EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Durante su campaña electoral, el Presidente Danilo Medina adelantó que una de las líneas maestras de su política económica se cifraba en el fomento de la industria turística. Una vez ya posesionado de la Primera Magistratura y desde entonces lo ha manifestado en varias oportunidades, fijando inclusive la meta a lograr en diez millones de vacacionistas extranjeros por año. Prueba palpable de ese interés es el empeño que ha puesto para hacer resurgir el decaído polo turístico de Puerto Plata.
En el país existen importantes inversiones de capital extranjero y también dominicano en el área turística. Es un flujo de recursos que ha ido en incremento constante. También lo es el de la cantidad de turistas que ha estado viniendo al país y que ha venido registrando un alza sostenida de un año a otro, aún en el difícil período de crisis de la economía mundial registrado en años recientes.
Somos el destino preferido y más competido del Caribe. Poseemos una vasta red de excelentes hoteles, la mayor disponibilidad de habitaciones, con magníficas ofertas tanto bajo la popular modalidad del «todo incluído» como de alto consumo. Por citar tan solo dos casos: Casa de Campo figura en sitio de cabecera en el turismo de golf a nivel mundial y Punta Canta se cuenta entre los diez destinos de mayor atracción.
Ahora bien: un requisito esencial para lograr la meta propuesta es garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas y la seguridad física de los turistas.
Y ocurre que ambas quedan bajo alto riesgo con acciones vandálicas como la ocurrida en el hotel Gran Bahía Príncipe de Nueva Romana, perteneciente a la prestigiosa cadena española Bahía Príncipe, cuando una agresiva turba integrada por decenas de facinerosos provistos de machetes y armas de fuego rompieron la verja de entrada e irrumpieron de manera violenta en el lobby aterrorizando al personal de servicio y a los turistas que se encontraban en el mismo.
El violento asalto no llegó a males mayores ni pudo culminar sus propósitos de chantaje, gracias a la intervención de oficiales de Seguridad Turística, contando con el apoyo policial y de la fiscalía de San Pedro de Macorís que frenaron la atropellante acción.
No es la primera vez que esto ocurre. Pero nunca antes al parecer con la intensidad y virulencia de esta ocasión, amparada en el abusivo expediente de los embargos tramitados en forma irregular.
ASONAHORES, la entidad que agrupa las empresas del sector hotelero y turístico, al denunciar la acción que comentamos apela a la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Consejo del Poder Judicial y la Policía Nacional a fin de adoptar las medidas de lugar para impedir que este tipo de lo que califica de «embargos asaltos» siga produciéndose.
Preservar y hacer crecer la industria turística tiene que ser asumido como un gran reto y compromiso nacional. Si el gobierno quiere dar pasos consistentes hacia la meta que se ha propuesto, tiene que brindarle todo tipo de protección e intervenir para poner el sector a cubierto de estas acciones vandálicas. Lo ocurrido en el hotel Gran Bahía de Nueva Romana no debe quedar impune ni repetirse.
Ya es hora de que se proceda con toda energía para poner freno a estas incursiones gansteriles promovidas por abogados pica pleitos y logreros que reclutan bandas de maleantes y cuentan con la complicidad de agentes policiales y funcionarios judiciales corruptos para la comisión de estos atropellos.
Hay que impedir por todos los medios que hechos punibles de esta naturaleza maten la «gallina de los huevos de oro» que es la industria turística, cuando sobre todo todavía le quedan muchos huevos por poner.
teledebate@hotmail.com
2014-06-05 16:42:31
