EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
De seguro, al menos que haya trascendido al público como en esta oportunidad, nunca antes en el seno de los tribunales dominicanos se había producido una situación como la que tuvo lugar durante la audiencia celebrada el pasado viernes en el Cuarto Juzgado de Instrucción, donde se ventilaba la solicitud de archivo definitivo del expediente por corrupción y lavado de activos contra el ex Secretario de Obras Públicas de la pasada administración, ingeniero Víctor Díaz Rúa.
La sala donde se efectuaba la vista sirvió de escenario para dejar escuchar los fuertes reproches y serias acusaciones de la Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, contra la jueza Margarita Cristo Cristo. Pese a que la audiencia era a puertas cerradas, parte de la intervención de la fiscal fue grabada y ha sido reproducida en distintos medios de comunicación.
La licenciada Reynoso reclamó de la magistrada Cristo Cristo abstenerse de seguir conociendo el proceso, al imputarle no solo parcialidad en el presente caso en que aseguró que ya el fallo había sido redactado en el despacho de uno de los abogados de la defensa, sino también actuaciones cuestionables en otros juicios anteriores, entre ellos uno en que dispuso la libertad de un narcotraficante al que le habrían ocupado más de cien kilos de cocaína.
«Su imparcialidad, afirmó, dirigiéndose a la jueza Cristo Cristo, no solo es un espectáculo, su imparcialidad como jueza está seriamente afectada en muchos procesos».
Pero la joven fiscal fue mucho más allá al afirmar que el «sistema de justicia está corrompido», según palabras textuales y que «ella lo ha vivido desde adentro», denunciando que ha estado recibiendo presiones para que archive el expediente acusatorio contra el ex funcionario, bajo amenaza de ser destituida en caso de no acceder a ello.
Las imputaciones, revelaciones y afirmaciones de la fiscal del Distrito Nacional no dan margen a interpretación. Como antes señalamos, han sido divulgadas en su propia voz por distintos medios de opinión y escuchadas por decenas, quizás cientos de miles de personas.
No pueden ser ignoradas por la Justicia, tanto la Procuraduría General de la República que ante su denuncia de estar recibiendo presiones le acaba de brindar todo su apoyo, como por el Consejo del Poder Judicial obligado a disponer una amplia investigación sobre las imputaciones de la Fiscal cuestionando la imparcialidad de la jueza, en este proceso y otros anteriores, la cual obviamente no puede ni deber seguir conociendo del presente caso.
Pero también el eco de este sonado incidente tiene que resonar en los oídos del Gobierno Central. Ha habido muchos cuestionamientos sobre la inoperancia de la Justicia en los casos de corrupción administrativa y la consiguiente impunidad que arropa los mismos. Se trata de una situación de suma gravedad.
El Presidente Danilo Medina ha sido claro, preciso y categórico en cuanto a la honestidad que debe primar en el ejercicio de su gobierno. Y aunque el caso que se ventila se refiere a una gestión ajena a su mandato, la relevancia pública que ha adquirido el mismo y los graves señalamientos hechos por la Fiscal del Distrito, le imponen, aún respetando la independencia de la Administración de Justicia, poner el mayor interés en que resplandezca la verdad.
En cuanto al imputado en este expediente, si realmente no tiene nada que esconder ni reprocharse, debiera ser el primer interesado en que su situación se despeje a la luz de la Justicia como de la opinión pública, bajo el conocido principio de que «quien no la debe, no la teme».
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2014-05-07 12:26:49
