EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Como cabía esperar el Presidente Danilo Medina promulgó de una vez la Ley de Regularización y Naturalización, cuyo proyecto envió a las Cámaras Legislativas la pasada semana y fue aprobada al vapor en ambas. Esto permitirá que unos 22 mil a 24 mil hijos de extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, inscritos en el Registro Civil de manera irregular, puedan ver corregidas las actas correspondientes y acreditar su condición de dominicanos, siempre y cuando la responsabilidad por ese hecho no les sea imputable.
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Ahora bien. Que nadie piense que termina aquí el problema que durante todos estos meses ha convertido al país de blanco de todo género de críticas, en gran medida interesadas, injustas y exageradas. Mucho más grave y complejo es el caso de los más de 200 mil hijos de haitianos ilegales que se alega nacieron en el país pero que no están inscriptos en el Registro Civil. Aunque se encuentra establecido el mecanismo legal para manejar estos casos, ya se están dejando sentir presiones internas y externas para otorgarles la nacionalidad también al vapor.
De hecho, ya la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, NaviPillay, desde Ginebra, lamentó que la ley no incluyera estos casos. O sea que se les otorgara la nacionalidad de manera automática aunque no aparezcan inscritos en el Registro Civil, como es requisito indispensable en todo país medianamente organizado, lo que por desgracia no ocurre en Haití donde más de la mitad de sus nacionales carecen de todo documento de identidad.
El planteamiento de la señora Pillay va acompañado de una advertencia, la de que su oficina se mantendrá «vigilante» de lo que suceda en el futuro, lo que bien pudiera interpretarse como amenaza dado el punto de agresividad a que ha llegado la campaña montada contra el país.
De entrada, reiteramos que siempre hemos sido partidarios y abogado por una solución que armonice el aspecto humano con la necesidad y justo interés del Estado Dominicano de contar con una migración ordenada y ejercer a plenitud sus derechos de soberanía, entre los cuales figura establecer las normas de otorgamiento de la nacionalidad.
No es nuestra intención echar leña al fuego. Pero no podemos pasar por alto tampoco, los torcidas intenciones subyacentes que a todas luces inspiraron la campaña internacional contra el país. ¿De dónde surgió? No hay que profundizar mucho. Basta pasar la vista por el editorial del periódico haitiano Le Nouvelliste, parte del cual reproduce la leída columna de Orlando Gil en el Listín Diario del pasado viernes, que expresa textualmente «fue necesario una campaña emprendida por las autoridades haitianas, por una parte, por todos los países deCaricom por otra, para denunciar la decisión discriminatoria de la Corte Constitucional y obligar al gobierno a capitular».
La campaña de seguro entrará ahora en una segunda fase, quizás más agresiva que la anterior, mientras nuestra vulnerable frontera continuará siendo franqueada libremente de manera masiva e ilegal en tanto no seamos capaces de sellarla a cal y canto y permitir solo la entrada controlada de quienes sean autorizados, lo que también es un derecho legítimo que corresponde ejercer a nuestras autoridades sin limitaciones de ningún tipo.
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2014-05-28 04:31:12
