EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha dado instrucciones precisas de que sean investigadas las muertes a manos de la Policía Nacional de los dos alegados participantes en el asesinato de la oficial Mercedes del Carmen Torres Báez, adscripta a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).
Es una decisión correcta. La investigación dispuesta es necesaria y oportuna. El cobardeatentado que costó la vida a la oficial Torres Báez, cuando cumplía con sus funciones, provocó el repudio generalizado de la ciudadanía. Es de suponer con mucha más razón, la indignación provocada entre sus compañeros de la institución de orden público.
Poco tardaron los investigadores en identificar los supuestos autores del atentado. Dos jóvenes, uno adolescente y el otro apenas llegado a la adultez, si bien se le atribuía ya un prontuario policial, entre los que figuraba al menos otra muerte y un perfil de elevada peligrosidad. Se informó también que andaba armado. Y en ambos casos se exhortó a que se presentaran voluntariamente por la vía que consideraran más adecuada.
Al menos en un caso, el del menor Wandy Sánchez, el llamado no cayó en oídos sordos. El alegaba inocencia y se había establecido contacto con la destacada comunicadora Alicia Ortega para su entrega a las autoridades. Quizás incurrió en la imprudencia de no evaluar el riesgo de no hacerlo de inmediato. Y sin que sirva de justificación, tal contribuyó a costarle la vida.
Las circunstancias en que este joven fue prácticamente acribillado a balazos, ya que se reportan alrededor de diez impactos en distintos lugares de su cuerpo, unido a testimonios de testigos y familiares, crean la fuerte sospecha de que fue víctima de una ejecución. Ni siquiera en esta ocasión, se ha apelado al clásico y en gran medida desacreditado «intercambio de disparos». Es evidente que no lo hubo. Y que todos estos vinieron de un solo lado.
Más potable de asimilar quizás, sería la versión oficial sobre la muerte del otro implicado Juan Carlos de la Cruz Adames, si no fuera por el antecedente de la forma en que antes perdió la vida su supuesto cómplice. Al igual que este fue prácticamente cosido a balazos, incluyendo al menos dos impactos en la espalda.
Se entiende que el asesinato de uno de los suyos sobre todo en la forma en que fue ultimada la oficial Torres Báez, crea un fuerte sentimiento de venganza entre sus compañeros. Es lo que llaman el «espíritu de cuerpo». Pero la entidad policial no está para tomar revancha, practicar el ojo por ojo y diente por diente y asumir justicia por propia mano, convertida en tribunal y verdugo.
Hemos sostenido que un policía que en cumplimiento de su deber y en defensa de su vida da muerte a un delincuente armado que le hace frente, no tiene por qué demostrar su inocencia en los tribunales, siempre que no medie circunstancia ni denuncia que haga sospechar de la forma en que se produjo el hecho.
Pero no debe ocurrir igual en casos como el que nos ocupa, donde testimonios y circunstancias se dan de la mano para dar cuerpo a la versión de que se trató de reales ejecuciones. Y bien hace el Procurador General de la República en poner en marcha los mecanismos de investigación para dejar bien esclarecida la forma en que ocurrieron ambos hechos.
Que si a la inmensa mayoría de los ciudadanos les indignó el asesinato de la oficial Báez Torres también repudia que quienes están para hacer cumplir la ley, incurran en acciones totalmente reñidas con la misma, que se equiparan con la de quienes le dieron muerte alevosa a su compañera de uniforme.
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2014-06-03 16:46:09
