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Leonel: proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes además de ser un dislate y un adefesio jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional

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El ex presidente de la República Leonel Fernández ve con preocupación que el proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes. enviado al Congreso Nacional incorpora esos valores y principios que antes, con toda justicia y razón, nos habíamos negado a suscribir porque
resultaban violatorias de nuestra Constitución y de nuestra razón de ser
como ciudadanos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.

Consideró que el gobierno no debió, en ningún momento, someter una pieza legislativa de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefesio jurídico,
constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional.


«La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba
enviando al órgano legislativo nacional, o se subestimó la capacidad de
reacción de la opinión pública nacional».

A continuación Diariodominicano.com copia las declaraciones del doctor Leonel Fernández sobre el proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico de Migrantes:

A los pocos minutos de haberle solicitado en forma pública al presidente
Luis Abinader retirar el infausto proyecto de ley sobre Trata de Personas,
Explotación y Tráfico de Migrantes, que había remitido al Congreso
Nacional, y que con anterioridad lo habían reclamado, en forma airada,
distintos sectores de la vida nacional, el gobierno ha respondido en forma
positiva, indicando que así lo hará.
Nos parece sensato que haya podido reaccionar de esa manera, ante la
cólera popular, pero no por eso merece reconocimiento o elogio alguno.
El gobierno no debió, en ningún momento, someter una pieza legislativa
de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefesio jurídico,
constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional.
La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba
enviando al órgano legislativo nacional, o se subestimó la capacidad de
reacción de la opinión pública nacional.
Lo que hay que comprender es que desde hace algún tiempo la República
Dominicana ha estado siendo objeto de intensas presiones internacionales
para que conceda la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en
nuestro territorio, aun de padres en condiciones migratorias irregulares; y
en caso de no obtemperar, acusarnos de apatridia.
Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetran
nuestro territorio; y más recientemente se nos reclama aceptar en calidad
de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladarla al
nuestro.
Hasta ahora, con gran orgullo, habíamos resistido. Como Estado nacional
no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Migración ni el Pacto Mundial
para Refugiados de Naciones Unidas, porque percibíamos que contenía
algunas cláusulas, que por nuestra condición geopolítica particular, de país
que comparte una misma isla, resultaban perjudiciales al interés nacional.
Tampoco se suscribió la Declaración de Los Ángeles, en el marco de la
última Cumbre de las Américas, por los mismos motivos de que contenía
conceptos y establecía compromisos que nos afectaban de manera
diferente a otros países del hemisferio.

Pero, ahora, lo que hemos visto con preocupación es que el proyecto de
ley enviado al Congreso Nacional incorpora esos valores y principios que
antes, con toda justicia y razón, nos habíamos negado a suscribir porque
resultaban violatorias de nuestra Constitución y de nuestra razón de ser
como ciudadanos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella.
El espíritu de esos instrumentos internacionales se encuentra en el
lenguaje del dispositivo legal enviado al Senado de la República.
¿Cómo aceptar el principio de no devolución, esto es, que las víctimas de
trata de personas o los migrantes ilegales no pueden ser repatriados a sus
países de origen?
¿Cómo incorporarlos a todos los servicios sociales del Estado y permitir
que vengan todos sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio?
¿A quién se le ocurrió la idea de establecer una contribución obligatoria
especial, es decir, una carga tributaria, un impuesto, a cargo de todas las
personas jurídicas y entidades del país, para mantener a todos los que no
quieran retornar a su país?
¿A quién se le ocurre? ¿Cómo ha podido suceder?
Por todo eso, con razón, el pueblo está profundamente indignado.
Me tomé el tiempo para intervenir en este debate. No quise precipitarme
y ser víctima de las emociones. Preferí hacer un examen exhaustivo y
pormenorizado de la situación antes de compartir mis perspectivas y
puntos de vista.
Sin embargo, al igual que el resto de la mayoría del país, siento que lo que
ha ocurrido ha sido grave; y lo explico por una de dos razones.
La primera, por imprevisión y negligencia; y la segunda, por presión
externa.
En cualesquiera de las dos circunstancias, inexcusable.
Afortunadamente, por lo menos, en última instancia, se ha escuchado el
clamor del pueblo: Señor Presidente, retire ese proyecto. Por favor no lo
introduzca de nuevo.