EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Las declaraciones formuladas ayer por el Ministro de Energía y Minería, el ex cinco veces diputado Pelegrín Castillo, quien aún no ha asumido sus nuevas funciones, afirmando que existen riesgos mayores que la minería que afectan la sostenibilidad del medio ambiente ha generado algunas opiniones y dudas respecto a cuál sería su actitud con respecto al controversial caso de Loma Miranda, si a favor de quienes han estado reclamando sea declarada «parque nacional», o inclinándose por el lado de la empresa Falcondo que plantea la posibilidad de extraer el mineral que abriga la misma sin provocar daños ecológicos irreversibles.
Entre esas mayores amenazas, el funcionario mencionó la agricultura de montaña, la tumba y comercio ilegal de leña y carbón, el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos en la agricultura y la extracción de agregados para la construcción de los ríos del país, algunos de los cuales muestran penosas señales de la depredación a que han sido sometidos en tanto otros, inclusive, han desaparecido de la geografía nacional.
Dejamos al margen anticipar, con ánimo especulativo, una opinión respecto a cual sería la disposición que pueda mostrar el flamante nuevo Ministro Loma Miranda, convertida casi en tema nacional sometida a diario debate, entre otras razones, porque siempre la última palabra decisoria le corresponderá al Presidente Danilo Medina.
Ahora bien. Hay un aspecto de las declaraciones externadas por Castillo sobre las que queremos hacer énfasis y que corresponden a un aspecto de suma importancia que ya habíamos abordado oportuna y anteriormente en TELEDEBATE. Se trata de la necesidad de elaborar en forma responsable y previsora, una política minera que sirva de base a una estrategia de explotación de los distintos yacimientos metalíferos con que cuenta el país.
Esa política deberá estar afincada a nuestro juicio, sobre dos pilares fundamentales. El primero, tratar de armonizar el aprovechamiento de esa riqueza no renovable, mediante el uso de la tecnología apropiada sometiendo los trabajos de explotación a celosa auditoría para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente que sí es un tesoro de valor constante. Y el segundo, otorgar las concesiones y contratos en condiciones basados en los más altos intereses nacionales y con el más estricto apego a la seguridad jurídica tanto de los concesionarios como del propio Estado para que luego no tengamos que lamentarnos de haber hecho un mal negocio ni seamos víctimas de costosos reclamos internacionales, como en tantos otros casos anteriores por exceso de ligereza y falta de previsión.
Estimados que se dieron a la luz pública hace un tiempo no muy distante, establecieron el potencial que atesora nuestro suelo en unos 55 mil a 60 mil millones de dólares. Es mucho dinero, como lo es también excesivamente elevada la cantidad de más de cuatro millones de dominicanos que viven en pobreza, de los cuales un número no reducido en condiciones de extrema miseria.
Resultaría un contrasentido no aprovechar en cuanto sea posible y en las condiciones más convenientes, tanto ambientales como económicas, ese inmenso potencial de recursos. Pero no para gastarlos alegremente en políticas populistas ni clientelares sino para impulsar un más amplio desarrollo económico del país, generando una mayor cantidad de nuevos empleos y a su vez, un aumento del consumo y por consiguiente de la producción, única forma efectiva de crear riqueza y combatir la pobreza.
De esperar que sea así.
teledebate@hotmail.com
2014-05-15 05:10:57
