario Rivadulla
24,10,11
2011-10-26 14:50:35
