Hoy se está celebrando el Día del Poder Judicial y a la vez de reapertura de los tribunales después de tradicional feriado de Navidad y Nuevo Año. Y como en cada ocasión, se efectuó en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia un acto solemne y nutrido con el discurso central a cargo de su Presidente, el magistrado Mariano Germán.
Como hemos señalado en otras ocasiones, el Poder Judicial es la Cenicienta en la distribución de los recursos del Presupuesto Nacional. Pese a su importancia y a ser uno de los tres poderes en que se asienta el Estado, la precariedad de medios con que se desenvuelve puede en ocasiones llegar a extremos angustiosos y le impide desenvolverse con la eficiencia requerida.
Se necesitan más tribunales y mejores condiciones para los existentes.
Jueces, Fiscales, Abogados Públicos y demás miembros de su personal aspiran a recibir salarios que marchen más acorde con sus respectivas responsabilidades.
También la Dirección General de Prisiones y el sistema carcelario requiere de una mayor provisión de fondos.
En fin, son muchos otros los requerimientos de la Justicia Dominicana para que pueda cumplir más cabalmente sus deberes y lo que se espera de ella.
El Poder Judicial ha recibido muchas críticas. Su prestigio ha ido declinando de manera cada vez más significativa, al punto de que al presente es una mínima parte de la ciudadanía la que le otorga su confianza.
Es posible que esa falta de recursos sea responsable de esa situación en gran medida y que una mayor dotación de medios contribuya a hacer más eficiente su trabajo y mejorar su imagen.
Pero hay también un aspecto ético, que poco o nada luce tener relación con la limitación de recursos con que tiene que desenvolverse.
Son muchas las decisiones y las sentencias que emanan de algunos tribunales, en particular en asuntos de gran relevancia sobre todo vinculados al tráfico de drogas, que originan asombro en la ciudadanía y dejan la amarga y negativa impresión de que algo no está marchando bien en el orden moral a lo interno de la Judicatura. Y más aún: que pareciera existir una débil disposición a revisar y explicar los mismos en forma diáfana y a enmendarlos en la medida necesaria.
Muchos de estos dictámenes se explican en razón del actual, cuestionado y en vías de modificación Código Procesal Penal. Ahora bien…¿es así en todos los casos? ¿Es esa legislación una especie de camisa de fuerza que ata la conciencia de los jueces y determina de manera inexorable su poder de decisión? ¿O se trata, si no en todos al menos en muchos casos, de una excusa abusada, una forma de arropar fallos interesados o complacientes?
Cierto que los jueces hablan por sentencia. Pero no lo es menos que las sentencias no son protocolos secretos sino que deben estar abiertas al conocimiento público. Y como tal, que sea una iniciativa que por su propio interés, prestigio e imagen, asuma el Poder Judicial, sobre todo en aquellos casos, que se convierten en piedra de escándalo público.
Abogamos porque la Administración de Justicia reciba los medios que demanda para su normal desenvolvimiento. Pero también porque ella a su vez, muestre disposición y esté en capacidad en cada caso de transparentar el comportamiento y las decisiones de sus integrantes, ajustadas a Derecho al tiempo que en consonancia con la salvaguarda de los intereses de la sociedad.
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2014-01-08 13:34:59
