EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
De acuerdo a las cifras extraoficiales ofrecidas por el gobierno, quizás un estimado al ojo por ciento, el país invertirá unos mil millones de pesos en la implementación del Plan de Regularización y Naturalización de Extranjeros. Si bien pertenecientes a 119 nacionalidades diferentes, el grueso de esa población inmigrante corresponde en su gran mayoría a nacionales haitianos y sus descendientes. Una gran parte de estos carece de documentos otorgados por su país de origen, lo que torna el proceso más complejo y costoso.
Mil millones de pesos es una suma importante para las finanzas públicas, que arrastran todavía un pesado déficit y sobre la cual convergen los más variados reclamos de obras públicas, inversiones en educación y salud, programas sociales y subsidios de distinta naturaleza. Representa un gran esfuerzo para el país, gracias al cual la ejecución del Plan se está ofreciendo en forma totalmente gratuita.
Y aquí viene la gran paradoja.
Mientras el presupuesto nacional soporta esta fuerte sangría no prevista para implementar la ley sin costo alguno para los beneficiarios, de los cuales reiteramos, la inmensa mayoría proceden del otro lado de la frontera, las autoridades haitianas están contemplando el proceso con un desbordado afán de lucro.
En su edición del pasado sábado, el diario Hoy, primer cuerpo, página 5-A, aparece un reportaje firmado por la periodista Llennis Jiménez sobre las tarifas que cobra la embajada de Haití a sus nacionales cuando van a gestionar un acta de nacimiento o un pasaporte a los fines de acogerse al Plan de Regularización. Los precios son escandalosos: 50 dólares por un acta de nacimiento; 80 dólares por un pasaporte con tiempo de espera de tres meses para recibirlo y 100 dólares en entrega especial…dentro de un mes.
Ni que enfatizar lo que estas abusivas tarifas significan para la inmensa mayoría de los haitianos residentes en el país, que son de muy escasos recursos económicos lo que apenas les permite arrastrar una muy precaria subsistencia.
O sea, lo que para el gobierno dominicano constituye un gran sacrificio económico, para el gobierno haitiano representa un lucrativo negocio que le reportará muchos millones de dólares. Una situación absolutamente inmoral.
No deja de llamar la atención el hecho de que el citado reportaje publicado en uno de los periódicos nacionales de mayor circulación, no haya merecido al parecer la atención de las distintas organizaciones locales y organismos internacionales que han mostrado preocupación y hecho presión a favor de la comunidad haitiana residente en el país.
Lo procedente en este caso es que todas ellas, desde la Oficina local del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional, el Centro Kennedy y el propio CARICOM entre otras hasta las ONGs involucradas, debieran estar gestionando y reclamando del gobierno de Michel Martelly con la misma persistencia que ejercieron sobre nuestras autoridades, para que ofrezca la documentación a sus nacionales en forma gratuita tal como lo está haciendo el gobierno dominicano o al menos, con unas tarifas simbólicas.
Porque esta gran paradoja de que a nosotros nos cueste mientras a ellos enriquece, no pasaría de ser otra expresión de la más perversa hipocresía.
teledebate@hotmail.com
2014-06-10 20:28:43
